LECTURAS CUATRO DE JULIO 2007.pdf - Insumisos

del 7,06 por ciento con respecto al año anterior. Dentro de los rubros de mayor ingreso
de la compañía resalta la telefonía fija nacional, con el 42 por ciento de los ingresos
generados en el 2005.
Lecciones ¿aprendidas?
Las experiencias privatizadoras de los servicios públicos en El Salvador nos han
ofrecido importantes lecciones. En primer lugar, la lamentable y tibia actuación de los
gobiernos, que se han convertido en defensores de los intereses de las empresas
transnacionales y han dejado a un lado su verdadero papel como defensores del interés
público, particularmente expresado en la defensa de los derechos de los consumidores.
A lo anterior se suma la creación de nuevos marcos legales (Ley General de Electricidad
[2] y Ley de Telecomunicaciones [3]) e institucionales (Ley Orgánica de la
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET [4]) que, en
lugar de fortalecer la actuación del Estado como regulador, han facilitado la libre
operación de las empresas. Así, SIGET es una entidad reguladora que parece velar por
los intereses de las empresas transnacionales y la defensa de las inversiones privadas,
aún a costa de debilitar el rol vigilante del Estado y perder su autonomía e
independencia.
Una muestra del papel poco diligente de la autoridad reguladora la constituyen las
decisiones tomadas a favor de los intereses empresariales. Citamos tres de ellas: la firma
de contratos entre operadores nocivos al consumidor, la demora para realizar reformas a
la Ley General de Electricidad y los sustanciales atrasos que suponen el incumplimiento
de importantes reformas aprobadas en 2003. Estas últimas nacieron como resultado de
una presión social que perseguía lograr beneficios para el interés del país y los usuarios
del servicio. En el caso de la telefonía el Estado también ha tomado decisiones que
afectan a los consumidores, como la firma de un contrato con CTE-Telecom que
aprueba incrementos progresivos de las tarifas o la falta de iniciativa para corregir
irregularidades y reformar la Ley de Telecomunicaciones (algo que no se ha hecho
desde su formulación en 1998).
Por otro lado, tras nueve años de operación de empresas privadas en los sectores de
telefonía y electricidad puede comprobarse la tendencia hacia la concentración tanto del
capital accionario como de los mercados de servicios. En relación al primero se observa
como, por ejemplo, la empresa CTE-Telecom ha concentrado su participación en un
95,2 por ciento. Lo mismo sucede en el caso del mercado de servicios, en el que cuatro
de las cinco empresas distribuidoras de energía eléctrica se encuentran en manos de una
misma transnacional (AES-Corp.). La tercera lección está relacionada con los intereses
de las personas consumidoras, que han sufrido los efectos negativos de la voracidad del
mercado y de la privatización de las empresas estatales por causa de los incrementos en
las tarifas, del deterioro de la calidad de los servicios y de los abusos e irregularidades.
Impacto en la capacidad de consumo
Las tarifas de energía eléctrica y telefonía presentan una tendencia alcista desde su
privatización, generando un fuerte impacto en la economía de las familias salvadoreñas.
En energía eléctrica se han incrementado en un 107 por ciento, pasando de un promedio
de 12,17 en 1997 a 25,13 dólares en 2007 (consumo promedio residencial de 154