LECTURAS CUATRO DE JULIO 2007.pdf - Insumisos

convertirse en exportador sin depender del petróleo. Así, el potencial de generación
geotérmica era de 1.000 MW y de hidroeléctrica de 1.760 MW, datos que contrastan
con la realidad en 2004, con una capacidad real de generación de 742,2 MW. Es decir,
que existieron intereses económicos y una elevada incompetencia política para la
planificación de un sistema energético estable y eficaz.
Siguiendo con el análisis, en el sistema eléctrico nicaragüense el elevado índice de
pérdidas y fugas técnicas en el transporte y la distribución [2] es del 30,4 por ciento en
el 2004. Este índice es el más elevado de la zona si lo comparamos con las pérdidas que
tienen Costa Rica (9,4 por ciento), El Salvador (14,5 por ciento) u Honduras (22,7 por
ciento).
Nicaragua es el último país de la zona en cuanto a índice de electrificación, con un 52,1
por ciento. Es decir, hay más de 2,7 millones de nicaragüenses sin acceso a electricidad
(467.500 hogares) [3]. Este dato nuevamente contrasta con la situación en Costa Rica
(97,9 por ciento), El Salvador (81,4) u Honduras (65,9 por ciento). Por otro lado,
Nicaragua tiene la tarifa eléctrica más elevada de toda la zona: 124,5 dólares el MW/h,
frente a los 73 de Costa Rica o los 96,7 de Honduras.
Desde el verano de 2006, las empresas encargadas de la distribución eléctrica,
propiedad de Unión Fenosa, están siendo incapaces de garantizar el suministro
continuado a la parte de población nicaragüense que tiene acceso al mismo. Los cortes
en agosto de 2006 llegaron a ser de entre cuatro y catorce horas diarias, afectando esto
incluso al suministro de agua potable, además de producir graves impactos en la
economía local. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación al sector eléctrico en
Nicaragua?
Deuda externa y condicionantes
Nicaragua era en la década de los noventa uno de los países más endeudados del mundo.
Su deuda externa total ascendía a 10.745 millones de dólares en 1990, mientras que su
producto nacional bruto era de 988. El servicio de la deuda [4] alcanzó en 1995 el 38,1
por ciento de sus exportaciones, llegando a ser el sexto país del mundo en peor
situación.
En este contexto es fácil visualizar cómo la historia de la deuda externa en Nicaragua y
las privatizaciones van juntas de la mano durante toda la década de los noventa y hasta
la fecha. Para poder avanzar en las iniciativas de alivio de la deuda para países
altamente empobrecidos, actualmente llamadas ESAF I y II [5], los diferentes gobiernos
electos (Chamorro, Alemán y Bolaños) se sometieron a los condicionantes impuestos
por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) en forma de paquetes de políticas
económicas de corte neoliberal. Dichas medidas, denominadas Planes de Ajuste
Estructural, conllevan aplicar políticas regresivas para los sectores más vulnerables al
reducir el gasto público y a su vez aumentar las entradas de capital, vía privatización y
desmantelamiento de las empresas públicas (siguiendo las directrices del Consenso de
Washington).
El gobierno de Chamorro fue el primero en preparar el camino a las privatizaciones al
reformar la ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía con el Decreto Ejecutivo
25/92 de abril de 1992, para permitir la entrada del sector privado. En 1998 el gobierno
de Alemán entra en la ESAF II, en la que, para alcanzar el punto de culminación, uno de
los condicionantes que se van a exigir es que haya una clara estrategia privatizadora.
Ese mismo año, la empresa internacional Price Waterhouse & Coopers finaliza un
estudio encargado por el gobierno en el que se recomienda segmentar la Empresa
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) en siete: dos de distribución, una de transmisión y