Un nuevo Castro, la misma Cuba - Human Rights Watch

I. Resumen ejecutivo
En julio de 2006, Fidel Castro transfirió el control del gobierno cubano a su hermano, Raúl
Castro. Como nuevo jefe de estado, Raúl Castro heredó un sistema de leyes e instituciones
abusivas, además de la responsabilidad por los cientos de presos políticos detenidos
durante el gobierno de su hermano. Raúl Castro no sólo no desarticuló esta maquinaria
represiva, sino que la ha mantenido vigente y plenamente activa. Numerosos presos
políticos detenidos durante el gobierno de Fidel Castro continúan presos padeciendo las
condiciones inhumanas de las prisiones cubanas. Y el gobierno de Raúl Castro ha recurrido
a leyes draconianas y a procesos judiciales que son una farsa para encarcelar a muchas
otras personas que se atrevieron a ejercer sus libertades básicas.
El gobierno de Raúl Castro se ha amparado especialmente en una disposición del Código
Penal de Cuba que permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan
cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta
disposición sobre “peligrosidad” es netamente política y define como “peligrosa” a
cualquier conducta contraria a las normas socialistas. Esta norma, la más orwelliana de
todas las leyes cubanas, capta la esencia de la mentalidad represiva del gobierno cubano,
que percibe a cualquier persona cuyas acciones no concuerden con el gobierno como una
potencial amenaza y, por ende, plausible de castigo.
Pese a los graves obstáculos para realizar la investigación, Human Rights Watch documentó
más de 40 casos en los cuales el gobierno de Raúl Castro ha encarcelado a personas que
intentaron ejercer sus derechos fundamentales, bajo el argumento de que eran “peligrosas”.
Y creemos que existen muchos más casos. En estos ejemplos, las actividades “peligrosas”
incluyen entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar
manifestaciones pacíficas, escribir artículos que critican al gobierno, e intentar organizar
sindicatos independientes.
El gobierno de Raúl Castro ha aplicado la ley de “peligrosidad” no sólo a disidentes y
críticos del gobierno, sino a un amplio espectro de personas que optan por no cooperar con
el estado. Comprobamos que, en la Cuba de Raúl Castro, la decisión de no participar en
actos a favor del gobierno, de no pertenecer a organizaciones del partido de gobierno y de
no tener empleo se consideran signos de conducta “antisocial” y pueden llevar a la
imposición de una “advertencia oficial” o incluso a la encarcelación. En enero de 2009,
como parte de una campaña denominada “Operación Victoria”, varias decenas de
personas—en su mayoría jóvenes—de Cuba oriental fueron acusadas de “peligrosidad” por
1 Human Rights Watch | Noviembre 2009