Miscelanenas_No4_2012

INTRAMUROS
Una familia desesperada
Fundación Madre, Familia y Futuro
Juan Carlos Díaz Fonseca de 45
años de edad, está contagiado de
SIDA desde 1999; padece entre
otras enfermedades de esofagitis
aguda y desgaste en los huesos. Él
vivía en un contenedor situado en
Las Pelas, entre Barrera y Tarará,
Camino Minas del Petróleo, Guanabacoa,
La Habana. Allí “residía”
con su familia, integrada por su
esposa Judith Muñíz Peraza de 37
años y los hijos de ésta, Yorlandis
Muñíz Peraza de 16 años y Leydi
Durán Muñíz de 14, epiléptica con
ataques frecuentes y con retraso
mental, y dos hijos más que
abandonaron ilegalmente el país en
fecha reciente.
En una visita de funcionarios de
Bienestar Social éstos decidieron
otorgarle una chequera de 285,00
cup y una inhabitable vivienda
para que la reparara por sus
propios medios; pero sin ningún
documento que le permitiera hacer
gestiones. Cuando en mayo de
2007, la Dirección Municipal de la
vivienda le entregó el local situado
en Apodaca # 335 entre Lebredo
y Cadena, en Guanabacoa, solo
llamó como testigo al presidente
del CDR y coordinador de la Zona,
nombrado Ángel González Valdés,
quien afirmó en un escrito del 16
de junio de 2010, que en esa ocasión
planteó su desacuerdo con la
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entrega de un local tan ruinoso, pero
le contestaron que esa era la casa que
le correspondía a esa familia.
Al cabo de 3 años, en mayo de
2010, Bienestar Social le canceló la
chequera a Juan Carlos, y después
de mucho quejarse, cuando le
fue devuelta le habían rebajado el
monto a cobrar a 147,00 cup y le
informaron que tenía que ir al Banco
a realizar un contrato para el
pago de los efectos electrodomésticos
que adeudaba. Por ese motivo
debe pagar 66,00 cup mensuales
y adeuda actualmente 6 meses de
pago, unos 400 pesos. Tiene que
estar más de 4 meses sin hacer uso
de los 81 cup que le quedan mensualmente,
para liquidar la deuda.
Un dictamen médico de 8 de
julio de 2010, firmado por el Dr.
Jorge Medina LLeres, de Medicina
del Trabajo y la Dra. González
Michelena Claro de la Comisión
Provincial de Peritaje, ambos del
Ministerio de Salud Pública, lo
declaró con severa discapacidad
por el deterioro de su estado general
y del sistema inmunológico
causado por el SIDA, con presencia
de gérmenes oportunistas, cuadro
diarreico crónico, febrícula
vespertina y mucosas ligeramente
hipocoloreadas. El médico de su
policlínico, Dr. Manuel Ortiz Hernández,
le ha dicho, que debido a
sus enfermedades no puede laborar
para no precipitar lo limitado de
su tiempo de vida, e igualmente en
un certificado médico de junio de
2010 lo declaró incapacitado para
el trabajo. El tratamiento médico
para el SIDA no le asienta, ya que
le produce mucha acidez debido a
la esofagitis, y se lo suspendieron.
El médico quedó en recetarle el
tratamiento adecuado.
El jueves 16 e agosto lo enviaron
al IPK (Instituto Pedro Kourí) para
hacerle los análisis para un nuevo
tratamiento médico, pero no había
agua en el laboratorio y lo remitieron
al Policlínico Docente Julio
Antonio Mella de Guanabacoa. El
médico, al apreciar el atraso en los
resultados de las investigaciones,
le dijo que tenía que retomar los
medicamentos ya indicados por
las malas condiciones en que se
encontraba, aunque le produjeran
daños estomacales.
Este cuadro de poca salud, se ve
afectado porque al no tener propiedad
de la casa, no pueden acceder
a la libreta de racionamiento, que
lleva implícita la dieta alimentaria
por su estado y también la legalización
de un carné de identidad en
el lugar, que en algún momento le
permitiría hacer algunas reparaciones
en la maltrecha vivienda.
Juan Carlos ha escrito al
gobierno de Guanabacoa, al
Partido y al Instituto de la Vivienda
para obtener esta propiedad,
sin resultado alguno. Escribió al
Consejo de Estado en junio de
2002 y la respuesta que recibió de
René Montes de Oca Ruiz, jefe del
Dpto. de Atención a la Población,
en aquel entonces, fue que aunque
comprendía sus razones, era la
Dirección Municipal de la vivienda
la que tenía que resolver el caso.
Este mismo funcionario cuando
Juan Carlos se quejó del maltrato
recibido en la Dirección Municipal
de la Vivienda, le respondió el
25 de junio de 2003 en similares
términos, haciendo caso omiso al
descontento presentado.
La delegada de su circunscripción,
Marlen Carrió Quintana,
afirmó en carta del 16 de junio
de 2010, que la vivienda estaba
en pésimas condiciones, que era
inhabitable, que al otorgarla no se
tuvieron en cuenta las condiciones
del núcleo que la recibió, y pidió
cooperación para su solución.
Por otra parte la hija menor,
Leydi, además de retraso mental,
padece de ataques de epilepsia desde
los tres meses de nacida, para
lo cual tiene un tratamiento que le
suspenden cuando cesan temporalmente
los ataques y en la actualidad
carece de método. Repitió el
séptimo grado
en una escuela
especial debido
a los ataque de
epilepsia.
El 15 de agosto,
la comunicadora
comunitaria
y directora de
la Fundación
Madres, Familia
y Futuro, Ivis
Rodríguez González,
se entrevistó con Michel,
director del Policlínico Julio Antonio
Mella y le respondió que le
daría turno a Leydi al día
siguiente para el neurólogo.
El día siguiente los
padres llevaron a consulta la
niña, pero el neurólogo no asistió.
El Dr. Orestes, sub director del
Policlínico remitió la madre a la
posta médica para que le dieran la
historia clínica de Leydi y que con
ella se dirigiera a la pediatra.
La doctora asignada a esta institución
de salud estaba de vacaciones
y la enfermera, informó de la
pérdida de la historia clínica de la
niña e hizo una en blanco para que
la pudiera atender la pediatra; que
le indicó, que producto del retraso
mental, tenía que verla inicialmente
un sicólogo.
En resumen, para que la niña
MISCELÁNEAS DE CUBA NO 4, AÑO VII, JULIO‒AGOSTO 2012 29
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MISCELÁNEAS DE CUBA
“ Juan Carlos ha escrito al gobierno de Guanabacoa,
al Partido y al Instituto de la Vivienda para
obtener esta propiedad, sin resultado alguno”.
tenga un turno médico
para un neurólogo, debe
depender de un pediatra y un
sicólogo, y mientras tanto continúa
sin sus medicinas.
Lo extenso de esta denuncia se
debe a que es imposible resumir
tanta insensibilidad humana, generalizada
por parte de las instituciones
oficiales, en un país que dice
ser ejemplo de justicia social.
Nota: En la recopilación y
verificación de datos y documentos,
así como en la confección
de este escrito intervinieron: Ivis
María Rodríguez González, Yainé
Pintado Aldaya y Arnaldo Ramos
Lauzurique. También han apoyado
a la familia en sus trámites
médicos. ¡