Comandante Genaro Vázquez Rojas

cívica... además de la matanza de Iguala, fue registrada la de Ometepec, en la Costa
Chica; la represión en el municipio de San Luis, donde ejército y policía asaltaron
diversas casas de militantes o simpatizantes de la ACG; las acciones punitivas en toda la
región de la Costa Chica, a la que se puso de hecho en estado de sitio; las acciones en la
Costa Grande, donde fueron encarcelados 63 campesinos; en Zihuatanejo, donde hubo
alrededor de 80 detenidos y varios heridos, en Petatlán, donde se registraron 190
detenidos en la cárcel municipal y otro grupo de campesinos en el cuartel militar; en
Atoyac, donde la policía y el ejército abrieron fuego contra la población para evitar que
los cívicos tomaran posesión del ayuntamiento; en Coyuca de Benítez, donde se
llevaron a cabo numerosas detenciones y cateos domiciliarios; en Arcelia, donde el 29
de diciembre el ejército tomó posesión del palacio municipal para darlo a su vez a los
candidatos priístas del 1 de enero. La ola represiva se extendió a Ciudad Altamirano,
Tlapa, Chalpatláhuac, Teloloapan, Zacatlancillo, Aguacate, San Jerónimo, Petatlán y
Tlapehuala.” 123
Las aprehensiones, torturas y nuevos acribillados por las fueras policiales y militares se
sucedieron por todo el estado. Las cárceles se llenaron de cívicos en Chilpancingo, San
Luis Acatlán y la Costa Grande. Sus principales líderes fueron apresados o se vieron
forzados a abandonar el estado. Suárez Téllez y 25 militantes de la ACG fueron
condenados bajo los cargos de sedición, disparo de armas de fuego, homicidio y
lesiones; semanas después, poco a poco, fueron abandonando las cárceles, siendo el
último en salir, el 26 de noviembre de 1963, el propio Lic. Suárez Téllez. 124 Muchos
campesinos se refugiaron en la sierra. Sin existir una Cámara de Representantes que
califique las elecciones, los candidatos del PRI asumieron sus cargos sin mayor trámite.
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El 19 de enero de 1963 el Comité Estatal de la ACG dio a conocer su “Manifiesto a
Guerrero, a la Nación” donde, después de reivindicar sus raíces históricas “de constante
lucha libertaria del pueblo guerrerense desde la independencia” y de la forma en que “el
gobierno a caído en manos de la casta oligárquica y caciquil”, señalando de paso cómo
“la revolución de 1910 no cumplió las promesas al pueblo trabajador” porque los
“antiguos porfiristas y los nuevos ricos, los políticos demagogos y todos los que
integran la oligarquía actual” han impuesto una dictadura contra el pueblo, justificaron
su actuación en el proceso electoral de diciembre de 1962. Una campaña de corte
maderista, abanderada por los principios de soberanía establecidos en la Constitución
General del País, en su artículo 39; legalidad constitucional que al final fue sustituida
por la “dictadura policiaco-militar que impuso a los candidatos priístas”.
Responsabilizaron de la “política terrorista implementada en su contra” al Procurador
José Bello y Bello, Secretario de la Defensa Nacional Agustín Olachea y Miranda
Fonseca, Secretario de la Presidencia. También denunciaron “la tremenda degeneración
y bancarrota política del PRI, el refuerzo de las gavillas criminales de las guardias
blancas y su incorporación como funcionarios del nuevo gobierno estatal”. Sus
objetivos aun eran el “restablecimiento de la legalidad constitucional a través de la
lucha incansable del pueblo guerrerense, el rescate de la dignidad ciudadana y la
restitución de las metas emitidas por la Revolución de 1910” (en particular la Reforma
123 Julio Moguel, “La cuestión agraria en el período 1950-1970, en Historia de la Cuestión Agraria
Mexicana, Siglo XXI/ Centro de Estudios Históricos del Agrarismo Mexicano, Tomo 8, México, 1989, p.
171.
124 Fernando Reyes, op. cit., p. 26.
125 Armando Bartra, op. cit., p. 97.
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