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1. La piratería marítima
1.1. La definición legal de piratería marítima
1.1.1. Conceptos básicos: los espacios marítimos
El 2 de agosto de 1926, el barco francés de correo Lotus colisionó contra un
carbonero turco en alta mar al norte de Mitilene, la capital de la isla de Lesbos.
Consecuencia del accidente, el mercante turco se hundió, muriendo ocho ciudadanos
turcos y siendo rescatados otros diez. Un día después, el Lotus arribaba
a Constantinopla (la actual Estambul). El 5 de agosto las autoridades turcas
arrestaron al teniente francés Demons, que era el oficial de vigilancia del Lotus
en el momento del accidente. El 28 de agosto la Corte Penal de Constantinopla
inició proceso contra el oficial galo, alegando este que el tribunal turco no tenía
jurisdicción. Sin embargo, fue finalmente sentenciado a 80 días de prisión
y a una multa de 22 libras. Tras las protestas diplomáticas francesas, Turquía
propuso el 2 de septiembre que el caso fuera remitido a la Corte Permanente
de Justicia Internacional de La Haya, lo que Francia aceptó.
París alegó ante la citada Corte que las autoridades judiciales turcas no
tenían jurisdicción sobre el accidente, al acaecer en alta mar; y que, en todo
caso, el suceso debía ser juzgado por el Estado bajo cuyo pabellón navegaba
el Lotus, es decir, por Francia. Sin embargo, la Corte resolvió a favor de Turquía,
al considerar que todos los Estados tienen derecho al «uso ininterrumpido de
las partes no asignadas del océano para su navegación». Asimismo, estableció
que «ningún Estado está autorizado a interferir en la navegación de otros en
alta mar en tiempo de paz salvo en el caso de piratería o en casos extraordinarios
de autodefensa». También determinó que «a la vista de que es en alta mar,
(donde se cometió el hecho ilícito y que) sobre este espacio ninguna Nación
posee el derecho, ni el deber de vigilancia, se niega (al pirata) la protección
del pabellón (…), y se le trata como a un bandido, como a un enemigo de toda
la humanidad —hostis humani generis— a quien cualquier Nación, en el interés
de todos, puede capturar y castigar» (PCIJ, 1927).
Traemos este caso aquí porque la Corte Permanente de Justicia Internacional
reconoció en la misma decisión que la piratería es un delito cuya jurisdicción
recae sobre todos los Estados. El ejercicio de la competencia está basado en el
lugar de comisión más que en la naturaleza o gravedad del hecho. Y es en este
sentido que se trata de garantizar la protección de intereses que son comunes,
en tanto que su violación afecta y lesiona a todos y cada uno de los Estados
(Simon, 2002).
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