Poética de la tortura política - Institute for the Study of Ideologies ...

de actuación futura de los servicios de seguridad militar. De
hecho, miembros de su comitiva —Pedro Espinoza Bravo y
Marcelo Moren Brito— sirvieron como ofi ciales superiores en
la Brigada Metropolitana de la DINA con cuartel en la Villa
Grimaldi, mientras que Sergio Arredondo González y Armando
Fernández Larios tuvieron importante participación en la rama
internacional de la DINA.
La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue creada
el 14 de junio de 1974 por el Decreto Ley Nº 521, siguiendo
las orientaciones de la Comisión DINA. Hasta 1977 su director
fue el coronel Manuel Sepúlveda, ofi cial de la confi anza
directa del general Augusto Pinochet. Ofi cialmente se caracterizó
a la DINA como «organismo militar de carácter técnico
profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno
y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel
nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con
el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la
formulación de políticas, planifi cación y la adopción de medidas
que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el
desarrollo del país» (Informe Rettig, p. 63). No obstante esta
caracterización, la DINA fue el organización principal en la
detección, desmantelamiento y destrucción de las redes clandestinas
de la Izquierda y de la oposición, en general. Fue, por
tanto, el servicio con mayores responsabilidades en la violación
de Derechos Humanos durante el período 1974-1977. Nada ha
trascendido sobre la ingerencia de la DINA en los «diferentes
campos de acción» nacional, especialmente la actividad económica.
La organización fue dotada de personal de todas las
Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones. De acuerdo
con los artículos 9º, 10º y 11º, de conocimiento reservado a
muy altas autoridades de gobierno, se facultó a la DINA para
hacer allanamientos, arrestar y confi nar a prisioneros en lugares
secretos, no defi nidos como cárceles públicas.
Los métodos represivos y el poder omnímodo alcanzado
por la DINA causaron gran malestar entre altos ofi ciales de las
Fuerzas Armadas y civiles de infl uencia en el gobierno, preocupados
por el pundonor de los servicios armados y el daño
a la imagen internacional del régimen militar y del país. El
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hecho de que el gobierno norteamericano hubiera detectado la
implicación directa del alto mando de la DINA en el asesinato
en Washington, D.C., en 1976, del ex-ministro y ex-embajador
en Estados Unidos Orlando Letelier y de su secretaria
Ronni Moffi t creó las condiciones para que el coronel Manuel
Contreras fuera considerado un riesgo político por el gobierno
militar y fuera destituido. En 1977 la DINA fue disuelta y sustituida
por la Central Nacional de Inteligencia (CNI), dirigida
por el general Odlanier Mena, enemigo de Manuel Contreras.
Aunque en un comienzo se creyó que la CNI reemplazaría el
aniquilamiento físico de la oposición por métodos más técnicos
de recolección y elaboración de inteligencia, hacia 1980 esto
quedó desmentido. Desde ese año, grupos de agentes al parecer
actuando por iniciativa propia —como el Comando Vengador
de Mártires (COVEMA)— cometieron atrocidades de gran
revuelo público. Entre otras, el Informe Rettig atribuye las
causas de estos hechos a la continuidad en la CNI de antiguos
agentes de la DINA y al inicio de las operaciones armadas en
Chile del MIR (1978) y de la Fuerza Militar Propia del Partido
Comunista (1980).
Paralelamente, el orden normativo gradualmente instaurado
por la Junta Militar a partir del 11 de septiembre de
1973 buscó sistematizar legalmente, a largo plazo, los recursos
represivos asociados con los estados de excepción —los llamados
estados de sitio, asamblea y emergencia. De hecho, el
régimen militar gobernó durante diecisiete años echando mano
y prolongando los estados de excepción cada seis meses. En esa
sistematización el Informe Rettig ha reconocido dos períodos,
1973-1977 y 1978-1990.
El Decreto Ley Nº 1.008, promulgado el 8 de mayo de
1975, amplió de 48 horas a cinco días la facultad de detener sin
cargo a una persona por razones de seguridad nacional durante
la vigencia de estados de sitio y emergencia. El Decreto Ley Nº
1.009 complementó al anterior estableciendo lo que sigue:
Durante la vigencia del estado de sitio, los organismos
especializados para velar por el normal desenvolvimiento
de las actividades nacionales y por la mantención de