la cárcel y el control del delito en córdoba durante el cambio de siglo

posteriormente “correccionalistas”, desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad
del XIX. Nos referimos sobre todo al reglamento redactado para la entonces Real Cárcel
de Córdoba de 1791; proyectos fallidos de presidios pensados para erigirlos en la
provincia; expedientes de albañilería y de traslado de edificio; autos de relevo de
alcaidía; contratos y prestaciones de cuenta del trabajo de presidiarios en obras públicas
y otros servicios encomendados por y para el Ayuntamiento; y en términos filantrópicos
lo encarnado por la Asociación del Buen Pastor.
A partir de ahí, y para seguir acompañando el proceso de centralización de las
medidas carcelarias en torno a los ayuntamientos cabeza de partido, manejamos para el
caso cordobés especialmente los presupuestos realizados para aquella finalidad, que no
solo hablan de una patente penuria entre lo dispuesto para los recluidos y la verdadera
necesidad, sino que también advierten con ello del continuismo que tendrían las
prácticas caritativas en plena etapa liberal, ya que sin estas, no obtendrían los presos lo
suficiente para sobrevivir al tiempo de prisión.
De los expedientes de obras y administración fue de donde extrajimos además
muchas informaciones detalladas sobre el estado del edificio y de las condiciones que la
ruina, la insalubridad y el hacinamiento acarreaban per se a la salud de los encausados.
Por no hablar de la mala alimentación y el agua consumida dentro de los muros de la
prisión en condiciones higiénicas, como mínimo dudosas, la falta de ropas y mantas
para vestir y cubrirse, el desaseo personal, etc. Por otra parte, tenemos que reconocer
que fue también por medio de estos mismos documentos, por los que pudimos perfilar
actitudes de resistencia, resignación, o simplemente de supervivencia en el recinto
penal, pues muchas veces de forma involuntaria, los partes, memorias y oficios internos
de alcaides, directores, médicos, etc., dejaban escapar ricos testimonios de prácticas que
nada tenían que ver con lo reglamentario, sino más bien con lo vivido cotidianamente en
aquellos auténticos microcosmos de interactividad social.
En el rastreo de este tipo de documentos, que dan testimonio del cruce entre lo
municipal (Ayuntamiento) y lo provincial (Gobierno Civil), y de estos con otras
instancias: judiciales (Juzgados, Audiencias y Fiscalía), penales (Establecimientos
Penales), Obispado (clérigos catequistas, de atención espiritual y de asistencia a los
reclusos sentenciados a muerte), etc., no podemos olvidar hacer referencia a la
documentación de otros archivos locales que, aunque más escasa, no puede ser
considerada de menor importancia a la hora de recomponer los entresijos del devenir de
nuestras instituciones penitenciarias.
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