la cárcel y el control del delito en córdoba durante el cambio de siglo

de ella los cuerpos extraños cuando no es posible tratarlos. Su máxima es: “la salud de
la república es la suprema ley” 54 . Así que, si la pena es medicina, por buena que sea,
debe de ser suministrada adecuadamente para alcanzar sus beneficios (según ya lo había
señalado Beccaria), manteniendo la proporcionalidad con el delito cometido. Pero no
sólo eso, debería asimismo ser dosificada correctamente e inmediatamente 55 , en base al
delito-enfermedad diagnosticado 56 .
Pero mientras que, para el italiano, la búsqueda por esta proporcionalidad se
asentaba en la plasmación de códigos eficaces y en el solo cumplimiento por los jueces
de la ley prescrita en ellos, para el español, nacido en el Virreinato de México, se hacía
necesario que se mantuviesen sus prerrogativas, sobre todo en relación a la elección de
las penas. Estaba convencido de que “muchas veces es preciso dejar a la prudencia del
juez la aplicación de la ley a ciertos casos particulares, que siendo conformes a la mente
del legislador, no se expresan literalmente en sus palabras, porque las leyes no se
pueden hacer de modo que comprendan todos los casos que pueden suceder” 57 .
Hay que ver en este planteamiento, por tanto, el motivo de sus reiteradas
peticiones y sugerencias hechas a los hombres de la justicia (los médicos de la
sociedad), a fin de que guardasen toda la “circunspección”, “discernimiento”,
“prudencia y discreción” a la hora de imponer las penas, para que no perdiesen con las
desmesuras su utilidad correctiva y ejemplarizante. Esto lo podemos notar claramente al
hablar de la pena de muerte, de la de azotes 58 o de infamia 59 , para dar aquí solo tres
ejemplos, pero haciéndose extensible, lógicamente, a todo el catálogo de las penalidades
existentes, incluso la cárcel 60 . El propio titulo dado al Capítulo V, dice que hay
54
Ibid., cap. III, § 2.
55
“Decía un Filósofo Chino, que como el eco sigue a la voz, y la sombra al cuerpo, la pena debe seguir al
delito”. Ibid., cap. II, § 21.
56
Lardizábal llega a utilizar la expresión “miembro acangrenado”, para referirse a un delincuente
incorregible, que si no tratado, peligraría infeccionar a los demás con su contagio. Ibid., cap. III, § 4. Mas
de un siglo después, el medico y criminólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909) iría más allá en estas
definiciones, partiendo del principio de que si el delito es una enfermedad, el delincuente es un enfermo.
Véase Peset, J. L., Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales, Barcelona, Crítica, 1983.
57
Ibid., cap. II, § 38.
58
“La pena de azotes, si no hay mucha prudencia y discernimiento para imponerla, lejos de ser útil, puede
ser muy perniciosa y perder a los que son castigados con ella en lugar de corregirlos”. Ibid., cap. V, § III,
§ 10.
59
“[…] la pena de infamia no debe imponerse con demasiada frecuencia, porque los efectos reales de las
cosas que consisten en opinión, siendo demasiado continuos, debilitan la fuerza de la opinión misma. Por
la misma razón tampoco debe recaer nunca la infamia sobre muchas personas a un tiempo, porque la
infamia de muchos se resuelve en no ser infame ninguno”. Ibid., cap. V, § IV, § 7.
60
En una cédula de Carlos III, de 15 de mayo de 1788, insertada en la instrucción de Corregidores, se
pide a éstos y demás justicias que procedan “con toda prudencia, no debiendo ser demasiadamente fáciles
en decretar autos de prisión en causas o delitos que no sean graves”, librando principalmente a las
mujeres, oficiales y jornaleros que ganasen el sustento con su trabajo. Novísima Recopilación, Libro XII,
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