marco abraham ramirez cruz expediente - Comisión de Derechos ...

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Las probanzas de mérito, tienen pleno valor acorde a los
lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el medio
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, al
reunirse los extremos del artículo 41 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en relación con el diverso 76 de su
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el
quejoso respecto de la detención y posterior retención, tanto de él
como de su hermano.
En tales circunstancias, está debidamente acreditado en
autos que el quejoso Marco Abraham Ramírez Cruz, y su hermano
Pedro Luis Ramírez Cruz, fueron detenidos el 24 de septiembre de
2005, aproximadamente a las 16:00 horas y retenidos
aproximadamente por más de tres horas, bajo la custodia de
elementos de la Policía Municipal, sin existir causa justificada
alguna, lo que constituye una violación grave a sus derechos
fundamentales como ciudadanos, infringiendo también con ello, lo
dispuesto en los artículos 74, 75 puntos 2, 3, 4, 76 puntos 2 y 85
inciso c) del Código Civil del Estado, enunciados en el capítulo de
observaciones.
Al respecto debe decirse que la actuación de los
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en la detención
de Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz, es a
todas luces violatoria de las garantías individuales de los quejosos,
ya que todo acto de molestia que se cauce a los gobernados debe
tener sustento legal, más aún respecto del acto relativo a la
detención de personas, ya que se restringe el derecho fundamental
de la libertad personal, ya que solamente existen dos supuestos
legales que hacen permisibles las detenciones y que se encuentran
especificadas en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; así en el numeral señalado en
primer término dice: “en los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la prontitud, a la
del ministerio público…”; por su parte el artículo 21 establece: “…
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por
las infracciones de los Reglamentos Gubernativos y de Policía, las
que únicamente serán multa o arresto hasta por 36 horas.