Leer - Revista Pensamiento Penal

dispuesto en la ley provincial N° 9182 (fs. 136).
III. Puesto en conocimiento del decisorio recién mencionado, a fs. 138/139, la
defensa del encartado Policano interpuso recurso de reposición (art. 457 del CPP),
el cual fue rechazado por el tribunal de mérito mencionado mediante AI N° 10 del
6/3/08 (fs. 142/1434).
IV. Este último decisorio es impugnado en casación por la defensa del imputado
Policano, Dr. Héctor Luna (patrocinado legalmente por el Dr. Nicolás Moyano),
quien canaliza su pretensión a través del motivo formal previsto en el art. 468 inc.
2° del CPP..
Refiere que lo que persigue es la declaración de nulidad del interlocutorio en
cuestión y de todos los actos concomitantes del mismo a fin que la jurisdicción para
el juzgamiento del encartado, sea asignada nuevamente a la Sala n° 1 de la
Cámara Tercera, tal como oportunamente se dispusiera.
En orden a la impugnabilidad objetiva, afirma que la resolución atacada resulta
equiparable a sentencia definitiva porque ocasiona un gravamen de imposible
reparación ulterior a través de la sentencia definitiva que recaiga en el debate. Ello
es así, agrega, porque no existe otra oportunidad procesal idónea para reeditar el
presente reclamo y la situación que se pretende recurrir adquiriría la calidad de
firme.
Sostiene que la constitución del tribunal en colegio y con jurados populares deviene
en extemporánea cuando ya había precluído la oportunidad para su efectivización y
en el decisorio se violentó el principio lógico de razón suficiente porque el a quo ha
partido de una premisa falsa para interpretar incorrectamente una resolución de
este Tribunal Superior.
Es que el tribunal de mérito ha seguido en el interlocutorio atacado los lineamientos
puestos de manifiesto por el más Alto Cuerpo jurisdiccional de la Pcia. en autos
"Navarro" (S. n° 124 del 12/10/06) en el que se resolvió que en virtud de lo
dispuesto por el art. 57 de la ley N° 9182, en todas las causas que se eleven a
juicio con posterioridad al 01/01/05 y que se relacionen a las hipótesis delictivas
enumeradas en el art. 2 de dicha normativa, corresponderá la intervención del
tribunal integrado con jurados populares.
Empero, dice, el yerro en que incurre el juzgador está dado en que en dicho
precedente las circunstancias eran muy diferentes a las de autos. Es que aquí ya
hubo una resolución que asignó la jurisdicción a una de las Salas Unipersonales,
ello fue consentido por las partes "adquiriendo el carácter de válido y firme" y el
trámite de los actos preparatorios del debate siguió hasta llegar a la etapa del
ofrecimiento de la prueba previsto en el art. 363 del CPP.
De tal manera, la potestad que se irroga ahora la Cámara de "reclasificar" la causa,