Leer - Revista Pensamiento Penal

ya había fenecido y no resultaba invocable el fallo "Navarro" porque la situación del
mismo no es análoga a la de Policano en las presentes actuaciones, desde que en
tal precedente no existía una asignación de la jurisdicción previa.
Los actos válidos cumplidos en la presente, dice, no pueden modificar la situación
jurídica firme y consentida por las partes. El instituto de la preclusión procesal,
enfatiza, es de orden público pues con el mismo se persigue que los actos
procesales cumplidos queden firmes y no pueda volverse sobre ellos, dando certeza
y estabilidad a los mismos, asegurando la garantía de la defensa en juicio de los
derechos e impidiendo el retroceso de actos cuya revisión daría una grave
inseguridad a las decisiones judiciales.
El proceder de la Cámara Tercera, dice, ha afectado el legítimo derecho de defensa
en juicio del imputado como el debido proceso que debe reinar en las actuaciones
que se tramitan en su contra, tal como se desprende del art. 18 de la C.N..
Afirma que la CSJN, en autos "Mattei" (fallos 272:188) ha sostenido que las etapas
procesales deben enlazarse con los principios de progresividad y preclusión, de tal
modo que en aras a la seguridad jurídica no cabe retrotraer los procesos a etapas
ya superadas.
Citando jurisprudencia, sostiene que si el derecho o facultad se extingue para la
parte, no puede el Juez volver o revisar o dejar sin efecto actos sobre los que ya
operó la preclusión. La preclusión procesal atañe a la misma estructura del juicio,
pues las distintas etapas procesales se desarrollan sucesivamente mediante la
clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas o
momentos procesales ya extinguidos.
Culmina reiterando su petición de que se anule el decisorio atacado y se reasigne
competencia a la Sala N° 1 de la Cámara Tercera para el juzgamiento del encartado
(fs.146/159).
V.a. De la reseña efectuada precedentemente, podrá advertirse que lo que el
impugnante pretende es que se anule el decisorio por el cual la Cámara en lo
Criminal dispuso, para el juzgamiento del imputado, la integración con los jurados
populares previstos en la ley 9182, alegando que atento que inicialmente la
asignación de la jurisdicción por parte de dicho tribunal había recaído sobre una de
sus Salas Unipersonales y ello había sido consentido por las partes, precluyó la
oportunidad para que el a quo procediera a la mentada reclasificación.
Debe destacarse, por ser de interés para lo que se resolverá, que se encuentra
indiscutido que el delito por el cual el encartado Policano será juzgado (exacciones
ilegales -art. 266 del CP-, según requisitoria fiscal de fs. 107/114) es uno de
aquellos previstos en el art. 7 de la ley n° 9181 -del Fuero Penal Económico y
Anticorrupción administrativa- que, por estar incluido en el catálogo mencionado en