Cuadernos de Gobernabilidad Democrática 1. Ciudadanía y

72 Ciudadanía y desarrollo humano
Estos ocho escenarios hipotéticos pueden proporcionarnos un primer
acercamiento clasificatorio de situaciones, orientado a identificar lo que
“está en juego” como variable principal de las debilidades o fortalezas de
la construcción de ciudadanía. Con todo, el análisis debiera concentrarse
en las relaciones entre los componentes y sus actores examinando los procesos
a que dan lugar. En otros términos, las acciones de los actores políticos
y sociales orientadas a recomponer los balances cuando la asimetría
entre ellos genera exclusiones. Ello implica, en definitiva, identificar los
núcleos de conflicto, los consensos y disensos sobre el orden político, el
orden económico social y cultural, y el orden institucional. Esto es, situar
los escenarios en su contexto procesal.
De este modo podríamos acceder a un análisis que nos dote de un
esquema dinámico en que la unidad de análisis, esto es, las estrategias de
fortalecimiento de la ciudadanía, puedan ser observadas a través de un
enfoque que las examine en función de la construcción procesal de los
balances entre los componentes políticos, socioeconómicos, culturales e
institucionales.
3. Trabajo y ciudadanía
a) Derechos laborales y derechos sociales: el paradigma de origen
Durante el siglo XX, el significado del trabajo y del acceso a éste fue
adquiriendo progresivamente el sentido de un mecanismo integrador y de
vínculo social generador de derechos y ciudadanía. Tal es así, que en algunos
juristas e incluso cientistas políticos se observa un uso indiferenciado de
la noción de “ciudadanía social”, alusiva a una ciudadanía plena que incorpora,
además de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos,
sociales y culturales, y “ciudadanía laboral”, comprensiva de los derechos de
los trabajadores. Con ello, el trabajo asalariado fue instalándose progresivamente
como un potente vehículo institucional de integración social en la
medida en que le atribuía derechos de primera relevancia, incluso de rango
constitucional, con amplio reconocimiento internacional, y que se entendía
operaba como una puerta de acceso al ejercicio de los derechos políticos
(Miravet, P. 2000).
Así, el conjunto de los derechos económicos y sociales nace como un
derivado de los derechos laborales, a tal punto que ambos grupos de derechos
se consolidan conjuntamente como norma jurídica. En efecto, sobre
el derecho al trabajo y a la seguridad social se construyó el paradigma de
los derechos económicos y sociales constitutivos de una ciudadanía plena,