Operaciones financieras accesorias y su no integración en el ...

Operaciones financieras accesorias y su no
integración en el denominador de la prorrata en
el Impuesto sobre el Valor Añadido *
1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO
1.1. El principio de neutralidad fiscal como
garante del sistema común del IVA
Uno de los principios básicos sobre los que se
asienta el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en
el ámbito comunitario es el de la neutralidad fiscal
que supone para el empresario o profesional sujeto
pasivo, acogido al régimen general del impuesto,
la inexistencia de carga fiscal (sin perjuicio de la
carga financiera que puede derivarse de sus relaciones
con la Administración tributaria a la hora de
obtener el exceso de cuotas soportadas deducibles
sobre las devengadas).
Basta para ello recordar como el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (TJCE) ha señalado
de manera reiterada en relación con la aplicación
de este principio que “el régimen de deduciones
SUMARIO
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ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
Tribunal Económico-Administrativo Central
1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 1.1. El principio de neutralidad fiscal como garante del sistema común
del IVA. 1.2. Marco normativo.—2. HABITUALIDAD COMO CONCEPTO UTILIZADO POR LA NORMA INTERNA FRENTE A
ACCESORIEDAD. 2.1. Interpretación de la norma interna de acuerdo con la norma comunitaria. 2.2. La interpretación
de la doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos (DGT). 2.3. Interpretación efectuada
por la doctrina del TEAC. 2.4. Jurisprudencia interna relativa al artículo 104. Tres. 4. o de la Ley del IVA.—
3. LAS DIVERSAS ACEPCIONES DEL CONCEPTO DE ACCESORIEDAD EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 3.1. Algunos
supuestos contemplados en la normativa. 3.2. No equivalencia de las acepciones recogidas en la norma.—
4. INTERPRETACIÓN EFECTUADA POR LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE. 4.1. La sentencia de 11 de julio de 1996. 4.2. La
sentencia de 29 de abril de 2004. 4.3. Conclusiones a las que llega la jurisprudencia comunitaria.
Palabras clave: Fiscalidad financiera, Impuesto sobre el Valor Añadido, Operaciones financieras, Jurisprudencia
comunitaria.
instituido por la Sexta Directiva (actual Directiva
2006/112/CE) tiene por objeto liberar completamente
al empresario del peso del IVA devengado o
ingresado en el marco de todas sus actividades económicas.
El sistema común del IVA garantiza, por lo
tanto, la perfecta neutralidad con respecto a la carga
fiscal de todas las actividades económicas, cualesquiera
que sean los fines o los resultados de las mismas,
a condición de que dichas actividades estén a su
vez, en principio, sujetas al IVA (véanse, en particular,
las sentencias de 14 de febrero de 1985, Rompelman,
268/83, Rec. p. 655, apartado 19; de 15 de
enero de 1998, Ghent Coal Terminal, C 37/95, Rec. p.
I 1, apartado 15, y de 22 de febrero de 2001, Abbey
National, C 408/98, Rec. p. I 1361, apartado 24)” 1 .
Como sabemos, cuando el sujeto pasivo realiza
operaciones que generan el derecho a deducir y
otras que no lo generan, se someterá a la regla de
prorrata, en cuanto el legislador comunitario ha
* Trabajo presentado al III Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Financiera celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto
de Estudios Fiscales en el segundo semestre de 2007.
1 Sentencia del TJCE de 8 de febrero de 2007, asunto C-435/05, Investrand, apartado 22.

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
pretendido que sólo pueda deducir las cuotas que
afecta a su actividad económica y, dentro de la
misma, a las operaciones que generan el derecho a
deducir. En palabras del TJCE, “según jurisprudencia
reiterada, en principio, es necesaria la existencia de
una relación directa e inmediata entre una operación
concreta por la que se soporta el IVA y una o
varias operaciones por las que se repercute con
derecho a deducción para que se reconozca al sujeto
pasivo el derecho a deducir el IVA soportado y
para determinar el alcance de tal derecho (véanse
las sentencias Midland Bank, C-98/98, apartado 24;
Abbey National, antes citada, apartado 26, así como
la de 3 de marzo de 2005, Fini H, C 32/03, Rec. p. I
1599, apartado 26). El derecho a deducir el IVA que
haya gravado la adquisición de bienes o la obtención
de servicios presupone que los gastos en que se
haya incurrido para esta adquisición u obtención
formen parte de los elementos constitutivos del
precio de las operaciones por las que se repercute
el IVA que den derecho a la deducción (véanse las
sentencias Midland Bank, antes citada, apartado 30;
Abbey National, antes citada, apartado 28, así como
la de 27 de septiembre de 2001, Cibo Participations,
C 16/00, Rec. p. I 6663, apartado 31)” 2 .
El sujeto pasivo, por ello, queda obligado a aplicar
un porcentaje de deducción, obtenido de la
proporción entre el volumen de operaciones que
generan el derecho a deducir, y su volumen total
de operaciones realizadas en el ejercicio, incluyendo
así en el denominador, junto al importe que
figure en el numerador, todas las operaciones que
no generan el derecho a deducir, generalmente por
estar exentas de manera limitada.
Esta pretendida neutralidad, sin embargo, se
rompe cuando realizamos operaciones que no
generan el derecho a deducir pero que, sin embargo,
en su realización no se han afectado cuotas
soportadas o bien lo ha sido de manera muy limitada,
de forma tal que las excluimos para hallar el referido
porcentaje con el objeto de alcanzar en grado
máximo la neutralidad que garantiza la configuración
del IVA. Como señala el TJCE, la no inclusión de
determinadas operaciones en el denominador de la
fracción que se utiliza para el cálculo de la prorrata
“tiene por objeto asegurar el respeto del objetivo de
perfecta neutralidad que garantiza el sistema común
del IVA”, añadiendo que de incluir los resultados de
estas operaciones efectuadas por el sujeto pasivo
“que tienen relación con una actividad imponible
tuvieran que incluirse en dicho denominador, aun
cuando la obtención de tales resultados no implique
ningún empleo de bienes o de servicios por los que
2 Sentencia de 8 de febrero de 2007, citada en nota anterior,
apartado 23.
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debe pagarse el IVA o, por lo menos, sólo implique
una utilización muy limitada de estos bienes o servicios,
se falsearía el cálculo de la deducción” 3 .
Se excluyen por ello determinadas operaciones
entre las que se encuentran las financieras, en las
que se centran estos comentarios, con el fin de
exponer algunas de las cuestiones que se plantean
entorno a su inclusión o no en el denominador de
la prorrata, por su carácter no habitual o accesorio.
1.2. Marco normativo
La Ley del IVA no es sino la transposición a nuestro
ordenamiento interno de la Sexta Directiva, lo
que supone que el examen de los preceptos de la
ley debamos hacerlo en primer lugar desde la óptica
de su adecuación con la norma comunitaria,
teniendo muy en cuenta, al respecto, los efectos
que el sistema de fuentes comunitario pueda tener
sobre la regulación interna de cada uno de los Estados
miembros, fundamentalmente por lo que se
refiere al efecto directo de los preceptos contenidos
en las Directivas cuya transposición no haya sido la
adecuada. De otra parte, a la interpretación de la
norma interna ayudará en buena medida la finalidad
y los principios inherentes al sistema común del IVA
que recoge la norma comunitaria así como la interpretación
que de la misma realice el TJCE, máximo
garante jurisdiccional del Derecho comunitario.
El artículo 104. Tres. 4. o , párrafos 1. o y 3. o , de
nuestra norma interna, Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(LIVA), dispone que “para la determinación del
porcentaje de deducción (cálculo de la prorrata) no
se computarán en ninguno de los términos de la
relación”, entre otros, “el importe de las operaciones
inmobiliarias o financieras que no constituyan
actividad empresarial o profesional habitual del
sujeto pasivo” 4 , teniendo la consideración de “operaciones
financieras a estos efectos las descritas en
el artículo 20, apartado uno, número 18 de esta ley,
incluidas las que no gocen de exención” 5 .
Por su parte la norma comunitaria, Directiva
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de
2006, relativa al sistema común del IVA, en su artículo
174. 2, dispone que “para el cálculo de la
prorrata de deducción, se excluirán los siguientes
3 Sentencia del TJCE de 11 de julio de 1996, asunto C-306/94,
Régie dauphinoise.
4 Si bien estos comentarios se centran en las operaciones
financieras, buena parte de ellos serían trasladables a las operaciones
inmobiliarias.
5 El precedente normativo lo encontramos en el artículo 40. 3.
4. o de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, que regulaba el IVA, que
excluía del denominador de la prorrata las operaciones financieras
no típicas para los empresarios o profesionales.

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
importes: (...) b) la cuantía del volumen de negocios
relativa a las operaciones accesorias inmobiliarias
y financieras” 6 .
Basta una lectura de ambos preceptos para
observar la distinta dicción de uno y otro, fundamentalmente
por lo que se refiere a la consideración
de las operaciones financieras en el conjunto de
la actividad del sujeto pasivo, puesto que la norma
española alude a operaciones no habituales, esto es
que no se realizan con habitualidad, mientras que el
precepto comunitario alude a su carácter accesorio.
Cualquiera que sea el término que acojamos, cuestión
que se aborda a continuación, indudablemente
nos encontramos ante lo que en nuestro derecho
interno se conoce como conceptos indeterminados,
de forma que su apreciación exige que deba efectuarse
de manera individualizada, pero en todo caso
atendiendo a los principios inherentes al sistema
común del IVA. Como ha señalado el Tribunal Constitucional
(TC), el “concepto indeterminado o abierto”,
“ha de ser dotado de contenido concreto en
cada caso, mediante la aplicación a sus circunstancias
específicas de los factores objetivos y subjetivos
que sean congruentes con su enunciado genérico” 7 .
2. HABITUALIDAD COMO CONCEPTO
UTILIZADO POR LA NORMA INTERNA
FRENTE A ACCESORIEDAD
2.1. Interpretación de la norma interna de
acuerdo con la norma comunitaria
Como se acaba de apuntar, la primera de las
cuestiones que se suscita al acercarse a la regulación
de las operaciones financieras y la prorrata en el IVA,
surge del empleo de un término en la norma interna
que no es sinónimo del utilizado por la comunitaria.
Sin perjuicio de entrar posteriormente a la delimitación
del concepto de accesoriedad o de operaciones
accesorias, es indudable que el mismo no se corresponde
estrictamente con el de habitualidad, no siendo,
como se acaba de exponer, términos sinónimos.
El artículo 104 de la LIVA exige que las operaciones
financieras no sean habituales, esto es, que se
realicen esporádicamente, y a este requisito podríamos
exigir también el que el empresario no tuviese
una organización o estructura organizativa dispuesta
para la realización de dichas operaciones no habituales,
puesto que la creación de dicha estructura
6 En el mismo sentido, el artículo19, apartado 2, tercera frase,
de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de
1977 (Sexta Directiva).
7 Sentencia del TC de 12 de noviembre de 1996, recurso de
amparo 180/1996.
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ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
implica en buena medida la habitualidad considerada
como ejercicio de una actividad tendente al logro
del fin deseado. En términos análogos, en el sentido
de exigir continuidad, se ha expresado en ocasiones
el Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC), así en resolución de 28 de abril de 2000
(RG3694/98), cuando identifica habitualidad con
que la “actividad se realizó de forma continuada, es
decir, constituyó una práctica ordinaria y frecuente
de la misma y no excepcional” 8 .
Esta no adecuación estricta de la norma interna
con la comunitaria, nos debe hacer plantear la posibilidad
de aplicación directa del precepto comunitario.
El artículo 174. 2 de la Directiva 2006/112/CE
establece una disposición incondicional y suficientemente
precisa y, en este sentido, podría alegarse
frente a la norma interna. Así lo ha reiterado el
TJCE en diversos pronunciamientos 9 .
En cualquier caso, la solución pasa porque nuestra
norma interna no puede separarse de la comunitaria
en forma tal que sea divergente respecto de
esta última, exigiéndose por ello una interpretación
del artículo 104 acorde con la norma comunitaria,
máxime si tenemos en cuenta que nos encontramos
ante un precepto comunitario claro y preciso 10 .
8 Se trataba de un empresario que además de realizar la actividad
de explotación de centros comerciales, publicidad y servicios
diversos, había efectuado operaciones de transmisión de
bienes de inversión (inmuebles), así como operaciones financieras,
préstamos. El TEAC considera que nos encontramos ante
dos sectores diferenciados de la actividad, al considerar las operaciones
financieras como no accesorias de la actividad principal,
constituyendo por mismas un sector diferenciado. Al
plantear el interesado en su reclamación la posibilidad de aplicar
el artículo 104. Tres. 3. o , el TEAC contesta respecto de los
inmuebles enajenados que estamos ante operaciones no habituales
que se excluyen del denominador, pero no así respecto
de las operaciones financieras, que las califica como habituales.
9 Como señala la sentencia del TJCE de 8 de junio de 2006,
Asunto C-430/04, Feuerbestattungsverein Halle (apartado 28)
“es jurisprudencia reiterada que las disposiciones incondicionales
y suficientemente precisas de una directiva pueden ser invocadas
por los particulares, si no se han adoptado dentro del
plazo prescrito medidas de aplicación, contra cualquier disposición
nacional no conforme a la directiva, o en la medida en que
definen derechos que los particulares pueden alegar frente al
Estado de que se trate (véanse, en particular, las sentencias de
19 de enero de 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, apartado 25, y
de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, C
465/00, C 138/01 y C 139/01, Rec. p. I 4989, apartado 98)”.
10 Esta necesidad de integración ha llevado a algunos autores a
interpretar el precepto de nuestra norma interna de acuerdo
con la directiva comunitaria. Así, RAMÓN FALCÓN Y TELLA (“Las
operaciones financieras e inmobiliarias y la prorrata en el IVA”,
Revista Quincena Fiscal, núm. 11, junio 2007, Thomson-Aranzadi,
pág. 5, señala que dentro del concepto de no habitualidad al
que alude la norma española debe recogerse tanto las operaciones
no habituales como las exentas que dan lugar a un IVA
soportado de cuantía muy reducida).

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2.2. La interpretación de la doctrina
administrativa de la Dirección General
de Tributos (DGT)
En diversas ocasiones ha tenido ocasión la DGT
de pronunciarse sobre este problema concreto en
los últimos años. Así, la consulta 1581-01 de 1 de
agosto de 200111 , parte de reconocer la distinta terminología
utilizada por la norma interna, indicando:
“La normativa comunitaria señala, pues, la
exclusión de los términos del porcentaje de prorrata
del importe correspondiente a las operaciones
financieras accesorias para el sujeto pasivo, lo
cual se transpone por el legislador español señalando
la exclusión del citado porcentaje del importe
de las operaciones financieras no habituales.
En relación con esta cuestión, hay que tener presente
que la referencia al carácter accesorio de las
operaciones financieras respecto a su inclusión en el
porcentaje de prorrata no ha de ser analizada en
relación con las operaciones principales que se efectúen
por un empresario o profesional consideradas
aisladamente, sino que la interpretación del precepto
comunitario ha de referirse al carácter accesorio
o no de la actividad financiera desarrollada por el
sujeto pasivo respecto a su actividad principal.
(...) ha de tenerse en cuenta que la redacción
en inglés del artículo 19. 2 de la Sexta Directiva
señala la no consideración, a estos efectos, de las
operaciones a las que atribuye el calificativo de
«incidental», vocablo que se puede traducir como
eventual, incidental o no habitual. Considerando
que cualquiera de las versiones lingüísticas de al
citada directiva tiene la misma validez, según reiterada
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se llega
a la misma conclusión.”
A continuación delimita el concepto de accesoriedad
por referencia al “objeto del tráfico” del
empresario o profesional, delimitando a estos efectos
las consecuencias que pueda tener la obtención
en el tiempo de ingresos financieros de manera
habitual o continuada, apoyándose para ello en la
jurisprudencia comunitaria que cita:
“En estos términos, el carácter accesorio de las
operaciones financieras ha de ser analizado, a
estos efectos, en relación con el «objeto del tráfico»
del empresario o profesional que realice las
operaciones, de forma que «cuando las operaciones
financieras» constituyan para éste una actividad
accesoria, residual o marginal, entonces no se
procederá a incluir el importe correspondiente en
11 Se refiere a una entidad que asocia a otras entidades que
resultan cesionarias en operaciones de cesión sin recurso de
créditos o préstamos, planteándose la exención de las operaciones,
y la inclusión e importe a computar, en su caso, del
importe correspondiente a dichas operaciones en el denominador
del porcentaje de la prorrata.
82
los términos del porcentaje de prorrata. Por el
contrario, cuando el empresario o profesional desarrollo
tanto una actividad principal en cuanto a
su objeto como otra actividad de carácter financiero,
entonces el volumen de negocios correspondiente
a esta segunda habrá de ser considerado a
efectos de deducciones en la forma que proceda.
En la medida en que difícilmente puede concebirse
una actividad que se desarrolla con carácter
principal o sustantivo, no accesorio, y no se hace
de forma habitual, el concepto de accesoriedad
que contiene el precepto comunitario ha de ser
interpretado en este contexto como relativo a la
realización de operaciones que supongan la obtención
de ingresos en el tiempo de forma habitual o
continuada en el tiempo, al margen de la periodicidad
en la suscripción o formalización de los contratos.
(...) Debe añadirse que este Centro Directivo,
por lo que se refiere al cómputo de las operaciones
financieras habituales o no a efectos de determinar
la prorrata de deducción, ha señalado
reiteradamente que la habitualidad en la realización
de operaciones financieras en cuestión vendrá
determinada por la realización continuada, es
decir, por la práctica ordinaria y frecuente de tales
operaciones financieras, lo cual ha de entenderse
cumplido tanto cuando el número de operaciones
es suficientemente elevado como para considerar
que se realizan frecuentemente como cuando el
número de operaciones es menor pero la magnitud
y periodicidad de los ingresos es tal que su significado
económico es equivalente al de un
número de operaciones mayor con un importe
menor para cada una de ellas. Tanto en uno como
en otro caso, la utilización de los medios ordinarios
afectos a la actividad empresarial o profesional
es evidente, por lo que la citada doctrina ha de
considerarse conforme con la jurisprudencia señalada
por referencia a los conceptos de accesoriedad
y afectación, tal como se ha expuesto.” 12
12 En el mismo sentido se pronuncian: la consulta 1425-00 de 1
de agosto de 2000 (que cita a su vez las consultas de 8 de febrero
de 1998, de 12 de abril de 1995 y de 2 de febrero de 1996),
que trata de una entidad que se dedica a la realización de operaciones
de arrendamiento financiero, y tiene prevista la titulación
de una parte de los derechos de crédito de los que es titular por
sus operaciones. La consulta 1754-03 de 29 de octubre de 2003,
relativa a una entidad que recibe intereses por la financiación que
concede a otras entidades residentes en la Unión Europea o
fuera de ella, intereses por depósitos dinerarios en entidades
financieras españolas, intereses por los saldos que transfiere a
una cuenta centralizada que la entidad matriz de la que depende
tiene abierta en una entidad financiera, también recibe dividendos
procedentes de la tenencia de participaciones en sociedades
extranjera, y paga intereses a entidades residentes en la Unión
Europea por los préstamos que recibe de éstas. Finalmente, la
consulta 0087-04 de 29 de enero de 2004, referida a una sociedad
de desarrollo industrial que también realiza operaciones de
préstamos y avales a las empresas a las que apoya.

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
Las conclusiones a las que llega la DGT son precisas.
Así:
a) Respecto a las operaciones de aplazamiento
y cesiones de créditos o préstamos concedidos
con ocasión de dichos aplazamientos, señala:
“Tanto las operaciones de aplazamiento efectuadas
por empresarios o profesionales como las
cesiones de los créditos o préstamos concedidos
con ocasión de dichos aplazamientos, en cuanto se
efectúen teniendo por base u objeto los recursos
que se generan por la actividad empresarial o profesional
típica o característica de dichos empresarios
o profesionales, habrán de computarse a los
efectos de determinar su porcentaje de prorrata.
(...) la realización habitual de operaciones de
financiación o aplazamiento en el cobro de la contraprestación
por las entregas de bienes o prestaciones
de servicios efectuadas por empresarios o
profesionales, en cuanto que la misma se efectúe
con créditos procedentes de la actividad propia de
dicho empresario o profesional, dará lugar a la
inclusión de los importes correspondientes en el
denominador del porcentaje de prorrata (...).
(...) Las anteriores conclusiones son igualmente
aplicables a quienes, habiendo efectuado operaciones
de aplazamiento que deban incluirse en el
denominador del porcentaje de prorrata, procedan
a la cesión de los créditos o préstamos concedidos,
ya que se trata de operaciones financieras
efectuadas mediante la utilización de medios afectos
a la actividad.”
b) En relación a operaciones financieras efectuadas
por entidades dedicadas al arrendamiento
financiero, ha concluido:
“En la medida en que la entidad consultante
tiene por objeto la realización de operaciones de
arrendamiento financiero, se debe entender que
para ella las operaciones financieras son habituales
(…) por lo que no cabría la aplicación del artículo
104. Tres. 4. o de la Ley 37/1992, debiendo por
tanto computarse la titularización de activos.” 13
c) En cuanto a intereses, manifiesta:
“(...)las cantidades a que se refieren las letras a) y
b) de la descripción de los hechos (intereses por la
financiación que concede una sociedad a otras entidades
residentes en la Unión Europea e intereses
por depósitos dinerarios en entidades financieras
españolas), en la medida en que tengan su origen en
fondos afectos a la actividad que desarrolla la consultante
y puedan ser considerados como la prolongación
permanente, directa y necesaria de dicha
actividad, habrán de ser computadas para la determinación
de la prorrata de deducción de la consulta.
Las cantidades a que se refiere la letra c) (intereses
por los saldos que transfiere una sociedad a
13 Consulta 1450-00, citada en nota anterior.
83
ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
una cuenta centralizada que la entidad matriz de la
que depende la consultante tiene abierta en una
entidad financiera), ha de decirse que las mismas
no suponen la percepción de ingreso alguno para
la entidad consultante, constituyendo para ésta
partidas de gastos. En consecuencia, dichas cantidades
no han de computarse en ningún caso para
el cálculo de la prorrata de deducción (...).” 14
d) También ha tratado la cuestión de los dividendos,
y, en base a la sentencia del TJCE de 14 de
noviembre de 2000, asunto C-142/99, Floridienne y
Berginvest 15 , ha señalado:
“(...) los dividendos que se perciben por parte
de la entidad consultante, en la medida en que
procedan de entidades participadas a las que la
referida entidad consultante no presta servicio
alguno que deba ser considerado como una intervención
en su gestión, no han de ser computados
para la determinación de la prorrata de deducción
de la consultante.
En caso contrario, esto es, en el supuesto de
que sí se presten los referidos servicios de intervención
en la gestión de las sociedades participadas,
entonces los dividendos que se reciban de las
mismas, en la medida en que puedan ser considerados
como contraprestación de los servicios prestados
por al entidad consultante a sus sociedades
participadas, habrían de computarse para la determinación
de la citada prorrata de deducción.” 16
e) Finalmente, por lo que se refiere a la transmisión
de participaciones y los beneficios o pérdidas
obtenidas, la DGT ha examinado la cuestión en
la consulta 0087-04 de 29 de enero de 2004. De
los antecedentes que se exponen en ella, una
sociedad de desarrollo industrial obtenía beneficios
procedentes de la venta de participaciones en el
capital de empresas apoyadas. Reconocía contablemente
en un ejercicio la pérdida financiera que le
14 Consulta 1754-03, citada en nota anterior.
15 Se trataba de dos sociedades holding que afirmaban intervenir
directa o indirectamente en la gestión de sus filiales, prestándoles
fundamentalmente servicios administrativos, contables e
informáticos, y concediéndoles préstamos de financiación. La
sentencia considera que, en principio, las sociedades holding
cuyo único objeto es la adquisición de participaciones en otras
empresas, sin intervenir directa o indirectamente en la gestión
de las mismas no tienen la condición de sujetos pasivos. No obstante,
añade que el supuesto es distinto cuando la participación
va acompañada de la referida intervención, pues la misma debe
considerarse como una actividad económica en la medida en
que implica la realización de operaciones sujetas al IVA y por
ello, “para que la percepción de los dividendos distribuidos por
las filiales a la sociedad holding que interviene así en la gestión de
éstas se encuentre comprendida en el ámbito de aplicación del
IVA, se requiere además que dichos dividendos puedan considerarse
una contraprestación de la referida actividad económica,
lo que presupone una relación directa entre la actividad ejercida
y el contravalor recibido”.
16 Consultas 1754-03 y 0087-04, citadas en nota anterior.

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
ocasionaba la venta a plazos (sin intereses sobre el
capital aplazado) de participaciones en el capital
social y en los años sucesivos registraba ingresos
financieros por la reversión de dicha pérdida. Asimismo,
recibía ingresos por la diferencia entre el
precio de venta de las participaciones y el valor
nominal de las mismas, imputados a ingresos del
ejercicio desde la fecha inicial de la participación y
hasta la fecha de venta (cobro efectivo), en función
de su devengo. Pues bien, la DGT, respecto de los
tres puntos anteriores les da el mismo tratamiento
y conclusiones que respecto de los dividendos.
Por ello, tanto unos ingresos (los dividendos)
como otros (transmisión de participaciones), en la
medida que deban considerarse obtenidos en el
desarrollo de una actividad empresarial o profesional,
deben entenderse contraprestaciones de operaciones
financieras exentas y ser computados para
calcular la prorrata de deducción.
2.3. Interpretación efectuada por la
doctrina del TEAC
Pocas ocasiones ha tenido el TEAC de examinar
el problema que se suscita y ha identificado habitualidad
esencialmente con continuidad en las prestaciones.
Así, en la resolución de 28 de abril de
200017 , concluye que “esta actividad (se refiere a la
concesión de préstamos) se realizó de forma continuada,
es decir, constituyó una práctica ordinaria
y frecuente de la misma y no excepcional, por lo
que han de computarse los ingresos derivados de la
misma para determinar el porcentaje de deducción
aplicable a las cuotas soportadas en los bienes y
servicios utilizados en las distintas actividades desarrolladas
por el sujeto pasivo”.
No obstante, en la resolución de 27 de octubre
de 2004 (RG 3251/02) 18 , analiza la nota de habitua-
17 Citada en nota anterior.
18 Se examinaba el supuesto de una sociedad que realizaba,
además de la actividad inmobiliaria, la consistente en la concesión
de aplazamientos en el pago del precio, teniendo en cuenta
que dicho aplazamiento se refiere a un período de tiempo
posterior a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios.
Según el TEAC esta última constituye una prestación de
servicios exenta en virtud de lo establecido en el artículo 20.
Uno. 18. c) de la Ley 37/1992, al tratarse de una concesión de
un crédito. Recuerda que un proveedor de bienes o prestador
de servicios que autoriza a su cliente a aplazar el pago del precio,
mediante el pago de intereses, concede, en principio, un
crédito exento a efectos de dicha disposición. No obstante,
cuando un proveedor de bienes o prestador de servicios permite
a su cliente un aplazamiento del pago del precio, mediante
el pago de intereses, solamente hasta la entrega, dichos
intereses no constituyen la remuneración de un crédito, sino un
elemento de la contraprestación obtenida por el suministro de
los bienes o la prestación de servicios.
84
lidad bajo el prisma de la interpretación jurisprudencial
del TJCE, en concreto la sentencia de 11
de julio de 1996, asunto C-306/94, Régie dauphinoise,
vinculando “el carácter habitual o accesorio
de las operaciones financieras al hecho de que las
mismas constituyan una prolongación directa, permanente
y necesaria de la actividad imponible del
sujeto pasivo, circunstancias que cabe apreciar en
la concesión de aplazamientos en el pago de las
ejecuciones de obra efectuadas por el reclamante,
en atención al número de operaciones realizadas, y
al elevado volumen de ingresos obtenidos. En
atención a las anteriores circunstancias parece lógico
concluir, de acuerdo con el razonamiento recogido
por la anterior sentencia en su apartado 21,
que el desarrollo de la actividad financiera consistente
en la concesión de aplazamientos en el pago
por parte de la entidad implicó el empleo de bienes
o de servicios por los que debió pagar el IVA,
sin que dicha utilización pueda calificarse como
«muy limitada», por lo que la inclusión de los rendimientos
obtenidos en el denominador de la prorrata
no supone falsear el cálculo de la misma, sino
todo lo contrario, respetándose el objetivo de perfecta
neutralidad que garantiza el sistema común
de IVA”.
2.4. Jurisprudencia interna relativa al
artículo 104. Tres. 4. o de la Ley del IVA
También la jurisprudencia se ha pronunciado en
algunas ocasiones sobre el tema que nos ocupa,
fundamentalmente la Audiencia Nacional (AN). La
sentencia de 8 de noviembre de 2004 19 , si bien no
se refiere a las operaciones financieras sino a las
inmobiliarias, analiza el concepto de “habitualidad”,
aunque no obstante, hemos de puntualizar que el
supuesto específico en el que se comprende no
lleva a conclusiones que puedan generalizarse 20 . En
este caso la AN concluye en la inclusión de la operación
inmobiliaria en el denominador de la prorrata
al considerar que la habitualidad no se
corresponde con “numerosas”, ya que puede realizarse
una operación una sola vez y ser considerada
dentro de la actividad empresarial o profesional
“habitual”, cuando además como ocurría en este
caso el objeto social del sujeto pasivo era la compraventa
de inmuebles. Esto es, caracteriza la habi-
19 Recurso 38/2002.
20 Se trataba de una persona jurídica cuyo objeto social era la
compra y venta de fincas urbanas, solares, terrenos rústicos, así
como operaciones de venta, permuta y arrendamiento de edificaciones,
viviendas y locales para comercio e industria. En el
ejercicio comprobado por la Administración Tributaria había
arrendado locales y efectuado entregas de fincas rústicas por lo
que aplicaba la regla de prorrata.

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
tualidad identificándola con el objeto social de la
entidad sujeto pasivo del impuesto21 .
Relativas a las operaciones financieras destacan
otras tres sentencias de la AN. Las dos primeras se
refieren al mismo sujeto pasivo planteándose las
mismas cuestiones. Se trata de las sentencias de 24
de febrero de 2005 y 20 de octubre de 200522 . Se
trataba de una cadena de productos de alimentación
que satisfacía sus obligaciones mediante la
entrega de pagarés con vencimiento a uno o varios
meses mientras que las mercancías adquiridas con
esos pagarés eran objeto de venta al público al contado
con una rápida rotación en el almacén, generando
por ello una suficiente liquidez temporal
entre el cobro al contado y el vencimiento del
pagaré que utilizaba en préstamos de diversas
especie que daban origen a unos ingresos financieros23
. Tomando como referencia la sentencia del
TJCE de 14 de diciembre de 2000, asunto C-
142/99, sin embargo expresamente indica que llega
a una conclusión distinta a la del TEAC, considerando
que no realiza operaciones financieras en el sentido
del artículo 20. Uno. 18. o y por ello no procede
su inclusión en el denominador. Razona que “dada
la condición de comercio de venta al pormenor
predicable de la actividad llevada a cabo por la hoy
actora y el sistema de cobros y pagos a que antes
se ha hecho referencia, es claro que son generados
21 Para J. A. CÍVICO MALDONADO (“Deducción de cuotas de IVA:
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero
de 2006”, Revista de Contabilidad y Tributación, CEF, número
281-282, agosto y septiembre de 2006, págs. 131 y ss.), la inclusión
de la operación en el denominador de la prorrata no se
produce por la habitualidad, al ser un único evento en el ejercicio,
sino que tal inclusión tiene lugar por la interpretación a
contrario de la indicación comunitaria en el sentido de excluir
las operaciones accesorias.
22 Recursos 221/2003 y 218/2003 respectivamente. La AN
parte de considerar que el centro de gravedad no es otro que
la determinación de si las inversiones se realizan o no en el ejercicio
de la actividad empresarial. Aun considerando que en
“nuestro ordenamiento jurídico las operaciones financieras
como actividad empresarial propia y específica queden circunscritas,
(...), a las entidades que bajo la denominación genérica de
«establecimientos de crédito» (...) es claro que la actora no
puede ser conceptuada” como tal. Ahora bien, “una cosa es que
una determinada operación esté reservada a determinadas entidades
y prohibida a las que no reúnan los requisitos legales y
otra distinta que pese a tal prohibición una determinada entidad
realice determinadas operaciones. Y es desde esta óptica desde
la que cabría examinar el modus operando de la recurrente”.
23 . La Administración Tributaria y también el TEAC (resolución
de 2 de julio de 2003 (R. G. 4987/01) habían considerado que
se trata de operaciones financieras aunque la sociedad no fuera
una entidad de crédito y ello, porque estimaban que las inversiones
realizadas constituían una prolongación directa, permanente
y necesaria de la actividad mercantil sujeta y no exenta,
cumpliendo así los requisitos exigidos por la doctrina del TJCE.
85
ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
continuos excesos de tesorería por el propio sistema
de funcionamiento y sin perder la naturaleza de
comerciante de venta al pormenor. Dichos en
otros términos, resulta perfectamente admisible
que un minorista busque el mejor sistema de financiación
de sus compras y el más rápido sistema de
cobro (al contado) de sus ventas, sin que ello desvirtúe
su propia condición de comerciante minorista;
y si ello es así nada impide que esa liquidez sea
invertida con arreglo a criterios de búsqueda de la
mayor rentabilidad, sin que ello le haga perder su
condición de inversión privado; ya que en sí mismo
no puede entenderse que esa búsqueda de la
mayor rentabilidad en los excesos de tesorería, que
por el sistema de funcionamiento, es constante, se
transforme en un objetivo empresarial ad hoc, sino
que se mantiene, salvo que en su mecánica operativa
de concesión de préstamos actuara o procediera
al modo que lo hacen las entidades de crédito (lo
cual según las conclusiones de la propia Administración
dista mucho de ser así), en la gestión de una
cartera de inversiones propia de un inversor privado,
máxime cuando los más significativos de los
préstamos lo son a las propias filiales del Grupo
empresarial que es lo que, según el criterio del Tribunal
de Luxemburgo, impide su calificación como
operaciones financieras propiamente dichas”.
La AN por ello, no llega a delimitar el concepto de
“habitualidad” en referencia a las operaciones financieras,
puesto que se ha quedado en un paso previo,
que no es otro que la consideración o no como actividad
económica de las operaciones financieras realizadas
por la entidad. En este caso, al estimar que no
se configura como una actividad empresarial, sino
como gestión del propio patrimonio o como una
“cartera de inversión propia de un inversos privado”,
la califica como de actividad no sujeta, lo que lleva a
su exclusión del denominador de la prorrata.
La sentencia de 3 de noviembre de 200624 , en
un supuesto en el que examinaba las relaciones
financieras entre empresas del mismo grupo, la AN
parte de que el artículo 102 de la LIVA “no distingue
entre habitual u ocasional, distinción que tampoco
utiliza la Ley para describir las operaciones
gravadas de las que no lo están”. En función de esta
premisa, concluye que lo importante es “que la
actividad económica ha de estar integrada en el
24 Recurso 49/2005. Se trataba de dilucidad si debían integrarse
en el denominador de la prorrata los ingresos por valores en
renta fija, rentabilidad por intereses bancarios y diferencias positivas
de cambio y por intereses de préstamos a las filiales. El TEAC
en la resolución que había motivado el recurso contencioso-administrativo
había considerado que estábamos ante una actividad
económica habitual que debía integrarse en el denominador de la
prorrata (resolución de 15 de diciembre de 2004, RG 4454/02).

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
ámbito de la actividad económica de la sociedad, se
realice de forma habitual u ocasional”.
También en esta ocasión la AN toma en consideración
la sentencia anteriormente citada del TJCE y
añade la de 22 de junio de 1993, asunto C-333/91,
para determinar con carácter previo si las operaciones
financieras constituyen una actividad económica
o por el contrario estamos ante operaciones no sujetas
que en ningún caso se integrarán en el denominador
de la prorrata. Pues bien, la AN, en base a las
declaraciones finales de estas dos sentencias25 , que
expresamente recoge, sin mayor razonamiento estima
el recurso en este extremo, considerando que
“los intereses abonados en razón de los préstamos
concedidos a las filiales no se incluyen en el denominador
de la prorrata pues no ha resultado acreditado
que dicha actividad constituya actividad económica
de la sociedad holding. En cuanto a los ingresos procedentes
de rendimiento de intereses, diferencias
positivas de cambio y rendimiento de participaciones
en renta fija han de excluirse igualmente del denominador
de la prorrata en aplicación de la doctrina
declarada en la sentencia de 22 de junio de 1993”.
No efectúa por tanto la AN un examen de las
operaciones financieras desde el punto de vista de
la accesoriedad o habitualidad de las mismas, puesto
que examina el requisito previo a exigir, como es
si constituyen o no una actividad económica.
3. LAS DIVERSAS ACEPCIONES DEL
CONCEPTO DE ACCESORIEDAD EN EL
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
3.1. Algunos supuestos contemplados en la
normativa
No sólo en el artículo 104 de nuestra norma
interna se recoge el concepto de accesoriedad, si
25 Conforme a la sentencia de 22 de junio de 1993, “las disposiciones
del apartado 1 del artículo 19 de la Sexta Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, (...), debe
interpretarse en el sentido de que los dividendos de acciones
percibidos por una empresa que no es sujeto pasivo del IVA por
el conjunto de sus operaciones deben excluirse del nominador
de la fracción utilizada para el cálculo de la prorrata de deducción”.
Y según la sentencia de 14 de noviembre de 2000, “el artículo
19 de la Directiva 77/·88/CEE (...) debe interpretarse en el
sentido de que procede excluir del denominador de la fracción
utilizada para el cálculo de la prorrata de deducción: por una
parte, los dividendos distribuidos por sus filiales a una sociedad
holding que es sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido
por otras actividades y que presta a dichas filiales servicios de
gestión y, por otra parte, los intereses abonados por estas últimas
a la sociedad holding en razón de los préstamos que la
misma les concedió, cuando dichas operaciones de préstamos
no constituyen una actividad económica de la sociedad holding,
en el sentido del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva”.
86
por tal interpretamos el término de “habitualidad”,
a efectos de su consideración en el IVA.
Basta recordar así como el artículo 9 de la
LIVA, en la delimitación de los sectores diferenciados
que concurren en el conjunto de actividades
desarrolladas por un sujeto pasivo, y a efectos de
concretar las distintas actividades económicas que
tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE),
considera que a pesar de ello, no se reputará como
actividad distinta (a pesar de tener grupo diferente
en la CNAE) la “actividad accesoria a otra”, cuando
además concurran las circunstancias que exige
el precepto. Estas actividades accesorias seguirán
el régimen de las actividades de las que dependan,
y la LIVA delimita este concepto de accesoriedad
por dos notas: que el volumen de las operaciones
incluidas en la actividad accesoria en el año precedente
no exceda del 15 por 100 del de la actividad
de la que dependan; y además debe contribuir a su
realización. Son pues estos dos elementos los que
configuran el concepto de accesoriedad de una
actividad económica de la CNAE respecto de otra
distinta recogida en grupo diferente de la clasificación.
También los artículos 78 y 79 de la LIVA, cuando
determinan los conceptos a incluir en la base
imponible se refieren a la accesoriedad. Se diferencia
de la acepción anterior porque aquí la ley se
refiere a operaciones individualizadas, y no a las
actividades que realiza el sujeto pasivo, descendiendo
por tanto a un ámbito reducido a cada operación
concreta. Así el artículo 78. Dos. 1. o cuando
fija los conceptos a incluir en la contraprestación
de las operaciones, dispone que entre ellos estarán
los gastos de comisiones, portes y transporte,
seguros, primas por prestaciones anticipadas y
cualquier otro crédito efectivo a favor de quien
realice la entrega o preste el servicio, “derivado de
la prestación principal o de las accesorias a la
misma” 26 . Con ello nos quiere expresar que las
entregas o prestaciones accesorias a la operación
principal seguirán el régimen de la misma, ratificándolo
más adelante el artículo 79. Dos al referirse a
las entregas o prestaciones diversas por precio
único y excluir de este supuesto concreto de
determinación de la base imponible a los bienes y
servicios que “constituyan el objeto de prestaciones
accesorias de otra principal sujeta al impuesto”
en cuanto siguen a la principal.
26 La Directiva 2006/112/CE resulta más explícita y en su artículo
78 establece que quedan comprendidos en la base imponible
“los gastos accesorios”, añadiendo que los “Estados miembros
podrán considerar como gastos accesorios los que sean
objeto de pacto especial entre las partes”.

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
El concepto de operación accesoria a otra principal
ha sido delimitado en reiteradas ocasiones por
el TJCE de manera uniforme, y así en la sentencia de
14 de junio de 2007, asunto C-434/05, Horizon
Collage (apartado 29), señala que “de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia se desprende que una
prestación puede ser considerada accesoria de una
prestación principal cuando constituye no un fin en
sí, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones
del servicio principal (véanse, en este sentido,
las sentencias de 22 de octubre de 1998, Madgett y
Baldwin, C 308/96 y C 94/97, Rec. p. I 6229, apartado
24; CPP, antes citada, apartado 30; Dornier, antes
citada, apartado 34, e Ygeia, antes citada, apartado
19)” 27 , y así lo ha recogido también nuestra doctrina
interna, tanto de la DGT como del TEAC.
3.2. No equivalencia de las acepciones
recogidas en la norma
Como acabamos de ver la normativa reguladora
del IVA, bien interna o comunitaria, recoge en diversos
preceptos el término de “accesorio”, debiendo
plantearse si tratándose de un concepto único
puede ser interpretado de manera divergente.
En su sentido literal, por el adjetivo accesorio
hemos de entender lo que depende de lo principal
o se le une por accidente, siendo lo secundario, lo
no principal28 y, por ello, lo accesorio deberemos
delimitarlo por referencia a lo principal. Es lo principal
lo que nos permitirá en última instancia conocer
el ámbito de lo accesorio29 .
Basta para ello tener en cuenta los dos supuestos
a los que acabamos de aludir que recoge la
LIVA. El primero, para concretar los sectores diferenciados,
alude a la accesoriedad respecto de una
actividad realizada por el empresario o profesional,
mientras que el segundo, que fija la magnitud en
que se concreta la base imponible, la accesoriedad
se refiere a las operaciones o gastos accesorios de
27 En el mismo sentido, y citando la jurisprudencia del TJCE, se
ha pronunciado en las sentencias de 27 de octubre de 2005,
asunto C-41/02, Levob Verzekeringen y O. V. Bank, o de 3 de julio
de 2001, asunto C-380/99, Bertelsmann.
28 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,
vigésima edición, 1984. En las conclusiones del Abogado General
Sr. PHILIPE LÉGER al asunto C-77/01, Empresa de Desenvolvimento
Mineiro SA, presentadas el 12 de septiembre de 2002,
señalaba en el mismo sentido que con este adjetivo “se designa
lo que acompaña o sucede a lo principal”, por referencia al Diccionario
de la Lengua Francesa.
29 El Abogado general, en las conclusiones citadas en la nota
anterior, concluye que el carácter accesorio vendrá determinado
por dos circunstancias: debe existir una relación con la actividad
principal (aspecto cualitativo) y no puede ser más importante
(aspecto cuantitativo).
87
ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
una operación concreta y no de la actividad. Por
ello, si bien el núcleo del concepto de accesoriedad
es el mismo en cuanto depende de lo principal
(resulta ser en un caso la actividad realizada por el
sujeto pasivo y en otro cada una de las operaciones
concretas que efectúa), sin embargo su delimitación
debe venir referenciada al elemento principal
del que depende.
Esto mismo hemos de plantearlo respecto del
artículo 104. Tres. 4. o de la LIVA si partimos de que
por no habitualidad debemos considerar accesoriedad.
Así, trasladando el término comunitario a la
norma interna, ésta excluiría del denominador de
la prorrata el importe de las operaciones financieras
que fueran accesorias en la actividad o de la
actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo,
pero teniendo en cuenta además que el precepto
se encuentra incardinado dentro de aquellos
que fijan el impuesto soportado por el sujeto pasivo
que será deducible. Esto es, en última instancia
se pretende determinar las cuotas deducibles, pero
esta delimitación debe estar presidida por el principio
de neutralidad fiscal como eje central del sistema
impositivo del IVA, si bien, como sabemos,
ante la imposibilidad de que cuando el sujeto pasivo
afecte cuotas a actividades u operaciones que
generan el derecho a deducir y otras que no lo
generan pueda concretarse de manera razonable el
grado de utilización a unas y otras, la norma acude
a este sistema de prorrata general que fija el porcentaje
de deducción no en proporción a su afectación
o utilización en uno u otro grupo de
actividades (las que generan y las que no generan el
derecho a deducir) sino en función del volumen de
operaciones realizado en cada uno de estos grupos,
lo que tergiversa de alguna manera el resultado
ideal que deberíamos obtener para alcanzar
plenamente la neutralidad fiscal.
4. INTERPRETACIÓN EFECTUADA POR LA
JURISPRUDENCIA DEL TJCE
4.1. La sentencia de 11 de julio de 1996
Como reconoce el Abogado General, la directiva
comunitaria “no define el concepto de «operaciones
accesorias»” 30 por lo que, en nuestro caso,
nos vemos abocados a examinar si ha sido interpretado
por el TJCE.
La sentencia de 11 de julio de 1996, asunto C-
306/94, Régie dauphinoise, supone el primer acer-
30 Conclusiones presentadas el 12 de septiembre de 2002,
citadas en nota anterior (apartado 86), añadiendo que “hasta
hoy, tampoco el Tribunal de Justicia lo ha definido”.

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
camiento al concepto de accesoriedad o de operaciones
accesorias financieras a efectos de delimitar
si deben o no incluirse en el denominador de la
prorrata. Se trataba de un administrador de fincas
que obtenía ingresos financieros por el depósito de
las cantidades o provisiones de fondos que le confiaban
sus clientes (los propietarios y los arrendatarios
de las fincas que administraba). Se convertía en
propietario de los fondos desde que éstos se ingresaban
en su cuenta y estaba obligado a devolverlos,
pero adquiría los rendimientos de los depósitos,
que representaron alrededor del 14 por 100 de sus
ingresos anuales totales.
El TJCE lleva a cabo una delimitación negativa
del concepto “operaciones accesorias” en base a
dos consideraciones. La primera, recogiendo las
conclusiones del Abogado General31 , y teniendo en
cuenta el principio de neutralidad fiscal que garantiza
el sistema común de IVA, analiza los medios
utilizados para la obtención de los resultados financieros:
“si todos los resultados de las operaciones
financieras del sujeto pasivo que tienen relación
con una actividad imponible tuvieran que incluirse
en dicho denominador, aun cuando la obtención de
tales resultados no implique ningún empleo de
bienes o de servicios por los que debe pagarse el
IVA o, por lo menos, sólo implique una utilización
muy limitada de estos bienes o servicios, se falsearía
el cálculo de la deducción” 32 .
No se tienen en cuenta así los resultados o los
ingresos que se obtienen de las operaciones financieras,
sino el empleo de los medios, su cuantificación
en proporción al total, del sujeto pasivo, de
forma tal que la utilización insignificante o reducida
de los mismos para obtener los ingresos financieros
debe permitir la no inclusión en el denominador de
la prorrata, a efectos de no falsear el porcentaje de
prorrata aplicable. Si estos medios utilizados para
obtención de los ingresos financieros no tienen
relevancia, la inclusión del volumen de operaciones
financieras exentas en el denominador de la prorrata
puede ser contraria al principio de neutralidad en
cuanto podríamos obtener una desproporción
inaceptable que reduciría el impuesto soportado
deducible más allá de lo que es deseable, puesto
que la regla ideal sería aplicar la deducibilidad en
función de la afectación de las cuotas.
Esto es, la regla general que el sistema común
del IVA establece es que las operaciones exentas
no generan el derecho a la deducción, pero el principio
de neutralidad fiscal que preside este sistema
común del IVA, exige que las operaciones financie-
31 Apartado 39 de las Conclusiones del Abogado General.
32 Apartado 21 de la sentencia.
88
ras que tratamos no se incluyan en el denominador
de la fracción a efectos de calcular la prorrata a la
que queda sometido el sujeto pasivo, no reduciendo
el derecho a la deducción, por cuanto se presume
que el volumen de gastos gravados afectos o
utilizados en la realización de estas operaciones ha
sido muy escaso o reducido en relación con la actividad
principal de la que resultan accesorios.
En segundo lugar, concreta esta definición negativa,
al señalar el TJCE en la sentencia citada que una
actividad que constituye la prolongación directa, permanente
y necesaria de la actividad imponible del
sujeto pasivo no puede considerarse, por esencia,
como operación a accesoria y concluye en la inclusión
de los intereses de los depósitos en el caso examinado
en el denominador de la prorrata33 . Para el
sujeto pasivo en el supuesto analizado por la sentencia,
el rendimiento financiero derivaba de los fondos
recibidos por sus clientes (los propietarios y arrendatarios)
y en este sentido, la utilización de estos
recursos económicos para obtener los ingresos
financieros suponen la prolongación a la que aludimos,
lo que unido a la primera consideración o finalidad
del precepto expuesta (el falseamiento en el
cálculo de la prorrata como consecuencia de la escasa
utilización de las cuotas soportadas en las operaciones
exentas) le lleva al TJCE a determinar que el
sujeto pasivo no realiza una actividad accesoria34 .
A precisar este último elemento se encamina
también la sentencia del TJCE de 14 de noviembre
de 2000, asunto C-142/99, Floridienne y Berginvest.
El supuesto examinado en la sentencia se refería al
33 Conforme al apartado 22 de la sentencia: “no obstante, procede
recordar que los depósitos de las empresas de administración
de fincas tienen su origen en las provisiones de fondos que
les confían los copropietarios y arrendatarios cuyas fincas administran.
De acuerdo con sus clientes, estas empresas pueden
depositar tales cantidades, por su propia cuenta, en entidades
financieras. De esta manera, como ha señalado el Tribunal de
Justicia en el apartado 18 de la presente sentencia, la percepción
de los intereses producidos por dichos depósitos constituye
la prolongación directa, permanente y necesaria de la
actividad imponible de las empresas de administración de fincas.
Por consiguiente, estos depósitos no pueden calificarse de
operaciones accesorias en el sentido del apartado 2 del artículo
19 de la Sexta Directiva y su cómputo en el cálculo de la prorrata
de deducción no puede afectar a la neutralidad del sistema
del Impuesto sobre el Valor Añadido”.
34 Para F. JAVIER SÁNCHEZ GALLARDO (“La jurisprudencia del Tribunal
de Luxemburgo sobre acciones y otras participaciones financieras
y el IVA. Comentario a las sentencias de 29 de abril de
2004 y de 26 de mayo de 2005”, Carta Tributaria, Monografías,
CISS, núm. 12/2005, 2. a quincena de junio), el TJCE en esta ocasión
tuvo en cuenta la utilización de las cuotas soportadas y su
afectación a la actividad exenta, en el sentido de considerar que
existió una utilización suficiente de los medios afectos al patrimonio
empresarial del sujeto pasivo, lo que determina la inclusión en
el denominador de la prorrata de las operaciones financieras.

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
cálculo de la prorrata en cuanto al examen de las
operaciones financieras no sujetas que no deben
incluirse en el denominador (dividendos e intereses
abonados por las empresas filiales a la sociedad
holding en razón de los préstamos que la misma les
concedió). El TJCE concluyó que estos dividendos
distribuidos por sus filiales a la holding y los intereses
citados cuando los mismos no constituyan una
actividad económica de la sociedad holding, no
deben incluirse en el denominador de la prorrata.
Sin embargo no es la conclusión de la sentencia lo
que nos interesa, sino alguno de los razonamientos
seguidos por el Tribunal respecto de los intereses
abonados para delimitar correctamente este elemento
que ahora examinamos.
Así, considera en primer lugar que los rendimientos
obtenidos por las operaciones financieras
en cuanto resultan de la mera o simple propiedad
de los bienes no deben incluirse en el denominador
de la prorrata puesto que no constituyen una actividad
económica. Si se incluirán por el contrario
cuando constituyan la contraprestación de la puesta
a disposición a un tercero de un capital35 , añadiendo
que para quedar sujetas al IVA las
operaciones de préstamo entre la entidad holding y
las filiales, o bien se trata de una actividad económica
del operador, o bien la prolongación directa,
permanente y necesaria de una actividad sujeta al
impuesto y, en ambos casos quedará sujeta al
impuesto. No obstante vuelve a efectuar una precisión
concordante con la sentencia Régie dauphinoise,
puesto que si se trata de operaciones
accesorias en el sentido del artículo 19, apartado 2
de la Sexta Directiva (actual art. 174. 2 de la Directiva
2006/112/CE) se excluirán del cálculo de la
prorrata36 .
35 “(...) procede señalar que el Tribunal de Justicia ha estimado,
en el caso de los intereses percibidos por una empresa de administración
de fincas en concepto de remuneración de depósito,
efectuado por su propia cuenta, de los fondos entregados por
los copropietarios o los arrendatarios, que tales intereses no
pueden excluirse del ámbito de aplicación del IVA, ya que el pago
de los mismos no resulta de la simple propiedad del bien, sino
que constituye la contraprestación de la puesta a disposición de
un tercero de un capital (sentencia de 11 de julio de 1996, Régie
dauphinoise, C-306/94, apartado 17)” (apartado 26).
36 Apartado 27 de la sentencia: “Dado que el artículo 2, apartado
1, de la Sexta Directiva excluye en efecto del ámbito de
aplicación del IVA las operaciones en que el sujeto pasivo no
actúa como tal, la sujeción al IVA de operaciones de préstamo
como las que se contemplan en el asunto principal presupone
que las mismas constituyan, o bien una actividad económica del
operador contemplada en el artículo 4, apartado 2, de la Sexta
Directiva, o bien la prolongación directa, permanente y necesaria
de una actividad sujeta al impuesto, sin ser no obstante operaciones
accesorias a esta última, en el sentido del artículo 19,
apartado 2, de dicha Directiva”.
89
ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
Ahora bien, debe precisarse que el concepto de
“prolongación directa, permanente y necesaria” al
que acude el TJCE no se recoge en la normativa
comunitaria, en la que es el ejercicio de una actividad
económica por un sujeto pasivo que actúa como tal
lo que da lugar a la aplicación del IVA. Este es motivo
más que suficiente para llevar a cabo una interpretación
restrictiva de este concepto, ajeno a la
directiva comunitaria, que debería asimilarse a la
continuación de la actividad económica imponible del
sujeto pasivo, de forma que dicha continuidad, además
de resultar lógica, sea indisociable a la misma.
Por ello cuando resulta que no pueda concebirse
desde un punto de vista económico que la actividad
financiera sea independiente de la actividad
económica del sujeto pasivo, será lógico que la consideremos
como accesoria y, por tal motivo siga el
régimen de la actividad de la que resulta su continuidad.
Así resulta del examen del supuesto previsto
en la sentencia Régie dauphinoise, puesto que en
éste es difícil concebir que la obtención de los rendimientos
financieros por el depósito en las cuentas
en una entidad de crédito sea independiente de la
actividad propia del sujeto pasivo de administrador
de fincas; su percepción constituye la continuación
de la actividad imponible del sujeto pasivo37 .
De todo ello, resulta una primera idea fundamental
que recoge el TJCE en el sentido de que
una actividad que constituye la prolongación directa,
permanente y necesaria de la actividad económica
imponible del sujeto pasivo no presenta las
características de las “operaciones accesorias” a las
que alude el precepto regulador del importe a integrar
en el denominador de la prorrata y, por tanto,
seguirá a la citada actividad principal en cuanto
supone la continuación de dicha actividad principal
del sujeto pasivo. Como tal, se incluirá por tanto en
el denominador de la prorrata, y de ahí la delimitación
negativa que efectúa el TJCE a la que se hace
referencia anteriormente.
4.2. La sentencia de 29 de abril de 2004
Vuelve el TJCE a plantear la cuestión del cálculo
del denominador de la prorrata y las operaciones
financieras en la sentencia de 29 de abril de 2004,
asunto C-77/01, Desenvolvimiento Mineiro (EDM).
Se trataba de una sociedad anónima pública holding
del sector minero, siendo su objeto social la gestión
de participaciones sociales cuya titularidad le pertenecía,
el ejercicio de actividades de investigación
aplicada y desarrollo tecnológico, la promoción de
37 En sentido análogo se pronuncia el Abogado General Sr. PHI-
LIPE LÉGER en la Conclusiones al asunto C-77/01, citada en nota
anterior (apartados 58 y ss.).

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
proyectos de inversión y de la constitución de
sociedades cuyo objeto se relacionase con la industria
extractiva, así como la prospección, investigación,
extracción y tratamiento de sustancias
minerales. La administración tributaria consideró
que no generaban el derecho a deducir, incluyendo
su importe en el denominador de la prorrata por
estimar que formaban parte de la actividad principal
de la sociedad, los dividendos resultantes de las
participaciones en el capital de sociedades, los intereses
de préstamos concedidos a las empresas en
las que participaba, el producto de la venta de
acciones o de otros valores negociables, los rendimientos
de otras inversiones financieras temporales
como las inversiones en depósitos bancarios o
en valores (bonos del Tesoro o certificados de
depósito) y el valor de los trabajos realizados en el
ámbito de las agrupaciones de las la sociedad era
miembro y administradora. Las cuestiones prejudiciales
que se plantearon al TJCE se encaminaron a
determinar si dichas actividades podían ser consideradas
como “económicas” a los efectos de la
directiva comunitaria, y por lo que se refiere a la
cuestión que estamos tratando en este trabajo, si se
consideraba “accesoria” a los efectos de su no
inclusión en la prorrata, la actividad financiera de
una empresa que, anualmente, genera rendimientos
muy superiores a los producidos por la actividad
que figura como principal en sus estatutos.
Si bien no se pretende en este trabajo el examen
pormenorizado de todas las cuestiones planteadas,
debe puntualizarse que el TJCE concluye:
1) No constituyen actividades económicas, aquellas
consistentes en la mera venta de acciones y otros
valores, como participaciones en fondos de inversión,
no estando comprendidas en el ámbito de
aplicación de la directiva comunitaria. 2) Los Trabajos
realizados por los miembros de una agrupación
de empresas de conformidad con las cláusulas de
un contrato de agrupación de empresas y que
corresponden a la cuota asignada en este contrato
a cada uno de ellos, no constituyen una entrega de
bienes o una prestación de servicios “realizada a
título oneroso” ni, en consecuencia, una operación
imponible, y el hecho de que tales trabajos se realicen
por el miembro que administra la agrupación
de empresas es irrelevante al respecto. En cambio
cuando el rebasamiento por un miembro de la
agrupación de empresas de la cuota de trabajos
establecida en el contrato implica el abono por los
demás miembros de la contraprestación de los trabajos
que exceden dicha cuota, éstos constituyen
una entrega de bienes o una prestación de servicios
“realizadas a título oneroso”. 3) La concesión anual
por una holding de préstamos remunerados a las
90
sociedades en las que posee participaciones y sus
inversiones en depósitos bancarios o en valores,
como bonos del Tesoro o certificados de depósito,
constituyen actividades económicas efectuadas por
un sujeto pasivo que actúa como tal.
Por lo que a este trabajo interesa, el TJCE se
plantea, una vez determinada la naturaleza de actividad
económica exenta de la concesión de préstamos
a sociedades en las que posee participaciones
y de las inversiones en depósitos bancarios o en
valores, como bonos del Tesoro o certificados de
depósito, si todas ellas constituyen operaciones
accesorias a efectos de determinar el cálculo de la
prorrata y, por tanto si han de excluirse del denominador
de la fracción.
Parte para ello de una premisa previa ya que es
preciso determinar si estamos o no ante operaciones
comprendidas en el ámbito de aplicación de la
directiva comunitaria, del sistema común del IVA,
por cuanto de encontrarnos ante operaciones no
sujetas no se planteará cuestión adicional alguna
sobre su carácter de accesoriedad o no a efectos de
incluirlas en el denominador de la prorrata. La realización
de operaciones no sujetas supone, por su
propia esencia, la exclusión de las mismas del denominador38
. Sólo cuando determinemos en primer
lugar que estamos ante operaciones sujetas, esto es
ante la realización de una actividad económica
deberemos plantearnos seguidamente si, dado su
carácter accesorio, no deben tenerse en cuenta
para calcular el denominador de la prorrata. Y esto
es lo que hace en primer lugar la sentencia que se
comenta ahora al considerar que la concesión anual
de préstamos remunerados por una sociedad holding
a las empresas en las que tiene participaciones,
constituye una actividad económica.
Se trata de una labor delimitadora trascendental
que en este caso sigue en principio los mismos
pasos que la sentencia Régie dauphinoise, a la que
38 Como se señala en el apartado 54 de la sentencia (reiterado
posteriormente en el 73) “so pena de comprometer el objetivo
de neutralidad que el sistema común del IVA garantiza, las
operaciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación
de la Sexta Directiva y que, por tanto, no conllevan
derecho a deducción, deben excluirse del cálculo de la prorrata
de deducción contemplado en los artículos 17 y 19 de la
Sexta Directiva [véanse en este sentido, en particular, las sentencias
Sofitam, (...), apartados 13 y 14, y de 27 de septiembre
de 2001, Cibo Participations, C-16/00, (...), apartado 44], y así lo
concluye respecto de la mera venta de acciones y otros valores
negociables, como participaciones en fondos de inversión, y el
producto de las colocaciones en fondos de inversión, que no
están comprendidas en el ámbito de aplicación de la directiva
sobre el IVA. También había llegado a conclusiones similares el
TJCE en la sentencia de 20 de junio de 1991, asunto C-60/90,
Polysar Investments Netherlands (apartado 17).

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
cita expresamente, de forma tal que el rendimiento
obtenido por los préstamos a las sociedades participadas,
los intereses percibidos como remuneración
y las inversiones en depósitos bancarios o en
valores (bonos del Tesoro o certificados de depósito),
no pueden excluirse del ámbito de aplicación
del IVA, constituyen actividades económicas efectuadas
por un sujeto pasivo que actúa como tal, ya
que su abono no resulta de la mera propiedad del
bien, sino que constituye la contraprestación de la
puesta a disposición de un capital en beneficio de un
tercero 39 , constituyen la prolongación directa, permanente
y necesaria de su actividad imponible.
Ahora bien, frente a la anterior sentencia, en
esta lleva a cabo una delimitación más precisa de
este concepto al señalar que “esto ocurre cuando
las operaciones de que se trata se efectúan en el
contexto de unos objetivos empresariales o con
una finalidad comercial, caracterizada en especial
por el afán de rentabilizar los capitales invertidos”
(apartado 67). No obstante, debe de alguna manera
acreditarse la realización de esta actividad que
tiende a lograr esos objetivos, y el TJCE toma en
consideración a estos efectos la utilización de fondos
adscritos a su patrimonio empresarial o profesional
para realizar las operaciones financieras que
constituyen la actividad económica exenta, cualquiera
que sea la razón por la que se efectúan,
siempre en el entendido supuesto de que existe
una finalidad comercial, esto es el rendimiento
financiero no resulta de la mera propiedad de los
bienes, y en este sentido la contraprestación de la
puesta a disposición de un capital en beneficio de
un tercero es una actividad económica 40 .
39 Apartados 65 y 66 de la sentencia, que, como se ha indicado,
alude a los apartados 17 y 18 de la sentencia Régie dauphinoise.
40 Conforme a los apartados 68 y 69: “68. Ahora bien, es preciso
señalar que una empresa actúa así cuando utiliza fondos
que forman parte de su patrimonio para realizar prestaciones
de servicios que constituyen una actividad económica en el sentido
de la Sexta Directiva, tales como la concesión de préstamos
remunerados por una holding a sociedades en las que
posee participaciones, bien se concedan estos préstamos como
ayuda económica a dichas sociedades, bien como depósito de
excedentes de tesorería o por otras razones. 69. Tampoco
pueden excluirse del ámbito de aplicación del IVA los intereses
abonados a una empresa como remuneración de depósitos
bancarios o de inversiones en valores, como bonos del Tesoro
o certificados de depósito, dado que los intereses abonados no
se derivan de la mera propiedad del bien, sino que constituyen
la contraprestación de la puesta a disposición de un capital en
beneficio de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia
Régie dauphinoise, antes citada, apartado 17). Del apartado
anterior se desprende que una empresa actúa como sujeto
pasivo cuando utiliza de este modo fondos que forman parte de
su patrimonio”. Reitera en este sentido lo expuesto en el apartado
65.
91
ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
Se destaca así en esta sentencia una primera
conclusión, a añadir a la que se ha expuesto en las
sentencias citadas en el parágrafo anterior, respecto
del examen que se realiza en este trabajo, en
cuanto una actividad constituye la prolongación
directa, permanente y necesaria de una actividad
imponible, cuando las operaciones de que se trate
se realizan en el contexto de unos objetivos
empresariales o con una finalidad comercial, caracterizando
la misma respecto de las operaciones
financieras el afán de rentabilizar los capitales
invertidos, y así la utilización de fondos que forman
parte del patrimonio empresarial o profesional del
sujeto pasivo para realizar operaciones financieras
constituyen una actividad económica, excepto que
deriven de una mera propiedad de los bienes.
A partir de estas consideraciones, los apartados
75 y 76 de la sentencia delimitan el objetivo de la
norma comunitaria que regula la exclusión de las
operaciones financieras accesorias, y a lo ya
expuesto en la sentencia Régie dauphinoise, añade
la argumentación desde el punto de vista de la finalidad
de la exclusión de las operaciones:
“75. (...) un aumento de la cuantía del volumen
de negocios relativo a las operaciones que
conlleven el derecho a la deducción, conduce a la
disminución del importe del IVA que el sujeto pasivo
puede deducir. La no inclusión de determinadas
operaciones accesorias en el denominador de la
fracción que se utiliza para el cálculo de la prorrata
de deducción, (...), tiene por objeto neutralizar
los efectos negativos que para el sujeto pasivo
tiene dicha consecuencia inherente al referido cálculo,
para evitar que estas operaciones lo falseen y
garantizar así el respeto del objetivo de neutralidad
que el sistema común de IVA garantiza.
76. (...) si todos los resultados de las operaciones
financieras del sujeto pasivo que tienen
relación con una actividad imponible tuvieran que
incluirse en dicho denominador, aun cuando la
obtención de tales resultados no implique ningún
empleo de bienes o de servicios por los que debe
pagarse el IVA o, por lo menos, sólo implique una
utilización muy limitada de estos bienes o servicios,
se falsearía el cálculo de la deducción.”
Esto es, el TJCE tiene en cuenta la razón o finalidad
que subyace en el sistema de determinación
de las cuotas soportadas deducibles a través de la
regla de prorrata, en cuanto no debe falsearse el
cálculo de la deducción.
Es a partir de estas consideraciones cuando el
TJCE introduce dos elementos trascendentales a la
hora de determinar el carácter accesorio de la actividad
exenta en relación con la principal, lo que
supone de alguna manera un alejamiento de la sentencia
Régie dauphinoise o, cuando menos, una

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
interpretación adicional al concepto de accesoriedad
en cuanto supone que deberemos considerar o
tener en cuenta a la hora de su delimitación un
nuevo criterio y no sólo el de la prolongación directa
y permanente de la actividad imponible realizada
por el sujeto pasivo41 . El primero cuantitativo, relativo
al importe o volumen de los rendimientos
obtenidos por esta actividad exenta. El segundo,
cuantitativo también, relacionado con el volumen
de las cuotas soportadas deducibles, y su afectación
a estas operaciones sujetas al impuesto y exentas
en cuanto constituyen actividad económica.
Así, en primer lugar examina este elemento
cuantitativo en orden al volumen de ingresos generados.
Parte de un indicio que podrá ayudar a
determinar el carácter accesorio o no de las operaciones,
la importancia del volumen de ingresos.
Así, destaca que “la magnitud de los ingresos generados
por las operaciones financieras comprendidas
en el ámbito de aplicación de la Sexta Directiva
puede constituir un indicio de que estas operaciones
no deben considerarse accesorias” en el sentido
expuesto por la norma para determinar el
importe a integrar en el denominador. Se trata de
un indicio a favor de la exclusión del carácter accesorio
de la actividad o de las operaciones (sujetas y
exentas) respecto de la principal. Estamos ante una
nueva delimitación negativa del concepto de accesoriedad,
si bien, llama la atención que el TJCE no
se decanta por considerar como única posibilidad
para determinar el carácter accesorio o no de las
operaciones la importancia del volumen de ingresos
obtenidos, puesto que no es más que un indicio
que, por trascendente que sea, deberá ser
objeto de análisis en relación con las circunstancias
que rodean las operaciones, y es ahora cuando
entra a conocer del segundo de los elementos.
Se trata de un elemento cuantitativo referido al
volumen de cuotas soportadas afectas a una y otra
actividad, la principal y aquella respecto de la que
queremos determinar su naturaleza accesoria o no.
La situación concreta que se planteaba en el
supuesto analizado por el TJCE es que la actividad
de prospección minera tiene una rentabilidad sólo
a medio plazo e incluso puede revelarse como no
41 Para el Abogado General (conclusiones citadas en nota anterior)
la prolongación directa y permanente de la actividad financiera
respecto de la principal del sujeto pasivo suponía la
inclusión en el denominador de la prorrata, lo que supone pues
que el TJCE se aleja de la postura mantenida por el Abogado
General. En este sentido lo destaca también ALEJANDRO BLÁZ-
QUEZ LIDOY (Comentarios de jurisprudencia tributaria del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, año 2004, obra dirigida
por PEDRO M. HERRERA MOLINA, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid 2005, págs. 117 y ss.).
92
rentable. En este sentido el volumen de operaciones
con derecho a deducción generado por esta
actividad puede ser muy escaso o limitado, como
consecuencia de esa rentabilidad a medio plazo o
no rentabilidad (lo que no la excluye de ser una
actividad económica con derecho a deducción).
Por el contrario, la actividad financiera puede ser
rentable, obtener un volumen importante de ingresos
y, sin embargo, el importe de las cuotas afectas
a estas operaciones puede ser muy escaso o limitado.
Y así, si determinamos la prorrata en proporción
exclusivamente al volumen de ingresos o
rendimiento de las actividades, podría falsearse en
cuanto que el principio de neutralidad conlleva que
la mayor parte de las cuotas soportadas están afectas
a una actividad que genera el derecho a deducir,
mientras que un importe muy reducido o
limitado lo está a una actividad que, si bien es accesoria,
no genera el derecho a deducir. No podemos
olvidar que la deducción de las cuotas soportadas
deben estar presididas por este principio de neutralidad,
esto es, por la afectación a las operaciones
que generen o no el derecho a deducir.
El TJCE concluye considerando la importancia
de este elemento cuantitativo referido al volumen
de cuotas soportadas de forma tal que la actividad
se considerará accesoria en la medida en que las
operaciones que comprenda sólo supongan una
utilización muy limitada de bienes o de servicios
gravados por IVA42 .
Relaciona finalmente los dos elementos cuantitativos
a los que se ha aludido para indicar que el volumen
de los ingresos obtenidos por las operaciones
financieras sujetas pero exentas de IVA no puede ser
el único criterio a tener en cuenta para determinar
el carácter accesorio o no de las operaciones, por
importante que sea el importe del rendimiento43 . Se
42 El apartado 78 de la sentencia se refiere a esta conclusión,
referida en este caso a la actividad que analiza. Así, señala que
“la concesión anual de préstamos por una holding a las sociedades
en las que posee participaciones y las inversiones en depósitos
bancarios o en valores, como bonos del Tesoro o
certificados de depósito han de considerarse accesorias en el
sentido del artículo 19, apartado 2, segunda frase, de la Sexta
Directiva (actual art. 172. 2. b de la Directiva 2006/112/CE), en
la medida en que estas operaciones sólo suponen una utilización
muy limitada de bienes o de servicios por los que debe
pagarse el IVA”.
43 Según el mismo apartado citado en la nota anterior, “aunque
la magnitud de los ingresos generados por las operaciones financieras
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Sexta
Directiva pueda constituir un indicio de que estas operaciones
no deben considerarse accesorias en el sentido de dicha disposición,
el hecho de que tales operaciones generan ingresos
superiores a los producidos por la actividad indicada como principal
por la empresa de que se trata no puede excluir, por sí
solo, la calificación de aquellas como «operaciones accesorias»”.

Operaciones financieras accesorias y su no integración en el denominador de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido
trata de un indicio que deberá ponerse en relación
con el siguiente de los elementos que cita, la proporcionalidad
del volumen de cuotas soportadas
afectas a una y otra actividad, la principal y aquella
respecto de la que examinamos su posible carácter
accesorio, para excluir del denominador cuando
esta utilización sea muy limitada. Nos encontramos
así ante un nuevo concepto indeterminado de difícil
apreciación, que obliga a examinar cada caso individualizadamente
pero que, de alguna manera acerca
las situaciones en las que se producen operaciones
no sujetas y sujetas pero exentas al quedar éstas
también excluidas del denominador de la prorrata 44 ,
con la particularidad de que esta última exclusión no
afectará a la deducibilidad de las cuotas soportadas
gravadas por IVA.
4.3. Conclusiones a las que llega la
jurisprudencia comunitaria
El TJCE lleva a cabo una interpretación restrictiva
del carácter accesorio de las operaciones financieras
y a partir de la jurisprudencia citada podemos
extraer las conclusiones a las que llega el TJCE que,
en todo caso, deberemos tener en cuenta a la hora
de interpretar nuestra norma interna:
I. En primer lugar es preciso determinar si
estamos o no ante operaciones comprendidas en el
ámbito de aplicación del IVA, por cuanto de encontrarnos
ante operaciones no sujetas no se planteará
cuestión adicional alguna sobre su carácter de
accesoriedad o no a efectos de incluirlas en el
denominador de la prorrata. La realización de operaciones
no sujetas supone, por su propia esencia,
la exclusión de las mismas del denominador de la
prorrata, por lo que no se tendrán en cuenta a los
efectos del cálculo del porcentaje de deducción
que corresponda al sujeto pasivo. Cuestión distinta
es que, teniendo cuotas soportadas por gastos
corrientes afectas a actividades sujetas y no sujetas
(si se trata de cuotas afectas a bienes de inversión
serán deducibles en la proporción de afectación del
bien a las actividades sujetas), deberemos plantearnos
su deducibilidad y en qué medida o proporción
lo son, lo que excede del presente trabajo.
2. Sólo cuando determinemos que estamos
ante operaciones sujetas, esto es ante la realización
de una actividad económica sujeta y exenta, en
nuestro caso ante una actividad financiera o realización
de operaciones financieras sujetas y exentas,
deberemos plantearnos seguidamente si, dado su
carácter accesorio o no respecto de la actividad
económica principal que lleva a cabo el sujeto pasi-
44 En sentido análogo se pronuncia ALEJANDRO BLÁZQUEZ LIDOY
(obra citada, pág. 123).
93
ANTONIO LONGÁS LAFUENTE
vo, deben o no deben tenerse en cuenta para calcular
el importe a integrar en el denominador de la
prorrata.
3. Una actividad financiera que constituye la
prolongación directa, permanente y necesaria de la
actividad económica imponible del sujeto pasivo,
en un primer estadio del examen de la cuestión, no
presenta las características de las “operaciones
accesorias” a las que alude el precepto regulador
del importe a integrar en el denominador de la
prorrata y, por tanto, seguirá a la citada actividad
económica del sujeto pasivo en cuanto supone la
continuación de dicha actividad. Como tal, se
incluirá en principio en el denominador de la prorrata.
Si bien el concepto de “prolongación directa,
permanente y necesaria de la actividad económica
imponible del sujeto pasivo” no se encuentra definido
en la norma comunitaria, por tal podemos
considerar que “esto ocurre cuando las operaciones
de que se trata se efectúan en el contexto de
unos objetivos empresariales o con una finalidad
comercial, caracterizada en especial por el afán de
rentabilizar los capitales invertidos”, y ello ocurre
cuando se utilizan los fondos que forman parte del
patrimonio empresarial o profesional del sujeto
pasivo para realizar operaciones financieras que
constituyan una actividad económica, alejada de la
rentabilidad derivada de la mera propiedad de los
bienes45 . La configuración de una actividad financiera
en el sentido expuesto, tendentes al logro de
los objetivos empresariales o comerciales, determinará
inicialmente la ausencia de “accesoriedad” a
efectos del cálculo de la prorrata.
4. No obstante, el concepto de accesoriedad
a efectos de la inclusión en el importe a computar
en el denominador de la prorrata de las operaciones
financieras deberá interpretarse asimismo
teniendo en cuenta un doble criterio cuantitativo.
De un lado en relación con el importe o volumen
de rendimientos obtenidos por las operaciones
financieras comprendidas en el ámbito de
aplicación del IVA, de forma que la magnitud de los
ingresos generados por ellas puede constituir un
indicio de que no deben considerarse accesorias.
Ahora bien, este volumen no es más que un
indicio que, por trascendente que sea, deberá ser
objeto de análisis en relación con una circunstancia
esencial que remite al segundo de los criterios a
tener en consideración, éste en relación con el
volumen de cuotas soportadas por IVA afectas a
45 En sentido análogo concluye también F. JAVIER SÁNCHEZ
GALLARDO (obra citada, pág. 38), y en la obra colectiva Impuesto
sobre el Valor Añadido, CISS, 8. a edición, coordinada por el
autor anterior, págs. 867 y ss.

Cuadernos de Formación. Colaboración 7/09. Volumen 7/2009
esta actividad financiera. Así, la actividad se considerará
accesoria en la medida en que las operaciones
que comprenda sólo supongan una utilización
muy limitada de bienes o de servicios gravados por
IVA 46 . Nos encontramos ante un concepto indeterminado,
correspondiendo al órgano administra-
46 Para RAMÓN FALCÓN Y TELLA (Las operaciones financieras e
inmobiliarias y la prorrata en el IVA, citada en nota anterior, página
6) este es el criterio decisivo a tener en cuenta para delimitar
la accesoriedad de las operaciones financieras.
94
tivo o jurisdiccional correspondiente su concreción
al supuesto que compruebe o juzgue, esto es,
determinará si las operaciones financieras suponen
o no una utilización muy limitada de bienes o de
servicios gravados por IVA 47 de forma tal que su
inclusión en del denominador de la prorrata afecte
al principio de neutralidad que preside el sistema
común del IVA.
47 Así lo expone también el TJCE en la sentencia de 29 de abril
de 2004 (apartado 80).