Lima, primero de septiembre del dos mil ocho.- LA SALA ... - SPIJ

Lima, primero de septiembre
del dos mil ocho.‐
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la
causa número tres mil cuatrocientos noventiséis – dos mil siete, en Audiencia Pública de la
fecha, y producida la votación con arreglo a Ley; con los acompañados; emite la siguiente
sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación, interpuesto por Juan
Reyes Ccorimanya mediante escrito de fojas cuatrocientos noventiséis, contra la resolución
emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
cuatrocientos ochentisiete, su fecha veinticuatro de mayo de del dos mil siete, que Revocando
la resolución apelada declara Improcedente la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que,
concedido el recurso de casación, fue declarado Procedente por resolución de fecha dieciocho
de octubre del dos mil siete, por la causal prevista en el inciso tres del artículo trescientos
ochentiséis del Código Procesal Civil, esto es, la contravención de las normas que garantizan el
derecho a un debido proceso, describiendo que se ha contravenido las normas que garantizan
el derecho a un debido proceso, pues ya oportunamente, sobre la presunta falta de conexión
entre los hechos y el petitorio en razón de que existirían causales de anulabilidad, el juez de la
causa emitió una primera sentencia declarando improcedente la demanda; no obstante,
dicha decisión fue revocada por el Ad Quem quien dispuso que el A Quo emita nuevo fallo
pronunciándose sobre el fondo del asunto, porque a pesar de que hubiera alegado la
existencia, de dolo o engaño, el juez debía de aplicar el principio del iura novit curia y resolver
el conflicto de intereses conforme a los puntos controvertidos, fijados en la audiencia
respectiva, lo que efectivamente hizo el Juez de la causa al emitir nueva sentencia; sin
embargo, vulnerando el principio de congruencia procesal y la debida motivación de las
resoluciones judiciales, la Sala Superior señala ahora que no procede aplicar el principio iura
novit curia para adecuar las causales de nulidad a las que realmente corresponden según los
hechos esgrimidos en la demanda y probados a lo largo del proceso, inobservando lo dispuesto
por ella misma en su anterior sentencia de vista; CONSIDERANDO: Primero.‐ Que, el recurso de
casación, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho
objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia,
conforme se señala en el artículo trescientos ochenticuatro del Código Procesal Civil;
Segundo.‐ Que, el actor Juan Reyes Ccorimanya, interpone demanda de nulidad de acto
jurídico y cancelación de asiento registral señalando que el demandado les hizo un préstamo
de dinero al recurrente y a otras personas y como garantía del mismo les hizo suscribir un
contrato de compraventa, sin que la parte recurrente haya tenido nunca la intención de
vender el bien; por ello, valiéndose del dolo y el engaño celebraron dicho acto jurídico, por lo
que el acto jurídico deviene en nulo al haberse incurrido en vicio de la voluntad (sic); refiere
que ha ido amortizando la deuda y que esta dispuesta a pagarla, previo acuerdo con la
demandada; ampara su demanda en el inciso primero del artículo doscientos diecinueve del
Código Civil; Tercero.‐ Que, la demanda es admitida por el A Quo y, previamente a la
contestación, la parte demandada deduce la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo
de proponer la demanda, sosteniendo que la demanda de nulidad del acto jurídico de
compraventa por vicio de la voluntad; sin embargo, a la vez solicita la ineficacia del mismo a
tenor del inciso primero del artículo doscientos diecinueve del Código Civil; asimismo, el
demandado Luis Miguel Haro Mendoza contesta la demanda; Cuarto.‐ Que, llevada a cabo la

audiencia de saneamiento y otros, el A Quo resuelve declarar infundada la excepción
deducida, puesto que se ha determinado cual es el petitorio d e la demanda y la forma en que
se ha presentado esta no ha impedido al demandado contestar la misma. Asimismo, se declaró
saneado el proceso, al existir una relación jurídica procesal válida y se fijaron los puntos
controvertidos y se admitieron los medios probatorios ofrecidos; Quinto.‐ Que, luego de
admitirse nuevos medios probatorios, por resolución de fojas trescientos dos el A Quo expide
su sentencia declarando improcedente la demanda, puesto que la existencia de error, dolo o
engaño no importa la ausencia de manifestación de voluntad, siendo más bien aquellas
causales de anulabilidad; sin embargo, esta decisión fue impugnada por el actor y, al absolver
el grado, el Colegiado Superior, mediante resolución de fojas trescientos cincuentiuno, de
fecha dos de agosto del dos mil cinco declara nula la sentencia apelada y dispone que el A Quo
emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, toda vez que la causa fue saneada
en su oportunidad, declarándose infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad en el
modo de proponer la demanda y fijándose los puntos controvertidos, por lo que el A Quo
debía pronunciarse sobre los mismos teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo VII del
Título Preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil, aplicando la norma pertinente
para la justa composición del litigio; Sexto.‐ Que, renovándose los actos procesales, el A Quo
resuelve la controversia declarando Fundada la demanda planteada y en consecuencia nulo y
sin efecto legal alguno el contrato de compraventa con pacto de retroventa contendido en la
escritura pública de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventinueve, ordenándose la
cancelación del asiento dos del rubro c) de la ficha registral número uno seis seis ocho seis
seis; con costas y costos; Sétimo.‐ Que, contra esta resolución, la parte emplazada interpuso
recurso de apelación; sin embargo, al absolver el Colegiado Superior el grado, resuelve revocar
la apelada y reformándola declara infundada la demanda en todos sus extremos, dejando a
salvo el derecho del actor para que lo haga valer conforme a ley, sosteniendo que la falta de
coincidencia entre la voluntad interna (intencionalidad o no de transferir) y la exteriorización
(suscripción del acto jurídico de compraventa) no tipifica la falta de manifestación de voluntad
como supuesto de nulidad del acto jurídico (inciso primero del artículo doscientos diecinueve
del Código Civil), en tanto que hay una expresión de declaración de voluntad, de allí que la
demanda deviene en infundada. Refiere que la existencia de vicios de la voluntad resulta del
debate de la anulabilidad del acto jurídico, conforme a lo normado en el artículo doscientos
ocho del Código Sustantivo, concordante con el artículo doscientos veintiuno del Código
acotado y, para ello, se debe dejar a salvo el derecho del actor para que lo haga valer
conforme a ley, en aplicación del principio del iura novit curia (artículo VII del Título Preliminar
del Código Procesal Civil) que tiene como limitación la causa pretendi, esto es, la pretensión
propuesta (nulidad de acto jurídico por vicio de la voluntad) que no puede ser alterada o
modificada; lo contrario importaría contravenir el derecho de defensa, de la parte contraria
(modificación de la nulidad por la anulabilidad del acto jurídico) que no ha sido materia de
debate con su respectivo caudal probatorio; Octavo.‐ Que, los incisos tercero y quinto del
artículo ciento treintinueve de la Carta Magna señala que es principio y derecho de la función
jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional y la motivación
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se
sustentan; por lo demás, para el constitucionalista Marcial Rubio Correa “(...) la motivación
escrita de las resoluciones judiciales es fundamental porque mediante ella las personas pue

den saber si están adecuadamente juzgadas o si se ha cometido una arbitrariedad. Una
sentencia que sólo condena o sólo absuelve, puede ocultar arbitrariedad de parte del Juez o
del Tribunal. Si se expresa las razones que han llevado a dicha solución y, más aún, si se
menciona expresamente la ley aplicable, la persona que está sometida al juicio tiene mayores
garantías de recibir una adecuada administración de justicia (...)” (Para conocer la Constitución
de mil novecientos noventitrés; Pontificia Universidad Católica del Perú; Fondo Editorial;
Primera Edición; junio de mil novecientos noventinueve); lo que hace evidente el que las
decisiones de los jueces, que constituyen actos de poder del Estado, estén debidamente
sustentadas; Noveno.‐ Que, asimismo, la tutela jurisdiccional efectiva puede ser definida
como: “(…) el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es aquel derecho que todos tenemos
de acudir a los tribunales estatales para obtener la protección de nuestros derechos o
intereses (abstractamente reconocidos por el ordenamiento jurídico), a través de un proceso
que respete tanto los derechos del demandante como del demandado, y cuyo resultado
práctico y concreto se encuentre asegurado por un adecuado conjunto de instrumentos
procesales puestos a disposición del órgano jurisdiccional por el propio ordenamiento jurídico
procesal (…)” (Eugenia Ariano Deho: En Revista Cátedra; Año II; número tres; septiembre de
mil novecientos noventiocho); Décimo.‐ Que, de la revisión de lo actuado, en este proceso han
intervenido dos Colegiados que han emitido decisiones que se les opone una a la otra, puesto
que, efectivamente, la primera decisión del Ad Quem hace ver que el A Quo debe emitir un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; en cambio, la segunda decisión del Ad
Quem señala, por el contrario, que la falta de correspondencia entre la voluntad interna y
externa no es causal de nulidad; Décimo Primero.‐ Que, siendo esto así, vemos que el
Colegiado no puede contradecir lo expuesto por el mismo órgano jurisdiccional en un
momento procesal anterior, puesto que, si bien es cierto, todos los magistrados tienen
independencia y autonomía judicial, consagrada en la misma Constitución Política vigente,
también lo es que “(…) la verdadera legitimación de los jueces está esencialmente en cómo
cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos (…)”
(Independencia Judicial: Visión y perspectivas; Asociación de Jueces para la Justicia y el
desarrollo; Primera Edición; agosto del dos mil siete; página diecisiete); por ende, no se les
puede permitir a los magistrados que emitan resoluciones donde estos se contradigan con lo
expresado en una oportunidad procesal anterior y no justifiquen, de manera adecuada e
idónea, su cambio de decisión; Décimo Segundo.‐ Que, este Colegiado no considera que se
haya presentado una incongruencia procesal, puesto que está definida por la doctrina procesal
como la falta de “(...) conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o
pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto
delimitan este objeto (y también) la adecuación entre las pretensiones (en sentido amplio) de
las partes, formuladas oportunamente, y la parte dispositiva de la resolución judicial (en
conclusión es) la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras pretensiones y
alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la sentencia
(…)” y también (Ortells Ramos, M y otros Derecho Jurisdiccional – Volumen II; Buenos Aires –
Argentina; mil novecientos noventiocho; página doscientos ochentiuno – doscientos
ochentidós); situación que en auto no se presenta, aún cuando un sector de la doctrina hace
extensiva esta concepción a la propia decisión del magistrado, que vendría a constituirse una
incongruencia acontecida dentro de la misma resolución judicial, pero emplear
extensivamente este concepto para hacerlo respecto del comportamiento contradictorio de

un magistrado respecto de otro comportamiento inmediatamente anterior podría significar un
exceso respecto de la interpretación de este instituto jurídico procesal; Décimo Tercero.‐ Que,
en este caso, éste Colegiado Supremo considera que estamos ante una afectación al derecho
al debido proceso de ambas partes procesales, puesto que a estas (actor y demandado), el
comportamiento del Colegiado Superior les crea indefensión, al tornar en volubles sus propias
decisiones, aún cuando las circunstancias del caso no hayan cambiado; Décimo Cuarto.‐ Que,
siendo esto así, en este particular caso se aplica la teoría de los actos propios, puesto que el
comportamiento del Colegiado Superior atenta contra la regla de derecho derivada del
principio general de la buena fe (venire contra factum propium non valet), y que se materializa
en la teoría de los actos propios, según la cual “(…) a nadie le está permitido ir contra sus
propios actos. (…)” (Carlos Soto Coaguila; Revista hechos de la Justicia); por ende, las partes (o
sujetos procesales, entre los que se incluye a los propios magistrados) no pueden contradecir
en el proceso sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y
plenamente eficaces; es más, de acuerdo con la doctrina, la configuración de esta Teoría – que
es aplicable tanto en sede judicial como en la administrativa – exige la concurrencia de tres
requisitos: a) una conducta anterior relevante y eficaz, que en este caso, está materializada
por la decisión del primer órgano superior colegiado; b) el ejercicio de una facultad o de un
derecho subjetivo por la misma persona que crea la situación litigiosa debido a la
contradicción – atentatoria de la buena fe – existente entre ambas conductas, es así, que, en
este caso, el primer órgano Colegiado emitió una sentencia válida, que no fue objeto de
cuestionamiento por ninguna de las partes; c) la identidad de sujetos que se vinculan en ambas
conductas, es obvio, que se trata del mismo Colegiado, aún cuando sus integrantes puedan
haber cambiado, el órgano que la expidió sigue siendo el mismo. Por ende, de acuerdo al caso
de autos, puede válidamente aplicarse la teoría de los actos propios, puesto que lo resuelto
por un Colegiado, si ha sido válidamente dictado y debe ser respetado por el mismo, en
momento procesal posterior, sin que ello implica, una afrenta al derecho constitucionalmente
reconocido de la independencia judicial; Décimo Quinto.‐ Que, por ende, se configura el vicio
denunciado, puesto que se ha afectado el derecho a la debida motivación de una decisión, que
contempla no emitir una decisión manifiesta y evidentemente contradictoria a otra anterior,
así como se ha violado el derecho a la tutela jurisdiccional, puesto que los litigantes no están a
la merced de los magistrados y de los criterios que estos, en algún momento determinado,
puedan tener, sino que responden a lo estrictamente descrito por la ley, lo cual debe ser
ordenado y coherente, y en la medida de lo posible, predectible, por lo que se dispone que la
Sala Superior vuelva a expedir un nuevo fallo, teniendo en cuenta absolutamente todo lo
evaluado por el A Quo y lo querido, por las partes, de acuerdo a sus manifestaciones
procesales; por las razones descritas, de conformidad con el apartado dos punto uno del inciso
segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el
recurso de casación, interpuesto a fojas cuatrocientos noventiséis por Juan Reyes Ccorimanya,
en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas cuatrocientos ochentisiete, su fecha
veinticuatro de mayo del dos mil siete; ORDENARON que la Segunda Sala Especializada en lo
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, vuelva a expedir un nuevo fallo, en donde se
ajuste estrictamente a lo pedido por las partes y ofrecido como prueba; DISPUSIERON la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, baj o responsabilidad;
en los seguidos por Juan Reyes Ccorimanya con Luis Miguel Haro Mendoza sobre Nulidad de
Acto Jurídico; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el señor Palomino García.‐

S.S.
TICONA POSTIGO
SOLIS ESPINOZA
PALOMINO GARCIA
CASTAÑEDA SERRANO
MIRANDA MOLINA
crb
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA
CAS 3496‐2007
AREQUIPA
Nulidad de Acto Jurídico
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