Modelo de Cláusulas para Contratos de Unión Temporal o Consorcio

CONVENCIONES
1. Integrantes de la Unión Temporal (o del Consorcio): hace referencia a las partes
que suscriben el Acuerdo de Unión Temporal o Consorcial. La norma legal no especifica
la calidad de sus integrantes, pueden ser personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras. Las personas jurídicas pueden ser sociedades (civiles o
comerciales), entidades sin ánimo de lucro (Universidades, Fundaciones, Asociaciones),
corporaciones, cooperativas u otra clase de personas jurídicas. Cada una
de ellas debe estar plenamente identificada por su nombre o razón social; el número
de su cédula de ciudadanía si se trata de persona natural o de matrícula si se trata de
persona jurídica que deba estar matriculada en un registro público; su domicilio y su
representante legal o apoderado debidamente constituido con la plena identificación
de éste.
2. Consideraciones: son los antecedentes o circunstancias que motivan a las partes
a suscribir un acuerdo consorcial o de unión temporal. Éstas se relacionan con la
motivación y finalidad del Contrato Estatal respecto del cual han de presentar oferta
o propuesta para su adjudicación y su posterior celebración, ejecución, terminación
y liquidación.
3. Objeto del acuerdo de Unión Temporal (o consorcial): interés que motiva a las
partes a suscribir un acuerdo consorcial o de unión temporal para la presentación
conjunta de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato
estatal con una entidad que pertenece a la Administración Pública.
4. Denominación de la Unión Temporal (o del Consorcio): es la forma como se identificará
la unión temporal o el consorcio que se constituya para efectos de participar
en el proceso de contratación y el posterior ejecución y liquidación del contrato
estatal.
5. Domicilio de la Unión Temporal (o del Consorcio): es el lugar donde está situada
su administración o dirección.
6. Dirección, administración y representación de la Unión Temporal (o del Consorcio):
facultad otorgada por la ley en el entendido de que ante la falta de personalidad
jurídica de la figura creada, es necesario delegar en una de las partes o en un tercero
la facultad de dirigir, representar y administrar el contrato.
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