2001 TSPR 118 - Rama Judicial de Puerto Rico

CC-1998-68 y CC-1999-144
El grupo de Bayamón no hizo pago alguno en relación con los
vehículos Blazer y Lumina. Fue el Alcalde quien tuvo que pagar la
totalidad, saldando finalmente la cuenta el 12 de septiembre de 1994. 8
Por estos hechos, el 20 de marzo de 1995, la Oficina radicó una
querella contra el Alcalde de Bayamón por haber violado el Art. 3.3(b).
Luego de celebrar una vista, la Oficina determinó que el Alcalde de
Bayamón incurrió en violación del Art. 3.3(b) y que procedía la
imposición de una multa administrativa de cuatro mil (4,000) dólares.
El 21 de enero de 1999, el Tribunal de Circuito revocó la
determinación de la Oficina. Determinó que las circunstancias
particulares en que surgieron los hechos cuestionados claramente
denotan que no se trata de corrupción gubernamental ni de indebida
influencia de poder para obtener ventajas o privilegios no permitidos
por ley.
Inconforme con este dictamen, la Oficina acudió ante nos y señaló
como error la determinación de hecho del Tribunal de Circuito de que el
Alcalde de Bayamón no había negociado con Losada, por lo que no
incurrió en violación del Art. 3.3(b).
IV
El peticionario Cordero Santiago cuestiona la validez
constitucional del Art. 3.3(b) 9 . Analizaremos este planteamiento en
dirigiera el Alcalde al señor Héctor Feliciano Carreras, de la Oficina
de Ética Gubernamental, aparece que fue durante el 1992 que el Alcalde
recibió dicho vehículo. Los demás documentos (transcripción de la
vista ante la Oficial Examinadora, orden de compra del auto, etc.)
revelan que fue durante el 1991.
8 Este dato surge de una carta del gerente del Departamento de
Crédito y Cobro de Losada dirigida a la señora Angélica Cruz de Rivera.
El 22 de junio de 1994 (casi tres años después de entregar el
vehículo), el señor Diosdado Madera del Departamento de Cobro de
Losada, envió una carta a la Sra. Barnés como presidenta del grupo de
Bayamón requiriéndole el pago total de $18,500 por concepto del auto
Lumina. Copia de esta carta se le remitió a la señora Angélica Cruz de
Rivera.
9 En su comparecencia como amicus curiae la Asociación de Alcaldes
también sostiene que el Art 3.3(b) es inconstitucional por vaguedad.
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