2001 TSPR 118 - Rama Judicial de Puerto Rico

CC-1998-68 y CC-1999-144
de Etica que el funcionario que viola el Art. 3.3(b) sólo incurre en
conducta criminal si lo hace intencionalmente, es decir si sabe que
está manteniendo relaciones contractuales con una persona, entidad o
negocio a la cual la agencia regula, o con la cual mantiene relaciones
contractuales. Por ser la intención uno de los elementos del delito, el
peso de probar que dicho elemento subjetivo existió recae sobre el
fiscal.
Por otro lado, la ley no menciona explícitamente, al definir el
delito, la necesidad de probar que hubo un beneficio económico o una
influencia indebida. Sin embargo, entendemos que surge del historial
legislativo que la ley estaba destinada a criminalizar conducta
corrupta que incluyera este tipo de beneficio indebido. El elemento
subjetivo que incluye la Ley de Etica Gubernamental al tipificar el
delito grave debe requerir una disposición mental corrupta que vaya en
busca de un beneficio indebido. Esto constituye un elemento del delito
y debe ser probado por el fiscal, más allá de toda duda razonable, en
un procedimiento criminal donde el acusado tendrá derecho a juicio por
jurado y a todas las demás garantías que exige el debido proceso de
ley. Además, el hecho que la Asamblea Legislativa haya requerido prueba
de un beneficio económico indebido al imponer sanciones civiles hace
forzoso concluir que dicha prueba debe ser requerida también al imponer
sanciones penales que pueden conllevar encarcelamiento, sin beneficio
de sentencia suspendida, por un delito grave.
Cabe mencionar que queda bajo la discreción de la Oficina de Etica
Gubernamental el decidir preliminarmente qué sanciones amerita una
violación de la Ley. Dicha Oficina no tiene que referir al fiscal toda
violación intencional de la Ley en la que haya habido un beneficio
económico indebido para que se instituya el correspondiente
procedimiento criminal. La Oficina de Etica Gubernamental puede optar,
en casos donde haya factores atenuantes, por sólo imponer sanciones
administrativas y/o sanciones civiles. Este tipo de discreción, análoga
a la discreción de la cual gozan los fiscales al decidir si instar
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