2001 TSPR 118 - Rama Judicial de Puerto Rico

CC-1998-68 y CC-1999-144
sec. 1828(a). 29 Entendemos que cada tipo de sanción responde a un nivel
de culpabilidad y/o a un procedimiento distinto.
A.
En primer lugar, en cuanto a las sanciones administrativas, la
decisión mayoritaria correctamente concluye que se pueden imponer
cuando un funcionario viole las prohibiciones del Art. 3.3(b), y no
pueda probar que dicha violación no iba atada a un beneficio económico
o una influencia indebida. Es decir, cuando se prueba que un
funcionario con facultad para decidir o influenciar las acciones de la
agencia mantuvo relaciones contractuales con una persona, entidad o
negocio que la agencia regula, o con el cual mantiene relaciones
contractuales, se establece un caso prima facie de violación ética que
conlleva sanciones administrativas.
Sin embargo, el funcionario puede presentar como defensa
afirmativa la ausencia de beneficio económico o influencia indebida. Al
proveer esta defensa, nos aseguramos que la Ley de Etica Gubernamental
sólo se aplique contra aquellos funcionarios corruptos que intenten
beneficiarse personalmente de su posición de poder. Como discute y
explica muy convincentemente la decisión mayoritaria, éste es el único
tipo de conducta que pretende castigar la Ley. Entendemos, sin
embargo, que no tiene que haberse materializado el beneficio económico,
sino que la intención de beneficiarse o de ejercer influencia indebida
es suficiente. No puede constituir una defensa del funcionario
malintencionado el que su plan sea frustrado antes de que rinda sus
frutos podridos.
Cabe recalcar que las sanciones administrativas surgen de las
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 30 Como
29 Las sanciones “civiles” provistas por la Ley de Etica Gubernamental son también sanciones de tipo administrativo. Sin
embargo, nos referiremos a ellas como sanciones “civiles” para así diferenciarlas de las sanciones administrativas provistas por
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
30 “Toda violación a las leyes que administran las agencias o a los reglamentos emitidos al amparo de las mismas podrá
ser penalizada con multas administrativas que no excederán de cinco mil (5,000) dólares por cada violación.
En caso de que la ley especial de que se trate sólo provea penalidades criminales, el jefe de la agencia, a su opción,
podrá radicar una querella administrativa al amparo de esta sección para procesar el caso por la vía administrativa.
Si la ley especial de que se trate dispone una penalidad administrativa mayor a la que se establece en esta sección, la
agencia podrá imponer la penalidad mayor.” 3 L.P.R.A. sec. 2201.
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