2001 TSPR 118 - Rama Judicial de Puerto Rico

CC-1998-68 y CC-1999-144
posterioridad. 14 Además tomaremos en consideración, no sólo la clara
intención legislativa según ésta surge de la Exposición de Motivos,
sino también cómo ésta se entrelaza con las demás disposiciones de la
Ley de Ética Gubernamental para lograr su propósito.
Uno de los propósitos principales para la creación de la Ley de
Ética Gubernamental fue el promover y preservar la integridad de los
servidores públicos y de las instituciones de nuestro gobierno. En los
informes conjuntos sometidos por la Cámara de Representantes previos a
la aprobación de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, se expresó que
la legislación recomendada “habrá de ser eficaz para prevenir y
penalizar el comportamiento delictivo de aquellos funcionarios y
empleados públicos que en el desempeño de sus labores gubernamentales
vulneren los principios básicos de una ética de excelencia.” (Énfasis
suplido). Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley de Ética
recoge esta preocupación al disponer que “es intolerable que existan
funcionarios públicos en representación de la administración del
Gobierno que puedan lucrarse del patrimonio del pueblo” (Énfasis
suplido).
Para comprender cabalmente el propósito de la referida Ley,
consideramos necesario exponer parte de la ponencia del entonces
Secretario de Justicia ante la Asamblea Legislativa durante las vistas
públicas en torno a la aprobación de la Ley de Ética. En lo
pertinente, el Secretario señaló que: “En los últimos años,
ciertamente, han surgido a la luz pública un sinnúmero de casos
caracterizados por un alto contenido de corrupción.(...) La venta de
influencias, los conflictos de intereses y la conducta impropia e
ilegal de muchos funcionarios públicos ha constituido el tema en los
últimos años (...) Hoy, lamentablemente, las circunstancias terribles
de corrupción gubernamental nos obligan a considerar este tipo de
legislación.” (Énfasis suplido).
14 Jim Evans, Statutory Interpretation: problems of communication,
277 (1988); Vepa P. Sarathi, The Interpretations of Statutes, 345-346,
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