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Se trata de un instrumento de planificación
territorial fundamentado en la cooperación
entre las diferentes administraciones.
Este documento, elaborado por el
Servicio de Bibliotecas y del Patrimonio
Bibliográfico de la Generalitat, no ha
sido aprobado hasta el 23 de junio de
2003.
La Ley distribuye competencias entre las
diferentes administraciones, pero no
establece directamente la cuestión de la
financiación. Determina, no obstante,
que el Departamento de Cultura de la
Generalitat debe establecer anualmente
un programa de ayudas a las bibliotecas,
especialmente para dotarlas de
infraestructuras, construir otras nuevas y
renovar y ampliar las existentes.
El régimen competencial de las diputaciones
se determina en la disposición
adicional primera:
"Las bibliotecas y servicios bibliotecarios
que dependen de las diputaciones
provinciales de Barcelona,
Tarragona, Lérida y Gerona son
transferidos a la Generalitat o a los
consejos comarcales del territorio
donde tienen la sede."
"Quedan excluidos de la transferencia
los servicios que integren el
núcleo esencial de la autonomía provincial
y los que deriven de las competencias
de asistencia y cooperación
jurídica, económica y técnica
que corresponden a las diputaciones
provinciales, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 8/1987, municipal y
de régimen local de Catalunya."
En cuanto a las bibliotecas universitarias,
la Ley indica que "se coordinarán
con el resto del Sistema
Bibliotecario, por medio de la
Biblioteca de Catalunya, por lo que
respecta a la catalogación, al préstamo
interbibliotecario y la protección
de los fondos de valores históricos o
culturales relevantes, sin perjuicio de
otras formas de coordinación que
puedan establecer con otras bibliotecas
para servicios comunes."
Establece que "en los centros de
enseñanza no universitaria se debe
establecer una biblioteca escolar,
como parte integrante de la enseñanza
y en colaboración con el Sistema
de Lectura Pública."
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En cuanto a las bibliotecas especializadas,
pueden ser de titularidad
pública o privada, prestan servicio
público con las restricciones que les
son propias y se coordinan con el
resto del Sistema Bibliotecario en los
mismos términos que las bibliotecas
universitarias.
Decreto 124/1999, sobre los servicios
y el personal del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya (1999)
El Decreto precisa las funciones que
corresponden a cada administración en
la gestión de los servicios de soporte y de
las bibliotecas públicas, con el objeto de
hacer realidad la previsión legal según la
cual la lectura pública se debe articular
mediante un sistema único, gestionado
básicamente por los municipios.