Tutela - Semana.com

a los que fue sometida, y por haber sido extraida cuando era pequeña del
seno de su familia, lo que puso en riesgo su desarrollo
También indicaron que la tutelante fue víctima de servidumbre
doméstica como forma de trata de personas o de servicios forzosos.
Recordaron que según el Convenio 29 de la OIT, los servicios forzosos
son todos aquellos “exigidos a un individuo bajo la amenaza de una
pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
Resaltan que un ofrecimiento no puede tomarse como una declaración
de voluntad cuando media el empleo de la fuerza o la coerción, lo cual
puede devenir, por ejemplo, de la retención de los documentos de
identidad. Agregaron que en la sentencia del caso de la Masacre de
Ituango v. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
concordancia con el Convenio 29 de la OIT, señaló que el trabajo
forzado consta de dos elementos:
“i) el trabajo o el servicio que se exige ‘bajo amenaza de una
pena’ y, ii) estos se llevan a cabo de forma involuntaria,
señalando que la amenaza e una pena se entiende como ‘la
presencia real y actual de una intimidación, que puede asumir
formas y graduaciones heterogéneas, de las cuales las más
extremas son aquellas que implican coacción, violencia física,
aislamiento o confinación’ y respecto de la ‘falta de voluntad para
realizar el trabajo o servicio’ lo definió como la ‘ausencia de
consentimiento o de libre elección en el momento del comienzo o
continuación de la situación de trabajo forsozo. Esta puede darse
por distintas causas, tales como la privación ilegal de la libertad,
el engaño o la coacción psicológica’.”
Con fundamento en estas consideraciones y pese a que la tutelante no se
encontraba bajo la amenaza de una pena, las investigadoras concluyeron
que fue sometida a trabajo forzoso. En su sentir, la peticionaria “(…) se
encontraba en una situación equivalente puesto que fue trasladada a una
ciudad capital a muy temprana edad, en una ciudad con la que no tenía
relación alguna más allá de la relación de servidumbre con el accionado
y su familia, lo que a su vez le generaba situación de indefensión y
temeridad, a lo que se agrega que a partir de ese momento no tuvo
contacto alguno con su familia biológica”.
Expresaron que el caso es un ejemplo de violencia contra la mujer, en
los terminos del artículo 1 de la Convención de Belém do Pará.
Señalaron que las niñas en zonas rurales están en mayor medida
expuestas a este tipo de riesgos, y que en el caso concreto, la violencia
sexual de la que fue víctima la tutelante fue una forma de presión y
control ejercida por el demandado.
Para terminar, teniendo en cuenta que –en su concepto- la accionante no
cuenta con otra vía judicial para solicitar la reparación de los daños
sufridos, sugirieron que se de aplicación al artículo 25 del decreto 2591
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