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domésticos no remunerados, primero en la casa de su suegra, y luego en
su propia casa. Aunque Eunice Beltrán y Vitaliano Sánchez aseguraron
que recibieron a la niña “por razones humanitarias”, lo cierto es que se
aprovecharon de su vulnerabilidad para extraerla de su pueblo natal y
obligarla a realizar labores domésticas. Nunca hubo una auténtica
“intención humanitaria”, pues la niña no fue educada en el sistema
formal de educación, fue sometida a maltratos, a largas jornadas de
trabajo y nunca fue remunerada. De hecho, el documento “contrato de
adopción” y las declaraciones de los demandados demuestran que nunca
hubo intención de remunerar el trabajo de Amalia, para ellos bastaba
con suministrarle alojamiento, vestuario y comida.
Incluso podría hablarse en este caso de una modalidad de esclavitud,
pues la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la
trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud
de 1956 indica que es una práctica que constituye esclavitud, toda
aquella “(…) en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho
años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra
persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se
explote la persona o el trabajo del niño o del joven”. En este caso, la
madre y el tío de Amalia la entregaron cuando era niña a Vitaliano
Sánchez con el propósito de que fuera explotada laboralmente, pues (i)
nunca se pensó siquiera en una remuneración, (ii) la niña fue sometida a
trabajos y jornadas que excedían claramente sus capacidades –ni
siquiera había cumplido la edad que la normativa exige para que un
menor de 18 años pueda empezar a trabajar-. Además, confluyen los
demás elementos de la definición de esclavitud de la Convención de
1926, ya que sobre Amalia, los demandados ejercía un poder que les
permitía señalar donde debía prestar sus servicio y le impedía disponer
de su tiempo e incluso de su cuerpo.
2.5.3.2.En este caso en particular, la Sala observa que independientemente de la
clasificación que se de a los hechos, lo cierto es que dieron origen a la
vulneración de varios derechos fundamentales de Amalia, como
resaltaron varios conceptos técnicos. A continuación la Sala explica los
fundamentos de esta conclusión:
Los hechos revelan que los demandados han quebrantado el derecho de
Amalia a tener una familia y no ser separado de ella. El
reconocimiento de este derecho se fundamenta en la importancia de la
familia, especialmente en el caso de los niños, para su desarrollo físico y
emocional. Por ello el artículo 7 de la Convención de los derechos del
niño reconoce el derecho de los niños a conocer quiénes son sus padres,
y el 9 indica que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a
reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño.” En este caso,
Amalia fue separada de su familia biológica sin justificación, y
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