Acta de la Sesión Ordinaria del 7 de abril de 2011 - Ayuntamiento ...

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DE-
CLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE FUERA
DE ORDENACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y EDIFICA-
CIONES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Puerto de Santa María han proliferado núcleos residenciales en suelos que carecen de
la aptitud legal para servir de soporte a la edificación de viviendas sobre ellos erigidas.
Las últimas estimaciones realizadas para este Ayuntamiento, cifran el número de viviendas
construidas en estos suelos en más de cuatro mil.
La solución a este fenómeno ya fue considerada en el proceso de redacción del vigente
Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente por resolución de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 18 de diciembre
de 1991, mediante la adscripción de algunos de estos núcleos a la clase de Suelo
Urbano incluidos en Unidades de Ejecución con ordenación pormenorizada en el propio
instrumento de planeamiento general. En otros casos, zonas que fueron objeto de estas actuaciones
y que no gozaban de las condiciones urbanísticas para ser incluidas en el Suelo
Urbano, quedaron clasificadas como Suelos Urbanizables o adscritas al Suelo No Urbanizable.
No obstante, los actos de edificación en terrenos que carecen de la condición de Suelo Urbano
Consolidado se han seguido sucediendo durante el periodo de vigencia del actual
Plan General, sin que la ejecución de sus determinaciones ni el ejercicio por parte de la
Administración de las potestades legales en materia de Disciplina Urbanística haya logrado
alcanzar el propósito de conseguir un crecimiento urbanístico ordenado y sostenible conforme
con el interés general.
A esta problemática, por otra parte común en muchos municipios de Andalucía, no ha sido
ajena la regulación contenida en el reciente Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que ha abordado la misma desde una doble vertiente. Por una parte, posibilitando que
las Entidades Locales dispongan de instrumentos más eficaces para combatir la ilegalidad
urbanística, fundamentalmente mediante el desarrollo reglamentario del artículo 183.5 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, a través de lo
previsto en su artículo 52 donde se definen los supuestos de actuaciones manifiestamente
incompatibles con la ordenación urbanística y se regula el procedimiento aplicable. De otro
lado, reconociendo la existencia de una realidad, con indudable relevancia social, necesitada
de un tratamiento generoso y que se afronta en el texto reglamentario desde una novedosa
lectura del principio de proporcionalidad de la intervención administrativa en lo relativo
a las actuaciones con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística
que encontramos en el artículo 48.4 y mediante la introducción de figuras tales como el
cumplimiento por equivalencia de la resolución acordando la reposición de la realidad física
alterada que se establece en el artículo 51, o, la que es objeto de regulación por la pre-