Acta de la Sesión Ordinaria del 7 de abril de 2011 - Ayuntamiento ...

imposición al interesado de multas coercitivas por incumplimiento del acuerdo municipal
de fecha 12 de marzo de 2007 recaído en el expediente de legalidad urbanística de referencia
y por el que se ordenaba la demolición de tres viviendas, de 90 m2 cada una, ejecutadas
sin licencia urbanística en calle Peral Silvestre nº 1 de Los Perales.
Asimismo, con fecha 15 de febrero de 2011, tiene entrada en este Servicio, oficio del
Sr, Tesorero Municipal mediante el que solicita se informe sobre la procedencia o no del
recurso de reposición de fecha 8 de octubre de 2010, formulado por el interesado ante el
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria contra la Providencia de Apremio
por impago de la segunda multa coercitiva impuesta. El recurso presentado es transcripción
exacta del escrito arriba referido.
Ambos escritos basan su pretensión en la citada Sentencia de fecha 17 de marzo de
2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero.- El artículo 102.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
que las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad
de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1. El apartado
c) de éste artículo señala que constituye supuesto de nulidad aquellos actos administrativos
que tengan un contenido imposible.
Segundo.- El precitado artículo 102, en su apartado 3º, preceptúa que el órgano
competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite
de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no
se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo
otras solicitudes sustancialmente iguales.
Tercero.- El artículo 104 de la misma Ley prevé que iniciado el procedimiento de
revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del
acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Cuarto.- La propia Sentencia aludida señala en su Fundamento Jurídico CUARTO
que “…la parte recurrente de acuerdo con la prueba practicada carecía de poder de disposición
sobre lo indebidamente ejecutado, sin perjuicio de su responsabilidad, por lo que
el requerimiento de demolición debía y debe dirigirse a los efectivos poseedores de los
inmuebles, pues no puede ser aquella sujeto pasivo de las medidas de ejecución forzosa
que son presupuesto de la multa coercitiva impuesta que se funda en un incumplimiento
voluntario, no apreciable cuando no se ostenta poder de disposición sobre el objeto de la
actividad requerida o incumplida”.
Asimismo, diversas resoluciones recaídas en procedimientos sustanciados ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz por recursos interpuestos contra este
Ayuntamiento han considerado que las acciones de protección de la legalidad urbanística