Acta de la Sesión Ordinaria del 7 de abril de 2011 - Ayuntamiento ...

han de seguirse contra el actual propietario de la finca. Así, por ejemplo, la Sentencia de 17
de febrero de 2010, dictada por el Juzgado de lo C-A nº 3, o bien, la del Juzgado nº 1 de
fecha 16 de febrero del mismo año en la que se afirma que “La obligación de restauración
de la legalidad urbanística, es una obligación ob rem o propter rem, que va unida a la
finca. Por tanto, la acción dirigida a restaurar la legalidad urbanística ha de entenderse
contra el propietario o poseedor actual de la finca, aun cuando no haya sido el responsable
de las obras realizadas sin licencia, por cuanto sólo él tiene la posibilidad de proceder
a la restauración del orden urbanístico infringido.
Se constituye así, como se ha indicado, las acciones de protección de la legalidad
urbanística a modo de obligaciones “propter rem” que han de ser cumplidas por aquel
que tiene la titularidad efectiva de la finca al momento de ejercitarse por la Administración
las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para la protección de la legalidad
urbanística. Y ello en virtud de operar en esta materia el principio de subrogación, en el
que el particularismo individual resulta indiferente.
En conclusión, en el expediente de protección de la legalidad urbanística, los propietarios
vienen obligados a realizar las acciones tendentes a la restauración del orden urbanístico
infringido, con independencia de haber ejecutado las obras o de haberlas promovido”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente en este
mismo sentido. Por todas, la Sentencia de 6 de febrero de 2.007 (ponente: Menéndez Pérez),
que, en su F.J. 5º mantiene lo siguiente: “..La ejecución (de la sentencia) no queda
frenada por la transmisión de los pisos y locales a terceros, aunque estos lo fueran de
buena fe, pues los terceros adquirentes del edificio cuyo derribo se ordena, o de sus elementos
independientes, ni están protegidos por el art. 34 de la L.H., ni están exentos de
soportar las actuaciones materiales que lícitamente sean necesarias para ejecutar la sentencia…porque
el nuevo titular de la finca queda subrogado en el lugar y puesto del anterior
propietario en sus derechos y deberes urbanísticos…”.
En consecuencia, no procedería la imposición de las multas coercitivas previstas en el
artículo 182.4 de la L.O.U.A. a quien ya no es dueño, para compelerle a la demolición de
unas viviendas que ya están fuera de su poder de disposición.
Conforme a esta doctrina jurisprudencial, el carácter real de las medidas de protección
de la legalidad urbanística ha quedado positivado en la normativa urbanística. Así se
establece en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio o en el 38
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quinto.- El órgano competente para iniciar el procedimiento de revisión de oficio, así
como para acordar la suspensión de los actos administrativos objeto de revisión o de aquellos
que se derivaran de los mismos, es el Pleno de la Corporación Municipal, de conformidad
con lo prevenido en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102.3. y 104
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
CONCLUSIÓN:
Se aprecian motivos para iniciar el procedimiento de revisión de oficio conforme a lo
previsto en el precitado artículo 102.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y suspender la ejecución de los actos administrativos dimanantes del
procedimiento de protección de la legalidad urbanística de referencia, en concreto el