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De los casos analizados, 3 (tres) tuvieron correspondencia con hechos de corrupción por parte de los empleados y/o
funcionarios y se originaron en:
-Sustracción y presentación a cobro de cheque.
-Compra de electrodomésticos (para uso personal) a nombre del Ministerio.
-Robo o sustracción de mercaderías y equipos.
De los tres casos, el primero fue resuelto, disponiéndose la resolución anticipada del contrato que vinculaba al agente
con la Administración Pública Provincial. El segundo, se encuentra en trámite previo a las conclusiones. Finalmente, el
último caso analizado se encuentra en etapa probatoria.
Marco normativo
El Estatuto del Empleado Público, Ley N° 7.233, establece en su articulado los derechos y las obligaciones de todos los
empleados que desempeñan sus funciones en la Administración Pública Provincial y las respectivas sanciones a
aplicar en caso de corresponder.
Haciendo referencia a este marco legal, el Ministerio de Administración y Gestión Pública realiza investigaciones
administrativas previas a la sustanciación de sumario, las que tienen por finalidad producir los elementos de
convicción que funden la instrucción sumarial.
Aspectos a tener en cuenta:
Gestión de capital humano
-La investigación administrativa propiamente dicha es labrada directamente por la repartición o dependencia en la
que tienen origen los hechos.
-No será necesaria la investigación, cuando respecto del hecho existan pruebas documentales que acrediten
fehacientemente la comisión del mismo y su autoría.
-Para la apertura de sumario se debe dictar una Resolución que ordene la misma. Ésta contendrá la
individualización de el/los imputados y la descripción de la conducta irregular que se le/s atribuyera.
-El sumario se realiza o diligencia ante la Dirección General de Administración de Capital Humano (DGACH).
-Concluido el trámite del sumario, la autoridad que dispuso el mismo, dictará Resolución Final clausurando éste y
adoptando las medidas pertinentes, teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 71 de la Ley N° 7.233. Las medidas
disciplinarias a adoptar serán aplicadas por las siguientes autoridades:
1. Por el Jefe de la repartición o dependencia, si se prevé una suspensión de hasta 5 (cinco) días corridos.
2. Por los Ministros, Secretarios y Autoridades Superiores en los Organismos Autárquicos, cuando la
suspensión es de hasta 60 (sesenta) días corridos.
3. Por el Poder Ejecutivo, cuando se trata de una cesantía y/o exoneración. Las suspensiones mayores a 10
(diez) días, las cesantías y las exoneraciones sólo podrán disponerse previa instrucción del sumario
respectivo. Las autoridades indicadas pueden dictar resoluciones de sanciones inferiores a las previstas, en
los casos en que de los antecedentes acumulados del sumario respectivo surja esta conveniencia.
-Las sanciones a aplicar pueden ser: apercibimiento por escrito, suspensión hasta 60 (sesenta) días corridos,
cesantía y/o exoneración.
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