in English - DCAF

288 Dirk Kruijt
pacificación y al desarme al evitar la ocurrencia de incidentes por parte de la
guerrilla una vez que fueron firmados los acuerdos de paz.
Por el énfasis en la fuerte posición y el peso político de las fuerzas armadas
entre 1985 y 1995 se tiende a olvidar que fue precisamente en esa época cuando se
originaron las primeras ‘organizaciones paraguas’ de la sociedad civil, procedentes
de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y de la Asamblea de la Sociedad
Civil (ASC). En ambos casos, la Iglesia Católica jugó un papel importante. La CNR
fue creada, desde el seno del gobierno, por el presidente Cerezo. A partir de 1994 se
había organizado, bajo la presidencia del anterior moderador de las negociaciones de
paz y presidente de la CNR, Monseñor Quezada Toruño, la Asamblea de la
Sociedad Civil, compuesta por agrupamientos de índole religiosa y de origen étnico,
para nutrir con recomendaciones a los delegados del gobierno en la mesa de
negociación. Después de la firma de la paz en 1996 se crearon mucho más ONG’s,
en general financiadas por la cooperación internacional y relacionadas a los temas de
derechos humanos y de democracia. Del seno de estas organizaciones provenían
varios participantes en el diálogo desarrollado dentro del programa POLSEDE 10 .
En general, durante el proceso de negociaciones de paz se había mejorado
considerablemente la infraestructura para monitorear los derechos humanos. En
1994, en plena discusión sobre los Acuerdos de Paz, se pactó sobre la conveniencia
del monitoreo de los mismos. Pocos meses después se instaló Misión de Naciones
Unidas en Guatemala (MINUGUA), órgano especialmente creado para esta tarea.
En 1997, se expandió la función de la Misión al monitoreo independiente de todos
los Acuerdos de Paz, con una extensión del mandato hasta el año 2003. La presencia
de Naciones Unidas funcionó en los primeros años de su existencia como un tipo de
árbitro en materia de derechos humanos y de desarrollo democrático. El mérito de
esta organización ha sido grande, sobre todo en materia de los derechos humanos,
labor realizada mediante informes periódicos dirigidos al gobierno. Sin embargo,
durante los últimos diez años de su presencia en Guatemala se dejó sentir también el
peso de una institución que a veces se veía tentada a asumir el papel de un ‘estado
dentro de un estado’, con unos 100 expertos internacionales (muchos de ellos [ex]políticos
latinoamericanos) que tenían dificultades de delegar tareas a expertos
nacionales o funcionarios de ONG’s. Seguían contratando expertos internacionales
“por que no podíamos encontrar expertos adecuados dentro de la sociedad civil”
(Kruijt et al. , 2000: 3), lo que, por supuesto, no contribuía al fortalecimiento de una
sociedad civil con suficiente fuerza y autoridad.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta el proceso lento pero estable de
crecimiento institucional de la sociedad civil a partir de la segunda mitad de los años
noventa, también en los departamentos de población Maya. Guatemala contaba hasta
mediados de los años ochenta con pocas asociaciones de defensoría indígena, y
durante todo el siglo XX casi no se registraron movimientos étnicos (Cifuentes,
1998). Los pueblos Maya no estuvieron directamente representados durante las
10 Aguilera (en este libro) menciona las ONG’s de la primera generación (creadas en los
años ochenta), como ASIES, FLACSO, la Fundación Myrna Mack, IEPADES, IRIPAZ
y SEDEM. En una evaluación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala
(FAFG) (Kruijt et al., 2002) comprobamos la influencia de otras más nuevas en el campo
de los derechos humanos ONG’s (creadas en los años noventa), como la Alianza contra
la Impunidad, CAFCA, CONAVIGUA, la Fundación Rigoberta Menchú, FONDEGUA
y el GAM, entre otros. Por supuesto había también otras ONG’s, como el CALDH, la
COPREDH y ODHAG.