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ODV 3URYLQFLDV $UJHQWLQDV \ VX UHODFLyQ
FRQ OD HTXLGDG
María Eugenia Brissón
Carmen Norma Solís
Carlos Alberto Vassallo
Rodrigo Falbo
Febrero 2001
1

Contenidos
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 3
METODOLOGÍA .................................................................................................................................................... 4
ASPECTOS CONCEPTUALES.................................................................................................................................. 4
INDICADORES DE EQUIDAD.................................................................................................................................... 4
DESARROLLO ...................................................................................................................................................... 7
FALTA DE EQUIDAD EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN ...................................................................... 8
FALTA DE EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS................................................................................... 8
FALTA DE EQUIDAD EN EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN............................................................................ 11
FALTA DE EQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD............................................................................. 15
CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................... 16
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................... 19
MARCO GENERAL POLÍTICO ECONÓMICO.................................................................................................................. 20
MARCO GENERAL POLÍTICO SANITARIO .................................................................................................................... 21
CONTEXTO PROVINCIAL .......................................................................................................................................... 22
ASPECTOS GENERALES...................................................................................................................................... 22
ALGUNAS ESTRATEGIAS SANITARIAS PROVINCIALES ............................................................................................ 26
GASTO EN SALUD EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES .......................................................................................... 27
CONCLUSIÓN ......................................................................................................................................................... 30
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................... 31
PROVINCIA DE SALTA ............................................................................................................................................. 32
SITUACIÓN SANITARIA Y RELACIÓN CON LA EQUIDAD. ........................................................................................... 32
CONTEXTO POLÍTICO SANITARIO Y DE REORMAS................................................................................................... 33
EL ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO........................................................................................................ 35
EL ORDENAMIENTO NORMATIVO............................................................................................................... 35
A MODO DE CONCLUSIÓN........................................................................................................................................ 35
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................................................ 42
2

&DStWXOR ,
8QD DSUR[LPDFLyQ DO DQiOLVLV GH OD HTXLGDG HQ VDOXG HQ HO SDtV
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se realiza un estudio de equidad en la Argentina, a partir del cual se eligen
dos provincias en las que se analizan las políticas de salud y gestión sanitaria y aspectos de
equidad en la provisión de servicios y condiciones de salud.
Se ha discutido y analizado el concepto de equidad y se han adoptado definiciones operativas.
El enfoque de la equidad se ha tomado con el sentido de fortalecer el análisis de políticas de salud
y gestión y de facilitar un abordaje para la programación, ejecución y evaluación de intervenciones
eficaces.
En una primera etapa, se tomaron los datos e indicadores, tradicionalmente usados, del último año
con información disponible y preferentemente publicada (año 1997), para caracterizar aspectos
demográficos, socioeconómicos, de enfermedad y recursos para la atención de la salud en el país.
Se justifican conceptualmente estos indicadores y se describen sus requerimientos en materia de
datos. El año 1997 se elige como punto de corte dado que corresponde al que se ha reunido mayor
cantidad de datos e información para cada aspecto considerado.
Se analiza la situación de salud del país en el año elegido y se documenta la importancia de
abordar las brechas existentes en cuanto a la equidad en salud como parte de los procesos de
reforma del sector sanitario considerando que las desigualdades e inequidades han sido el
fundamento de muchas de las reformas realizadas.
Se agrupan las provincias según un determinado criterio (la expectativa de vida) a fin de realizar
comparaciones entre los grupos. Se interpretan las diferencias y se extraen conclusiones sobre
equidad. Sobre la base de estas últimas se seleccionan dos provincias de grupos extremos en las
que se observan diferencias importantes en los indicadores de salud y proporcionalmente menores
en lo que respecta al gasto sanitario.
También se analiza los recursos aplicados de nación, provincias y municipios y de los
correspondientes a programas con financiamiento externo en el año elegido. Se examina el
contexto político-económico como marco del estudio de equidad y de las políticas provinciales.
En una segunda etapa, en dichas provincias se estudian las políticas sanitarias y los efectos de las
mismas en la situación de la salud y su relación con la equidad.
En este sentido, debe señalarse que la equidad se ha encontrado generalmente como un concepto
subyacente en otros objetivos.
El debate en salud y la mayoría de los estudios hasta la fecha, han producido datos empíricos con
escasa atención a los objetivos de la equidad, y en consecuencia, al modo en que las políticas
públicas de salud pueden ser formuladas y monitoreadas. Muchos de los trabajos se han
concentrado en la medida de la utilización de los servicios y en los resultados y efectos (por
ejemplo: mortalidad), subyaciendo en los mismos que la reducción de tales diferencias son los
objetivos de las políticas de salud. Lo que, como una guía para la acción, puede resultar
inapropiada y compeliendo a confusión, descrédito o desconsideración por parte de los decisores
políticos. De esto puede resultar la identificación de distribuciones desiguales sin la consideración
de si son simultáneamente inequitativas. Así mismo debe considerarse que la igualdad de
oportunidades en el acceso no implica la igualdad de acceso en término de los beneficios recibidos
(Wolfe and Badgley, 1992).
3

En la actualidad los abordajes mencionados están siendo revisados trasladando el foco de la
medida del estado físico de salud a través de la mortalidad hacia otras dimensiones de salud y
bienestar.
En este estudio se trata de analizar los objetivos relacionados con la equidad y aportar elementos
para la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de salud.
Los datos que se utilizan corresponden a los de las fuentes oficiales que se presentan en tablas,
cuadros y figuras.
METODOLOGÍA
Aspectos conceptuales
La equidad es un concepto ampliamente debatido que no puede ser evaluado a partir de un solo
indicador referente a la variable considerada (Musgrove, 1983, Pereira, 1989).
El término iniquidad tiene una dimensión ética y moral. Refiere a diferencias que son innecesarias
y evitables y además de ser consideradas injustas.
De acuerdo a Leenan, 1985, la equidad en la atención de salud queda definido como:
• igual acceso a la atención de salud disponible para igual necesidad
• igual utilización para igual necesidad
• igual calidad de atención para todos
En 1986, la OMS estableció que equidad en salud implica idealmente que todos deberían tener la
posibilidad de alcanzar su potencial de completa salud y, más pragmáticamente, que nadie debería
tener desventajas para alcanzarlo, si puede ser evitado.
Sobre la base de esta definición la meta de las políticas orientadas a la equidad no es eliminar
todas las diferencias de modo que cualquiera tenga el mismo nivel y calidad de salud, sino reducir
o eliminar aquellas diferencias que pueden resultar de factores que son considerados evitables e
injustos.
En este estudio se considera el rol de las opciones de las personas a la atención de la salud que
pueden determinar la existencia de iniquidades en salud. Siendo igualmente importante conocer
como algunas distribuciones de recursos y oportunidades han sido dadas (Pereira, 1989). La
posición básica ha sido la consideración de la equidad en su relación con la justicia y lo justo, lo
que refiere a lo que las personas tienen derecho (en contraste con la compasión, o la beneficencia
que también establecen criterios para la redistribución).
El presente análisis no analiza exhaustivamente la forma en que estos servicios se financian y la
organización y acciones para la atención de la salud. Por lo tanto, no puede ser tomado como una
evaluación global de la equidad en el sector salud.
Indicadores de equidad
Los indicadores seleccionados (analfabetismo, porcentaje de población sin agua potable y cloacas,
porcentaje de población rural, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, bajo peso al
nacer, etc.) tienen la ventaja de ser relativamente sencillos de calcular utilizando la información
generada por el sistema de salud junto con alguna información censal. Aunque debe señalarse que
los mismos pueden ser deficientes en cuatro aspectos importantes que señala Musgrove (1983):
Puede ser erróneo suponer que las necesidades son iguales entre grupos, cuando estos
son pequeños y / o se han definido por algún criterio socioeconómico en lugar de
geográfico
Son aplicables a comparaciones geográficas, pero no admiten, sin información adicional
comparaciones entre grupos definidos por otras variables como por ejemplo el ingreso
4

Suponen que donde no hay servicios nadie obtiene atención, sin tomar en cuenta el
traslado en búsqueda de atención médica
No distinguen entre problemas de salud, pudiendo ser más equitativos los sistemas para
un problema que para otro.
Por otra parte, el criterio de clasificación según el cuál se construyen los grupos con relación a las
desigualdades tiene dos componentes: la desigualdad entre los grupos y la desigualdad al interior
de los grupos.
Esto sugiere un criterio para la clasificación según el cuál, en este trabajo, los grupos se han
definido de manera de maximizar la desigualdad entre ellos y de minimizar las desigualdades
dentro de los mismos.
Los criterios de clasificación pueden considerar la dimensión geográfica, socioeconómica o
epidemiológica.
En general, el más utilizado es el criterio geográfico que resulta conveniente porque los datos
poblacionales se refieren a las divisiones político administrativas, con lo cual también se relacionan
con las políticas y la asignación de recursos según jurisdicción. El problema es que este criterio es
que la desigualdad entre áreas geográficas es sólo una fracción de la desigualdad total. En este
estudio se parte de datos organizados bajo criterios geográficos (las jurisdicciones).
El criterio epidemiológico puede ser el más apropiado cuando se quiere saber si la atención médica
se concentra donde más se la necesita. La equidad sigue estando en relación con la probabilidad
de tratamiento, y que esta sea igual entre los Grupos, aunque en un Grupo puede haber muchos
enfermos reales o potenciales y en otro pocos. Este criterio no se consideró adecuado, por dos
razones: a) las dificultades en seleccionar enfermedades respecto de las cuales se desea evaluar
el sistema, b) los problemas que se señalan respecto a la disponibilidad, calidad y consistencia de
los datos y c) la existencia de estudios preliminares con este enfoque.
El criterio socioeconómico considera el poder de compra del individuo -directa o indirectamente, y
situaciones de bienestar general (condiciones del medioambiente, educación y otras). Este criterio
tiene una importante interacción con la clasificación geográfica.
En el presente trabajo ha optado por un criterio de clasificación socioeconómico utilizando la
esperanza de vida para la construcción de los grupos definidos sobre bases geográficas
(jurisdicciones político - administrativas).
La selección de este criterio para la agrupación está basado (además de lo explicitado
anteriormente) en el poder discriminante y en la consideración de la esperanza de vida al nacer o
vida media. Es el promedio de años que se espera que serán vividos por los niños recién nacidos,
con base en un juego de tasas específicas de mortalidad por edad. La esperanza de vida al nacer
es una de las funciones de la tabla de mortalidad o tabla de vida (modelo teórico que permite medir
las probabilidades de vida y de muerte de una población en función de la edad, para un período de
tiempo determinado). Las condiciones de salud y las fluctuaciones entre provincias se reflejan en la
esperanza de vida que resulta un indicador síntesis de las veinticuatro jurisdicciones. Diferentes
estudios avalan la utilización de este criterio (Kawachi, 2000; Whitehead, 1992).
Esta clasificación es una expresión global del grado de bienestar y de condiciones de vida
alcanzados por la población del área o jurisdicción, resulta aplicable a comparaciones geográficas
y contempla las relaciones con políticas jurisdiccionales y con la asignación de recursos.
Se han analizado los siguientes indicadores:
• Porcentaje de población sin agua potable
• Porcentaje de población sin desagües cloacales
• Porcentaje de población NBI
• Porcentaje de población urbana
5

A ñ os
73
72
71
70
69
68
67
66
• Médicos cada diez mil habitantes
• Gasto por habitante
• PBG por habitante
• Gasto PBG
• Tasa de mortalidad infantil
• Tasa de mortalidad materna
• Porcentaje de bajo peso al nacer
• Anos de vida potencialmente perdidos
• Porcentaje de defunciones por causas mal definidas
• Porcentaje de partos institucionales
• Porcentaje de población no cubierta por obra social plan medico o mutual
La distribución de los valores de la esperanza de vida se observa en el Gráfico Nº 1.1.
Gráfico Nº 1.1
Jujuy
Salta
Chaco
Formosa
Misiones
S. del Estero
Corrientes
Esperanza de Vida al Nacer
T. del Fuego
La Rioja
Santa Cruz
Chubut
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, Indicadores Básicos.” OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación
Si se lo analiza desde la perspectiva de la iniquidad sugerida por OPS (que a continuación se
menciona), se encuentra, para datos del año 1997:
Indicador Esperanza de Vida al Nacer
Valor Máximo: 72,79
Cuartil 3: 71,58
Mediana: 70,70
Cuartil 1: 70,03
Valor Mínimo: 68,37
Rango Semi Cuartil: 0,77
Catamarca
San Luis
RSC/Mna %: 1,09%
A excepción del criterio adoptado para la agrupación de las variables, en general en este trabajo se
ha seguido la metodología sugerida por OPS en sus publicaciones ( 1 ) :
1 En los trabajos mencionados, las jurisdicciones se agrupan según ingresos per cápita. Ver: OPS / OMS – Ministerio de
Salud de la Nación “Situación de Salud. Argentina. 2000.” ; OPS / OMS “Situación de la equidad en salud. Argentina. 1999.”
Río Negro
Tucumán
San Juan
Neuquén
La Pampa
Entre Ríos
Total País
Buenos Aires
Santa Fe
Capital Federal
Mendoza
Córdoba
Juridicció n
6

OPS (1996) “Inequidades en salud y la región de las Américas.” Boletín epidemiológico
Vol. 17 Nº 3 Organización Panamericana de la Salud pp. 1:9
OPS (1995) “En busca de la equidad.” Informe Anual del Director OPS
KAWACHI I. (2000) “Income inequality, social capital and health: theory, measurement
and evidence.” PAHO Workshop Equity, Health and Development in the Americas, Santo
Domingo, Febrero
DESARROLLO
Por medio de un análisis discriminante se clasificaron las veinticuatro jurisdicciones en cuatro (4)
grupos según los valores de la esperanza de vida.
Cuadro Nº 1.1
Provincias clasificadas según expectativa de vida al nacer en años (total).
Argentina. Proyecciones y estimaciones 1990-1992.
GRUPO JURISDICCIÓN ESPERANZA DE VIDA AL NACER
I
Córdoba 72,79
Capital Federal 72,72
Mendoza 72,72
Santa Fe 72,29
Buenos Aires 72,09
II
Entre Ríos 71,61
La Pampa 71,57
Neuquén 71,39
San Juan 71,13
Tucumán 71,01
III
Río Negro 70,87
San Luis 70,79
Catamarca 70,61
Chubut 70,58
Santa Cruz 70,41
La Rioja 70,38
T. del Fuego 70,16
Corrientes 70,09
IV
S. del Estero 69,83
Misiones 69,49
Formosa 69,37
Chaco 69,02
Salta 68,92
Jujuy 68,37
Fuente: Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación:
Diecinueve (19) jurisdicciones se encuentran por debajo del valor para el país. Hay una diferencia
en la expectativa de vida de aproximadamente cuatro años (4,42 años) entre la provincia que se
encuentra en el extremo inferior (Jujuy) y a la que se encuentra en el extremo superior (Córdoba).
El grupo I reúne a las jurisdicciones con mayor esperanza de vida en tanto que el grupo IV reúne a
las que tiene menor E(V).
Para cada grupo se calculan y analizan los demás indicadores.
7

Falta de equidad en las condiciones de vida de la población
El Cuadro Nº 1.2 muestra que el 68% de la población vive en las provincias clasificadas como del
Grupo I. El Grupo IV agrupa el 13% de la población total.
Cuadro Nº 1.2
Población total (1997) e intervalo y promedio ponderado de la esperanza de vida al nacer total
(proyecciones y estimaciones 1990 – 1992) ( 2 ).
Población (en miles)
Esperanza de Vida
Grupo Total
1997
Intervalo (
(en años)
3 ) Promedio ponderado
I 24.301.170 72,79 – 72,09 72,32
II 3.692.588 71,61 – 71,01 71,30
II 3.075.605 70,87 – 70,09 70,48
IV 4.602.529 69,03 – 68,37 69,17
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación
En el primer grupo, la esperanza de vida al nacer es 3,15 años mayor que la del Grupo IV.
Si se analizan indicadores socioeconómicos tales como el porcentaje de analfabetismo, la
cobertura en agua potable y desagües cloacales y la distribución de la población con necesidades
básicas insatisfechas se encuentra que las desigualdades indeseables se reiteran con el mismo
perfil.
Cuadro Nº 1.3
Indicadores socioeconómicos seleccionados según Grupo de jurisdicciones ordenados según
expectativa de vida decreciente. Argentina 1997
Analfabetismo Pob. sin agua pot.. Pob. sin des. Cloac. Pob. NBI
Grupo % Intervalo % Intervalo % Intervalo % Intervalo
I 2,55 0,7 – 4,6 32,0 0,1 – 43,4 61,3 3,0 – 84,3 15,31 7,0 – 17,3
II 4,82 4,0 – 5,3 18,0 10,1 – 32,6 68,6 64,0 – 87,4 21,37 12,4 – 26,6
III 5,78 1,1 – 9,3 17,2 4,5 – 29,7 64,9 21,6 – 76,8 24,75 14,3 – 30,4
IV 8,40 6,7 – 11,31 35,7 12,8 – 60,6 76,8 54,1 – 92,5 36,21 32,8 – 38,3
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Nota: los porcentajes corresponden al promedio ponderado del Grupo
El Grupo IV muestra respecto del Grupo I (Cuadro Nº 1.3):
un porcentaje de analfabetismo más de tres veces mayor
un porcentaje mayor de población sin disponibilidad de agua potable y de desagües
cloacales
un porcentaje dos veces mayor de población con necesidades básicas insatisfechas
extremos inferiores y superiores más altos señalando precariedades en las condiciones de
vida y acceso
En general los indicadores socioeconómicos seleccionados empeoran en la medida que la
expectativa de vida disminuye.
Falta de equidad en la distribución de los recursos
A los efectos del análisis de la disponibilidad se ha usado como indicador sustituto de la
disponibilidad de atención médica el número de médicos por 10.000 habitantes y el porcentaje de
población rural.
2
Grupo de provincias en cuadro Nº 1.1
3
Los valores máximos y mínimos dentro de cada escala corresponden a los valores mínimos y máximos notificados en
cada Grupo.
8

Con respecto a los datos relacionados con la disponibilidad de médicos debe señalarse que no ha
habido estudios más actualizados respecto a su número y distribución que el relevamiento de
1992.
Cuadro Nº 1.4
Porcentaje de población urbana y de médicos e intervalos por grupos de jurisdicciones agrupados
según expectativa de vida decreciente. Argentina 1997. (*)
GRUPO
Población urbana
(en %)
(1997)
Promedio población
(*)
(en %)
Urbana Rural
Intervalo
Número de médicos
(alrededor de 1992)
Médicos por diez mil
habitantes
(1997)
I 100 - 67,5 90,44 9,56 26.195 - 3.641 28,64
II 82,0 - 63,4 74,87 25,03 3.019 - 533 20,92
III 87,9 - 69,5 81,36 18,64 1.421 - 89 17,85
IV 85,5 - 69,4 79,83 20,17 1.510 - 444 13,70
Fuente: Elaboración propia sobre la base datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación:
La mayor concentración de médicos por diez mil habitantes se encuentra en el Grupo I (28,65%0).
Le siguen en orden decreciente el Grupo II (20,92%0), el Grupo III (17,85%0) y el Grupo IV
(13,70%0).
Los datos muestran que la disponibilidad de atención es menor en los grupos de más baja
esperanza de vida. A pesar que el indicador médicos cada diez mil habitantes, supera a excepción
de Tierra del Fuego (9,4 cada 10.000) el valor sugerido por la OMS de 10 médicos cada 10.000
habitantes.
Por otra parte, al analizar dicho indicador con relación a la distribución urbano rural, no se
encuentra relación directa entre la disponibilidad de médicos y el porcentaje de población rural. El
Grupo III que presenta mayor porcentaje de población rural (24,92%) está en segundo lugar
respecto a la disponibilidad de médicos. El Grupo II, en segundo lugar respecto al porcentaje de
población rural (21,14%) presenta datos de disponibilidad de médicos que la ubicarían en tercer
lugar (17,85%). El Grupo IV, en tercer lugar según su población rural (20,8%) presenta una
disponibilidad de médicos ubicada en el cuarto lugar (13,7%). Finalmente, el Grupo I, de menor
concentración de población rural (13,98%) tiene una disponibilidad de médicos ubicada en el
primer lugar (Cuadro Nº 1.4º). Lo que estaría indicando que los problemas relacionados con el
acceso geográfico a los centros de salud no son mayores, si se consideran los datos
agregadamente.
Debe tenerse en cuenta que estos indicadores no consideran las dificultades de acceso geográfico
(distancias, topografía, transporte, dispersión) y de disponibilidad y organización de servicios
(públicos o privados) entre otros.
De todos modos este análisis no presentaría mayor relevancia dado el carácter urbano del país
(aproximadamente el 86% de la población es urbana).
Por otra parte, existen diferencias entre los cuatro grupos en lo que respecta a gastos en concepto
de salud (Cuadro Nº 1.5).
Cuadro Nº 1.5
Gasto en salud (en pesos) por grupos de jurisdicciones agrupados según expectativa de vida
decreciente. Argentina 1997. (En $ por habitante año).
GRUPO Gasto Público
(Nac.)
Gasto público
(Prov.+Mun.)
Gasto público
(Nac.+Prov.+Mun.)
Gasto privado Gasto total
9

I 213,2 160,6 373,8 351,4 725,2
II 138,6 213,8 352,4 222,1 574,5
III 127,0 259,8 386,8 180,4 567,2
IV 106,5 187,3 293,8 127,2 421,0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del estudio de TOBAR F. y col. (2000) “El gasto en salud en la Argentina
y su método de cálculo” Programa de investigación aplicada, Instituto Universitario ISALUD.
NOTA:
• gasto público nación incluye: obras sociales nacionales, INSSJyP, PROFE, PRESSAL, PROSS, hospitales
públicos, otros
• gasto público provincias y municipios incluye: obras sociales provinciales, hospitales públicos, otros
• gasto privado incluye: gasto de bolsillo para atención de la salud a través de empresas de medicina prepaga,
mutuales, u otros planes de salud y medicamentos
Se observa que el gasto total del Grupo I supera en un 72% al del Grupo IV. Pero esta diferencia
se encuentra fundamentalmente en el subsector privado dado que el gasto público puro es un 27%
mayor ($80). En cambio en el gasto privado el gasto del Grupo I es un 176% mayor que el Grupo
IV.
Debe considerarse que el gasto en el Grupo I debe analizarse teniendo en cuenta que en este
grupo se encuentra la mayor parte de la población, a su vez envejecida y la mayor parte de la
población bajo cobertura de las obras sociales nacionales y del INSSJyP.
Con respecto al gasto por habitante año en salud se observa una relación directa entre el gasto y
las E(V) (Cuadro Nº 1.5).
Este análisis resulta una aproximación razonable de los recursos de que dispone cada grupo para
atender las necesidades de su población pero resulta limitado si no puede analizarse
conjuntamente con la distribución de los ingresos y costos de los servicios en cada jurisdicción
para el año de corte.
Si se analizan los datos disponibles de transferencias a las provincias a través de programas de
salud (PROFE) o programas de fortalecimiento (PRESSAL) se observa un mayor aporte por
habitante año de Nación hacia las provincias más desfavorecidas (Grupo IV) (Cuadro Nº 1.6).
Cuadro Nº 1.6
Transferencias de Nación (en pesos) a través de programas por grupos de jurisdicciones
agrupados según expectativa de vida decreciente. Argentina 1997.
GRUPO PROFE (1) PRESSAL (2) Transferencia total por habitante año
I 188.081.138 2.024.830 7,82
II 29.594.209 640.786 8,20
III 24.462.799 389.995 8,10
IV 50.879.769 1.216.083 11,32
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de:
(1) Dirección Nacional de Prestaciones Médicas (Programa Federal de Salud)
(2) Subsecretaría de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la Nación
El PBG por habitante del Grupo VI es aproximadamente un 56% menor que el del Grupo I, por lo
cual al analizar el gasto como porcentaje del PBG se observa un mayor esfuerzo de compensación
en el Grupo IV (Cuadro 1.7).
Cuadro Nº 1.7
Gasto en salud por Grupos de jurisdicciones agrupados según expectativa de vida decreciente.
Argentina 1997. (En $)
GRUPO PBG por habitante Gasto total / PBG (en %)
10

I 8.581,67 8,45
II 5.890,22 9,75
III 6.900,79 8,22
IV 3.775,90 11,15
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Programación Económica y Regional (1997)
Coincidentemente, diversos estudios de estos indicadores al analizar disparidades regionales
muestran que provincias pobres gastan más de sus impuestos en atención de la salud, gastan
menos por individuo, proveen un rango más limitado de servicios especialmente en nuevas
tecnologías, gastan más de su producto bruto nacional y si se analizan las transferencias centrales,
estas resultan proporcionalmente más altas con respecto a los presupuestos provinciales que las
que se encuentran mejor (Wolfe and Badgley, 1992).
Falta de equidad en el estado de salud de la población
Analizar las condiciones de salud comprende el análisis de indicadores sobre la base de los datos
disponibles. En Argentina, la información de morbilidad está básicamente referida a enfermedades
transmisibles y en general limitada a la población que se asiste en el subsector público de salud.
Tampoco se cuenta con registros sobre frecuencia, magnitud y distribución de los problemas de
discapacidad por lo que la información sobre estos aspectos proviene de encuestas parciales y
limitadas a algunas áreas geográficas. Considerando esta falta de información, la evaluación de las
condiciones de salud debe sustentarse en el análisis de la mortalidad (Bortman et al, 1999).
Siguiendo el desarrollo planteado en Kawachi I. (2000) si se analizan las tasas de mortalidad
infantil, estas muestran que oscilan entre 29,8 por mil n.v. 11,2 por mil n.v.
Gráfico Nº 1.2
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
T. del Fuego
La Pampa
Capital Federal
Neuquén
Río Negro
Tasa de Mortalidad Infantil - Año 1.997 -
Santa Cruz
Córdoba
Santa Fe
S. del Estero
Mendoza
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación
Indicador Tasa de Mort. Infantil
Valor Máximo: 29,80
Cuartil 3: 21,35
Mediana: 19,20
Cuartil 1: 16,23
Total País
Buenos Aires
Chubut
La Rioja
Entre Ríos
Tucumán
San Luis
Salta
Misiones
San Juan
Corrientes
Jujuy
Catamarca
Chaco
Formosa
11
Jurisdicción

Valor Mínimo: 11,20
Rango Semi Cuartil: 2,56
RSC/Mna %: 13,35%
Este indicador aumenta de manera significativa a medida que los valores de la E(V) disminuyen
(Figura Nº 1.1).
Figura Nº 1.1
Tasa de mortalidad infantil según Grupo
25
20
15
10
5
0
I II III IV
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación
Cuadro Nº 1.8
Tasas de mortalidad infantil y materna según grupos de jurisdicciones agrupados por expectativa
de vida decreciente. Argentina. 1997
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad materna
GRUPO
(promedio ponderado por mil n.v.) (promedio ponderado por diez mil n.v.)
I 17,22 2,74
II 18,51 4,96
III 19,77 3,92
IV 22,98 6,45
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Si se observa la tasa de mortalidad materna se encuentran también iniquidades (Gráfico Nº 1.3,
Figura 1.2) . Aunque la distribución en los Grupos muestra valores que muy elevados en el Grupo II
(Cuadro Nº 1.8)
12

Gráfico Nº 1.3
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Figura Nº 1.2
8
6
4
2
0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
La Pampa
Indicador Tasa de Mort. Materna
Valor Máximo: 13,60
Cuartil 3: 5,73
Mediana: 4,60
Cuartil 1: 2,58
Valor Mínimo: 0,00
Rango Semi Cuartil: 1,58
RSC/Mna %: 34,35%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Si se analizan los años de vida potencialmente perdidos (AVPP 4 ) se encuentra que la pérdida de
AVPP promedio en el Grupo IV es mayor en valores absolutos que representan aproximadamente
4 Se consideró como edad límite los 70 años.
S anta Cruz
Tasa de mortalidad materna
I II III IV
Capital Federal
M i si on es
S an Lu is
R í o Negro
T asa d e M ortalid ad M aterna - Añ o 1.997 -
B u en os A ir es
C ó rd ob a
Entre Rí os
La Ri oja
Total P aís
Men doza
Chubut
Neuqué n
Santa Fe
Cat am ar ca
Tucumá n
S . d el Este ro
Co rrien tes
Chaco
Salta
T . de l Fu eg o
F orm osa
13
S an J u an
Ju ju y
Ju r isd icc ió n

un 8% más de años de vida potencialmente perdidos que en el Grupo I (Cuadro Nº 1.9). Es decir la
mortalidad prematura es más frecuente en las provincias con menor expectativa de vida.
Cuadro Nº 1.9
Años de vida potencialmente perdidos según grupos de jurisdicciones ordenados por expectativa
de vida decreciente. Argentina. 1997
GRUPO Intervalo Promedio AVPP
(por cien mil habitantes)
I 6893,4 – 11247,4 7918,92
II 6094,4 – 8416,3 7366,8
III 5255,9 – 9574,9 7881,5
IV 7336,2 – 10087,3 8625,2
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del estudio de Bortman y cols. (1999) “Situación de la equidad en
salud.” OPS/OMS
Estos índices agregados, desde el punto de vista de la equidad, se encuentran en discusión por la
razón que las “unidades de salud” son tratadas como de igual valor independientemente de quién
las obtenga. Los defensores de estas teorías generalmente aceptan este hecho y actualmente
sugieren que el peso de la distribución de la atención en salud está basado en medidas de efecto
(outcomes) (Pereira, 1989).
Por otra parte, paradójicamente la proporción de niños con bajo peso al nacer no tiende a
aumentar a media que empeora la expectativa de vida (Cuadro Nº 1.10).
Cuadro Nº 1.10
Porcentaje de bajo peso al nacer según Grupos de jurisdicciones ordenados por expectativa de
vida decreciente. Argentina. 1997
GRUPO Intervalo Promedio ponderado
I 8,0 – 7,2 7,30
II 7,7 – 6,7 7,20
III 7,4 – 5,0 7,00
IV 8,1 – 6,3 7,00
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Se entiende que estos datos deben ser analizados considerando los que se desarrollan a
continuación (porcentaje de causas mal definidas) que señalarían algunas deficiencias con
respecto a estos registros.
Si se analiza el porcentaje de muertes por causas mal definidas se encuentra que el mismo es
aproximadamente tres veces mayor en el Grupo IV que en el Grupo I (Cuadro Nº 1.11).
Cuadro Nº 1.11
Porcentaje de defunciones por causas mal definidas según grupos de jurisdicciones ordenados por
expectativa de vida decreciente. Argentina. 1997
GRUPO Intervalo Promedio ponderado
I 2,35 – 7,02 4,60
II 2,84 – 16,75 11,36
III 4,54 – 13,80 10,02
IV 6,08 – 19,39 11,94
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
14

Estas muertes con diagnósticos mal definidos son un indicador directo de la calidad de los registros
y puede considerarse un indicador directo del acceso y la calidad de los servicios de salud (OPS,
Ministerio de Salud, 2000).
Falta de equidad en el acceso a los servicios de salud
Otro indicador sugerido según esta metodología ha sido el porcentaje total de partos atendidos por
personal adiestrado.
Cuadro Nº 1.12
Partos no atendidos por personal adiestrado según grupos de jurisdicciones ordenados por
expectativa de vida decreciente. Argentina. 1997
GRUPO Intervalo Promedio
(%)
I 99,4 – 97,4 2,0
II 99,4 – 97,6 1,4
III 100 – 97,2 1,5
IV 98,3 – 88,2 7,9
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Como se observa en el gráfico la cobertura menor se encuentra en el Grupo IV que presenta la
más baja expectativa de vida (Figura Nº 1.3).
Figura Nº 1.3
Porcentaje de parto no institucional
8
7
6
5
4
3
2
1
0
I II III IV
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
Si se tiene en cuenta la cobertura por Obra Social, Plan Médico o Mutual se encuentra que el
porcentaje de población no cubierta se encuentra más alto en el Grupo IV (Cuadro Nº 1.13).
Aunque los datos son del año 1991, ya que no se cuenta con estos datos actualizados, se
considera que la situación de cobertura debe aún ser mas crítica.
Cuadro Nº 1.13
Población no cubierta por OS, Plan Médico o Mutual (en %) según grupos de jurisdicciones
agrupados por expectativa de vida decreciente. Argentina. 1991.
GRUPO Intervalo Promedio ponderado
I 41,98 – 19,49 33,65
II 40,58 – 34,86 37,36
III 51,23 - 22,94 38,23
IV 54,08 – 43,50 50,03
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
15

Los datos de la evolución del mercado laboral a partir de esta fecha hacen suponer que esta cifra
se ha incrementado, lo que no es sencillo de comprobar por la falta de registros confiables, la
superposición de categorías y la doble cobertura existente. En 1997, el padrón de la Secretaría de
Seguridad Social mostró un descenso de la población con cobertura de Obras Sociales Sindicales
y del Personal Jerárquico. Aproximadamente, cinco millones de personas perdieron (desde 1985)
su cobertura, según información del A.N.S.E.S.. Posibles explicaciones podrían ser: problemas con
los datos ya que en 1985 eran las obras sociales quiénes realizaban la recaudación mientras que,
desde 1993 la misma fue puesta a cargo de la Dirección General Impositiva (D.G.I.); incremento de
la desocupación; aumento del trabajo en negro; terciarización de actividades y racionalización del
personal como resultado del proceso de privatizaciones, entre otras.
Figura Nº 1.4
Porcentaje de población no cubierto por Plan Médico, Mutual u Obra Social.
60
50
40
30
20
10
0
I II III IV
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación:
El análisis de la situación general y desde la perspectiva de le equidad, demuestran la existencia
de brechas en las condiciones y atención de la salud.
En síntesis, en un análisis general de los grupos según la clasificación adoptada se encuentra que:
el grupo IV (de menor expectativa de vida) presenta los indicadores más desfavorecidos en cuanto
al analfabetismo, el acceso a agua potable y cloacas, de población con necesidades básicas
insatisfechas, de disponibilidad de médicos, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad
materna, los años de vida potencialmente perdidos, el porcentaje de partos no institucionales, el
porcentaje de causas de defunción mal definidas y la población sin cobertura de Obra Social, Plan
Médico o Mutual, siendo su gasto por habitante el menor de todos los grupos y la relación gasto /
PBG la más elevada.
CONCLUSIÓN
En el período 89-90 se produjeron en el país cambios en el rol del estado y reformas políticas,
económicas y sociales que modificaron las relaciones entre la sociedad y el estado. Desde el
estado nacional en el lapso mencionado se formularon políticas sanitarias que tuvieron su correlato
en las distintas jurisdicciones provinciales. Estas políticas que se tradujeron en el programa médico
obligatorio, el programa nacional de garantía de calidad, el hospital público de autogestión, la
desregulación de las obras sociales y regulación de la medicina privada, la creación de nuevos
mecanismos de control (la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos Tecnología
Médica (ANMAT), la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otros) fueron instrumentadas a
través de programas con financiamiento externo e interno, para facilitar su adopción por parte de
los gobiernos provinciales. Dado el carácter federal del país, las provincias son autónomas para la
formulación e implementación de políticas, por esto la adhesión a las políticas nacionales se realiza
mediante convenios o acuerdos políticos. Esto determina una diversidad de gestiones y situaciones
y condiciones de vida y salud.
16

Hacia el año 2000 las inequidades analizadas en el trabajo sobre la base de los datos disponibles
persisten. Por otro lado, las provincias enfrentan severas deudas en sus presupuestos y se hallan
frente al desafío de ejecutar políticas sanitarias destinadas a resolver desigualdades indeseables y
evitables. Y paralelamente, requieren una reubicación en un contexto general político sanitario de
profundización de los procesos de reformas del sector.
A los efectos de explicar y analizar la relación entre las políticas nacionales en el período
mencionado y políticas sanitarias aplicadas en las provincias se han seleccionado provincias sobre
la base del análisis de la equidad desarrollado.
Estas pertenecen a los grupos: I) Santa Fe y Grupo IV) Salta.
La provincia de Salta presenta peores indicadores de salud y una expectativa de vida
aproximadamente tres (3,4) años menor que la provincia de Santa Fe. En cuanto al gasto se
observa una diferencia de sólo $69 por habitante año con mayor esfuerzo del gasto público de la
provincia de Salta que compensa el menor gasto de bolsillo (Cuadro Nº15).
Cada provincia ( 5 ), puede tener sus objetivos de equidad sugiriendo diferentes políticas. Es decir si
el objetivo del sistema es la igualdad en el acceso a la atención de salud no es tan relevante
monitorear las diferencias en el consumo de servicios per se y las diferencias en mortalidad. Si la
provisión de servicios está más orientada hacia el mercado deberá considerase la garantía de un
estándar mínimo de atención de la salud (Pereira J., 1989, Wagstaff et al, 1989).
En términos de su operacionalización en investigación y evaluación de políticas resulta necesario
estudiar los marcos legales, las explicitaciones políticas y los conceptos e ideologías subyacentes
para considerar si los objetivos establecidos están siendo alcanzados.
En épocas de crisis o recesiones económicas, aparecen reclamos competitivos que desplazan el
objetivo de equidad en salud, considerado de escasa prioridad, por el de crecimiento económico
que adquiere máxima importancia. Por otra parte, cuando las medidas económicas producen
ajustes o carencias existe un directo peligro de incrementar las iniquidades (Whitehead, 1992). En
este contexto, conseguir equidad en salud implica enfrentar obstáculos adicionales como la
introducción de programas de contención del gasto.
Debe señalarse que las medidas orientadas a la eficiencia pueden tener resultados en reducir las
iniquidades pero, más comúnmente lo inverso es realidad en la práctica.
El objetivo de las políticas puede ser maximizar conjuntamente eficiencia y eficacia y depende de
factores técnicos y de factores ideológicos. Este segundo componente depende de los pesos
relativos asignados a la eficiencia y a la justicia social, lo que obviamente constituye un asunto de
carácter ideológico.
En este sentido, resulta interesante considerar que muchas de las desigualdades e iniquidades en
salud son determinadas por las condiciones de vida y trabajo lo que demuestra la insuficiencia del
sector salud en la resolución de las razones que las producen y la necesidad de la confluencia y
coordinación de las distintas políticas públicas así como de la evaluación de resultados, efectos e
impactos.
Desea señalarse que la solución a los problemas de equidad no pueden ser logrados por una sola
organización o sector sino que todos deben tomar parte para enfrentar los retos del futuro.
5 Ver carácter federal del país en Verdejo y col. (1998) “Argentina: situación de salud y tendencias. 1985: 1996” OPS
17

Cuadro Nº 1.14
Resumen. Jurisdicciones e indicadores seleccionados.
E(V) TMI TMM Población sin agua Población sin Población de 10 y + en Población Población no Gto. Gto Gto total Gto/PBG
corriente. desagües analfabetismo con NBI cubierta por Público Privado.
%
cloacales.
%
%
OS (*) (*) (*) %
GRUPO
%
%
1995 - 2000 1997 1997 1991
1991
1991
1991 1991 1997 1997 1997 1997
I
Santa Fe 72,29 16,3 4,9 28,7 70,8 4,56 16,3 28,66 296,4 259,49 555,9 8,0
IV
Salta 68,92 20,5 7,3 15,5 54,1 6,72 36,8 47,83 327,0 159,87 486,9 11,8
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Argentina 1998, Indicadores Básicos. OPS/OMS y Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, del estudio de TOBAR F. y
col. (2000) “El gasto en salud en la Argentina y su método de cálculo” Programa de investigación aplicada, Instituto Universitario ISALUD
Nota: (*) En $ habitante año.
18

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19

Marco general político económico
&DStWXOR ,,
&RQWH[WR SROtWLFR HFRQyPLFR
A principios de los noventa Argentina inicia un proceso de reforma económica profunda que se
asienta en los pilares de la apertura, las privatizaciones y desregulación de los mercados.
Estas reformas de la organización económica tendieron a estimular la demanda interna y en el
agregado, generaron expectativas positivas respecto al crecimiento de los ingresos. En este
contexto, la reanimación del crédito y el fuerte aumento del consumo sumado a la recuperación de
la tasa de inversión configuraron un ambiente positivo.
El desempeño de los sectores económicos mostró una alta heterogeneidad según la exposición
externa del mismo o la prioridad política surgida de influencias empresariales, más que por causa
de una política industrial explícita.
No obstante, el ingreso del país al doble desafío de la globalización e integración careció de una
agenda común entre los sectores económicos y el Estado, con un programa de transición que
permitiera un salto hacia mejoras de la competitividad, minimizando los costos sociales.
La convertibilidad económica iniciada en 1991 quitó importantes márgenes de autonomía a la
política, a la par que disminuyó la incertidumbre y el uso de las variables económicas para dirimir
espacios de poder. La baja de la inflación incrementó la previsibilidad que alentó el consumo y las
inversiones.
El contexto internacional caracterizado por las bajas de interés favoreció durante este periodo la
inserción del modelo, sin que se tuviera que atacar frontalmente algunas de las reformas
estructurales que la economía argentina necesitaba.
En el marco de los cambios económicos de la década, el crecimiento se vinculó fuertemente a las
inversiones externas que llegaron para explotar recursos naturales, servicios públicos privatizados
o desregulaciones de mercados cautivos durante muchos años por efecto del proteccionismo
sectorial. La dinamización del sector servicios coexistió con cambios importantes en la producción
industrial, ingreso de bienes de capital y modernización de la gestión, aspectos éstos que
permitieron la mejora en la productividad y la internacionalización de algunos grupos nacionales.
En tanto que el grueso de las pequeñas y medianas empresas, con altos costos financieros,
escasa formación gerencial y rezago tecnológico en procesos, productos y conquista de mercados,
quedaron atrasadas y condenadas al mercado local o Brasil, en momentos en que el real comienza
a reevaluarse y permite mejorar la competitividad argentina.
Este crecimiento se asentó fundamentalmente en el sector de servicios de la economía en
desmedro del de la producción industrial, que se convirtió en un expulsor de mano de obra. La
Argentina que no había superado los dos dígitos de desempleo durante las décadas de 1970 y
1980, de pronto se encontró con un desempleo del 17% en 1998.
El proceso de privatización del sector público empresarial y la desregulación de ciertos mercados,
permitieron que el Estado nacional se redujera, pero al mismo tiempo facilitaron el financiamiento
durante este período del déficit fiscal que se fue expandiendo por causas vinculadas a la caída del
ingresos de la seguridad social, mejoras salariales, incremento de los gastos sociales, etc. Cuando
se terminaron de vender las empresas y las acciones remanentes de las mismas, el Estado
nacional se encontró con un déficit para el año 1999 que superó los 8.000 millones de pesos
20

superando largamente los límites establecidos por la ley de Responsabilidad Fiscal (L. 25.152),
votada en septiembre del mismo año.
La eliminación del déficit que producían las empresas públicas generó impactos opuestos. Por un
lado impactó positivamente mediante la eliminación de privilegios, pero también negativamente
suprimiendo políticas indirectas de redistribución, como por ejemplo mantener empresas del
Estado en lugares poco rentables (Salta, Neuquén), mediante el pago de salarios por encima de la
productividad, pero fundamentalmente generando subsidios implícitos desde mercados más
poblados y eficientes, hacia áreas con serios problemas de inserción productiva dentro de un
agotado modelo de producción e integración económica internacional.
Esta situación se sostuvo hasta la primera crisis financiera internacional que generara el conocido
“efecto tequila” (1995). Allí, como consecuencia de los problemas financieros de México se
comenzaron a ocasionar problemas para obtener financiamiento externo. La exigencia de obtener
anualmente un financiamiento externo de aproximadamente 20.000 millones genera una fuerte
dependencia de los vaivenes de la economía internacional. De esta manera durante la segunda
parte de la década de 1990 cuando los Estados Unidos se convierten en una locomotora
económica, generan una fuerte atracción de capitales, los cuales resultan entonces difíciles de
atraer hacia las economías emergentes, inestables políticamente y con tasas de crecimiento
reducidas.
Marco general político sanitario
En julio de 1992, se formularon las políticas de salud nacionales que presentaban como objetivos
principales: la preservación del derecho a la salud para la población, el mejoramiento de la
atención médica basado en criterios de equidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y calidad, el
fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la salud y prevención de la
enfermedad bajo criterios de focalización poblacional y la redefinición y reorientación de los
procesos de federalización y descentralización.
El gobierno impulsó la desregulación para facilitar a la competencia entre las mismas obras
sociales, estimular la elección por parte de los afiliados de la Obra Social y garantizar que todas las
obras sociales brindaran una cobertura obligatoria que incluyera las principales prestaciones.
Posteriormente, se inició el proceso de regulación de las empresas de medicina prepagas.
El proceso de reconversión de las obras sociales iniciado en 1992, buscaba el saneamiento
financiero y establecer nuevas estrategias de contratación con otro modelo prestacional,
garantizando la sustentabilidad, y viabilidad.
En 1992, se creó el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica
(P.N.G.C.A.M.), que re - definió el papel del M.S.A.S. de la Nación como regulador. En el mismo
año, el control de calidad en medicamentos, alimentos y tecnología fue puesto en manos de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.).
A partir de 1993, por medio de una serie de decretos y resoluciones, se institucionaliza el traspaso
de afiliados entre las obras sociales.
El programa de reconversión fue acompañado por la elaboración del Programa Médico Obligatorio
(P.M.O.) de cobertura obligatoria.
En 1993 por decreto se crea el Hospital Público de Autogestión (H.P.A.). Este está autorizado a
cobrar a terceros pagadores, sean de la seguridad social u otro tipo de seguro. Se trata de un
sistema que implica el reclamo a la Administración Nacional del Seguro de Salud (A.N.S.SAL.)
quién procede al débito automático al agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud y al pago
de lo facturado dentro de un lapso establecido de efectuada la retención.
21

El marco normativo para la implementación del H.P.A., establece la posibilidad de los Estados
Provinciales a adherir a dicha propuesta. Dado que la mayoría de los hospitales no pertenecen al
Estado Nacional, su inscripción en el registro nacional, ha dependido de la decisión de provincias o
municipios.
En enero de 1997, a través de una ley para el subsector privado, se extendió la obligación del
P.M.O. a las empresas de medicina prepaga.
A partir de la fusión de la A.N.S.SAL., el Instituto Nacional de Obras Sociales (I.N.O.S.) y la
Dirección Nacional de Obras Sociales (DI.N.O.S.), se creó la Superintendencia Nacional de
Servicios de Salud en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, como organismo
descentralizado.
El Ministerio de Salud impulsó estos cambios mediante programas de financiamiento externo
proveniente de organismos internacionales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo) que definieron la agenda de reformas. Dos de los principales programas fueron el
PROS (Programa de Reforma de las Obras Sociales) y el PRESSAL (Programa de Reforma del
Sector Salud).
En el transcurso de la década de 1990, desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de los
programas financiados por el Banco Mundial, se impulsó la división de funciones dentro del
sistema, tendiente a separar la financiación de la provisión. Así aparecen en la agenda los
contratos de gestión que promueven los incentivos a la eficiencia de la gestión hospitalaria.
Contexto provincial
Aspectos generales
La Argentina según las estimaciones del Ministerio de Economía para el año 1997 contaba con un
Producto Bruto Interno de 292.859 millones de pesos. Dado que la población total del país fue
calculada para ese mismo año en 35.408.589 de habitantes, el producto per capita estaría
alrededor de $ 6679,31.
El crecimiento del producto desde el año 1993 ha sido significativo e ininterrumpido, la tasa
alcanzó aproximadamente un 24% desde 1993 hasta 1997. (Cuadro Nº 2.1).
Cuadro 2.1
Argentina. Evolución del P.B.I. a precios corrientes.
Año P.B.I.
1993 236.505.000.000
1994 257.440.000.000
1995 258.032.000.000
1996 272.150.000.000
1997 292.859.000.000
Fuente: Ministerio de Economía de la República Argentina. 1998
Si se desagrega por jurisdicción, puede verificarse que existe una gran diferencia en los productos
provinciales per cápita, lo cual habla de provincias que se encuentran extremadamente rezagadas,
frente a otras que cuentan con un producto per cápita muy superior a la media. (Cuadro 2.2).
22

Cuadro 2.2
Argentina. Producto Bruto Geográfico (P.B.G) total y per cápita (en pesos). 1997
Jurisdicción P. B. G.
PBG
Per Capita
Ciudad de Buenos Aires 67.734.270.416 22.688
Buenos Aires 87.640.748.817 6.428
Catamarca 1.384.027.304 4.641
Córdoba 21.444.782.319 7.212
Corrientes 3.540.513.957 4.040
Chaco 3.399.599.647 3.731
Chubut 3.575.647.803 8.613
Entre Ríos 5.871.056.385 5.440
Formosa 1.607.409.664 3.452
Jujuy 2.356.230.780 4.136
La Pampa 2.345.259.660 8.092
La Rioja 1.441.071.480 5.581
Mendoza 10.819.488.463 7.039
Misiones 3.673.928.833 3.999
Neuquén 5.111.191.329 10.293
Río Negro 4.054.482.723 7.008
Salta 4.130.157.620 4.162
San Juan 2.813.535.965 5.036
San Luis 2.718.120.784 8.098
Santa Cruz 2.477.905.561 13.063
Santa Fe 20.905.364.472 6.998
Santiago del Estero 2.211.375.874 3.137
Tierra del Fuego 2.032.324.221 17.805
Tucumán 5.609.102.604 4.532
Fuente: Año 1997
Internet, Página Oficial del Ministerio de Economía, Secretaria de Programación Económica y Regional.
Otro indicador interesante de analizar a la hora de exponer las diferencias provinciales en materia
económica, es alguno que resuma la distribución del ingreso en cada región. Existe toda una
batería de registros estadísticos que se pueden emplear con este fin, para la presente
investigación se seleccionó aquel que se confecciona mediante la razón entre el ingreso que
obtiene el decil más rico o alto y el decíl más pobre o bajo. A partir de su observación en cada
provincia, puede notarse que hay provincias donde la inequidad en la distribución del ingreso es
moderada y otras donde la inequidad es fuerte.
23

Cuadro 2.3
Argentina. Distribución del Ingreso (*). 1996
Jurisdicción Distribución del Ingreso
Ciudad de Buenos Aires 22,60
Buenos Aires 22,30
Catamarca 13,10
Córdoba 14,80
Corrientes 15,00
Chaco 18,00
Chubut 16,80
Entre Ríos 17,50
Formosa 18,00
Jujuy 14,10
La Pampa 14,40
La Rioja 15,30
Mendoza 24,70
Misiones 21,30
Neuquén 24,30
Río Negro S./D.
Salta 18,20
San Juan 13,20
San Luis 11,10
Santa Cruz 13,60
Santa Fe 19,00
Santiago del Estero 19,40
Tierra del Fuego 15,20
Tucumán 17,20
Fuente: Argentina, INDEC 1997
Nota: (*) Indica cuantas veces más gana en promedio una persona del 10% más rico con relación a una del 10% más
pobre.
La reforma del Estado se convirtió en una de las principales asignaturas pendientes del esquema
de convertibilidad adoptado. Si bien durante 1996 se definió como la gran prioridad, las diferencias
políticas y la pérdida de poder político del gobierno durante la segunda parte de los noventa retrasó
las reformas estructurales (salud, previsional, provincias, fiscal, etc.)
Durante la primera mitad de la década las reformas estructurales avanzaron rápidamente en
aquellas áreas que no ofrecían mayores resistencias, y uno de los aspectos que asumió la misma
fue la transferencia de servicios sociales desde la jurisdicción nacional a las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires. Las transferencias de los hospitales nacionales y las escuelas de enseñanza
media se produjo en 1992, configurando un nuevo sistema de responsabilidades en materia de
gasto social, donde el 80% del gasto social (excluyendo previsión social) recae en las
jurisdicciones provinciales y locales.
24

La falta de incentivos a la gestión eficiente de los recursos se hace cada vez más relevante en la
medida en que el Estado Nacional asume mayores responsabilidades en materia de ingresos
concentrando funciones, en tanto que el gasto tiende a descentralizarse cada vez más. El
responsable de las erogaciones tiende a eludir las responsabilidades de asignación eficiente del
gasto y a concentrar las presiones para ampliar el techo que le establece el financiador mediante el
esquema de coparticipación.
Las dificultades de acuerdo que ofrece el dictado de una nueva Ley de Coparticipación que tendría
que haberse aprobado durante 1996 ( 6 ) constituyen una pequeña muestra del desfasaje que se ha
producido entre los cambios en la estructura del gasto público consolidado y la organización de los
ingresos. Las diferencias no son sólo entre la Nación y las Provincias, sino que se da
fundamentalmente entre las mismas provincias por el porcentaje que le correspondería a cada una
de ellas.
La problemática fiscal de las provincias, de continuos y permanentes desequilibrios permite advertir
que claramente muchas de ellas no son viables económicamente y que requieren la continua
asistencia directa o indirecta de las provincias con mayor recaudación. De este modo, con ingresos
inferiores a sus egresos, y subsistiendo de las partidas de la coparticipación federal, las provincias
presentan debilidades en materia de gestión del subsector público.
El empleo público continúa siendo utilizado como seguro de desempleo ante los problemas de
atraso y estancamiento económico y pérdida de competitividad de las economías regionales. Los
niveles de endeudamiento de las provincias se ven incrementados con los pobres indicadores de
crecimiento económicos de la última etapa de los noventa, y conforman hoy una deuda de
aproximadamente 20.000 millones de pesos.
Los problemas de financiamiento, vinculados al crecimiento del sector público en etapas
ascendentes del ciclo económico, no son fáciles de ajustar o flexibilizar cuando el ciclo está en su
etapa descendente sin generar tensiones sociales profundas.
La rigidez de la estructura pública provincial en materia de personal ocupado, estructuras, y pago
de deudas, constituye un fuerte condicionante a la redefinición de funciones de producción y
organización pública más eficientes y eficaces.
Las provincias tienen entre sí profundas diferencias y la distancia económica y social se agranda
aún más si se las compara con la Capital Federal. La inequidad está presente también dentro de
las mismas jurisdicciones, dado que es posible identificar la convivencia de islas de pobreza muy
deprimidas económica y socialmente con islas de opulencia económica.
De manera más reciente un informe de la Consultora Equis (7 ) hace referencia al crecimiento de la
economía durante los años noventa, pero de manera paralela a un crecimiento de la desigualdad.
La Capital Federal aparece como el territorio de mayor desigualdad con una diferencia de 89%
entre el 10% más rico y el 10% más pobre
El coeficiente de Gini que se utiliza para medir el grado de igualdad de una sociedad, nos permite
observar los desequilibrios sociales que se producen. El coeficiente se mueve entre 0 y 1 y cuanto
más cerca de 1 está mayor es la desigualdad. En el caso argentino mientras que en 1990 el
coeficiente era de 0,42, nueve años más tarde se ubica en 0,45.
Según el informe citado con anterioridad, el 10% más pobre de la población pasó de recibir un
2,1% de los ingresos totales en 1990 al 1,5% en 1999. Mientras que en el mismo período el 10%
más rico pasó de recibir 33,6% al 36,7%, mejorando aún más su posición.
6 Según lo establecido en la Reforma Constitucional de 1994
7 Ricos y pobres más separados. La Nación. Economía. 26 de mayo 2000
25

La brecha entre el primer y el último decil de ingresos es de 32% en Salta, en Chaco y San Juan
27%, en Chubut y Jujuy 26%, Formosa y Mendoza del 24%, Tucumán 23%, San Luis 20,6% y en
la provincia de Buenos Aires 17%.
Existe una fuerte inelasticidad de la pobreza al crecimiento económico y este fenómeno se agravó
durante la última década por diversas causas. Los mecanismos de redistribución de la riqueza no
fueron modificados y las altas tasas de crecimiento que tuvo el país desde 1991-1997 (promedio
7%) terminaron en las manos de un segmento reducido de la población.
En este sentido, el Estado es el aparato redistribuidor por excelencia, siempre y cuando se superen
las fallas del mismo y se utilice de manera adecuada las políticas tributarias y sociales del cual
dispone. Sin embargo, existe un atraso del Estado en materia institucional que se refleja en los
problemas de penetración privada dentro del mismo, que impide por ejemplo gravar y recaudar a
los sectores más favorecidos de la población, o regular y controlar el funcionamiento de los
operadores y del mercado. También existen debilidades muy fuertes en materia de organización y
gestión de los programas sociales que implican llegar de manera amplia a la población asegurando
el acceso a derechos básicos como salud, educación, promoción social, etc.
Algunas estrategias sanitarias provinciales
Durante los noventa en los ámbitos provinciales se diseñaron y ejecutaron diferentes estrategias
para quedarse con la cobertura de la población provincial, integrada a través de diferentes
opciones según quién o qué subsector fuera el motorizador de la iniciativa.
En algunas provincias donde la obra social provincial representa la mayor capacidad de compra de
servicios y tienen viabilidad financiera, por ejemplo el caso IOMA (Instituto de Obra Médica
Asistencial) en la Provincia de Buenos Aires, con 1.500.000 beneficiarios y 500 millones de pesos
de presupuesto, la estrategia estuvo orientada a avanzar como asegurador único, captando de
manera voluntaria a una parte de la población con capacidad económica (sin trabajos en relación
de dependencia), a la vez que se operaba en otro frente complementario diseñando y
estructurando programas especiales para dar cobertura a los indigentes, pero sin una articulación
orgánica de ambas estrategias bajo una línea o política directriz definida y de largo alcance. En
este caso, el Ministerio de Salud deja de financiar a la oferta (hospitales) mediante el presupuesto,
comprando la cobertura de la población indigente a la obra social provincial que se encarga de
articular y gestionar la red prestadora de salud.
En aquellas provincias donde el sector público tiene mayor estabilidad y capacidad de gestión
como por ejemplo La Pampa, es el Ministerio de Salud quien asume el liderazgo para convertirse
en el asegurador del sistema, intentando articularlo en torno a la red prestadora pública de salud, o
de la red de municipios que tienen en algunos casos seguros municipales y prestadores propios.
En el caso de la provincia de Salta las iniciativas de reforma surgen del Ministerio de Salud
trabajando en consonancia con la Obra Social Provincial (OSP). Es posible identificar cambios en
materia de normativas, como por ejemplo la reforma de la figura jurídica de los hospitales,
avanzando hacia esquemas más flexibles y menos atados a los procedimientos públicos de
compras y contrataciones de personal.
Un caso similar al salteño es el de la provincia de Mendoza, donde el Ministerio y la Obra Social
Provincial se articulan para brindar cobertura, facilitando un proceso de integración de recursos y
funciones, mediante la organización de una unidad o red prestadora formada por un mix local
público-privado con inclusión de clínicas y sanatorios privados con o sin fines de lucro.
Puede identificarse luego un tercer grupo de provincias, donde con independencia de la capacidad
y la estructura de la oferta pública, el lobby privado de la salud es muy fuerte y en consecuencia
avanzó sobre los aseguradores públicos actuando como gerenciador de contratos. Tal el caso de
la provincia de Río Negro, donde la entidad gremial médica y de Clínicas y Sanatorios tiene el
26

contrato con la obra social provincial, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados y además tiene un prepago voluntario, adquiriendo características cuasi
monopsónicas. En esta provincia, a pesar de los esfuerzos desde el Consejo Provincial de Salud
por articular un seguro provincial de salud, integrando toda la población que se atendía en el sector
público y privado, el poder de los prestadores privados fue lo suficientemente fuerte como para en
primer lugar abortar la iniciativa de integrar la población que se atiende en los hospitales con
aquellos beneficiarios de la obra social provincial. Entre otras razones por los problemas de
plantear una reconversión y complementación de la red prestadora pública que atendía
históricamente a los habitantes sin cobertura, con los prestadores privados que históricamente han
sido los principales proveedores-efectores de servicios médicos de la población beneficiaria de la
obra social provincial.
En la provincia de Santa Fe, los grupos prestadores con mayor poder de organización acumulan
capacidad de influencia como para definir nuevas reglas de juego en materia de asignación de
recursos. Los prestadores tienden a integrarse y se constituyen en compradores internos de
servicios, intentando articular una red prestadora – aseguradora público privado que tiende a limitar
la competencia, complementando recursos.
En la Capital Federal se implementaron programas del primer nivel de atención, por ejemplo el
desarrollo de un programa de médicos de cabecera para la población sin cobertura de salud, que
se atiende en el hospital público. Además se desarrollaron articulaciones entre los hospitales
municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y una red privada de prestadores conformando
Unidades de Prestadores Integrales, entidades sin fines de lucro con participación de ambos
sectores, organizada para brindar prestaciones a la población de jubilados y pensionados del
INSSJP/ PAMI en la Capital Federal.
En la provincia de San Luis se iniciaron experiencias de tercerización de la facturación de las
prestaciones a las obras sociales, y de otros operadores privados (seguros, administradoras de
riesgos de trabajo, prepagas, etc.). Muchos hospitales previamente tercerizaron la cocina,
lavandería, seguridad y otros servicios no asistenciales.
En el informe 14399-AR del Banco Mundial, sobre el proyecto de desarrollo del sector salud en las
provincias (1995) se afirma que la eficiencia en las asignaciones podría mejorar si se introdujeran
criterios de eficacia en función de costos, que permitieran definir prioridades en la asignación de
recursos en el nivel provincial, complementado con la separación gradual de las funciones de
financiación y prestación en este nivel.
Una de las críticas más relevantes que se le puede hacer al programa financiado por el Banco
Mundial apuntan a haber intentado una reforma en las provincias, a punto de partida del logro de
algunos hospitales de mejoras en su eficiencia micro, lo cual les permitiría alcanzar el status de
autogestión. En forma paralela y mediante la reforma del financiamiento, que pasaría a financiar a
la demanda y ya no a la oferta de servicios, se esperaba que se produjera un ajuste de la red
prestadora pública de salud de las provincias. La limitación del enfoque fue no pensar de manera
integral en el sistema (cobertura, seguro, regulación, financiación, red prestadora), de tal manera
de poder contar con un marco general desde donde poder actuar una reforma microeconómica en
la gestión de los actores públicos.
Este esquema sólo permitió financiar pequeños cambios organizativos que no tardaron en caer al
retirarse la asistencia finaciera y volver a funcionar con la misma lógica con la cual funciona todo el
sistema. En última instancia, se trata de una cuestión de supervivencia de la organización, que no
puede actuar de manera responsable y racional en el uso del presupuesto, porque los incentivos
tienden a favorecer a los que exceden las previsiones de gasto.
Gasto en salud en las distintas jurisdicciones
27

El gasto en salud, en sus componentes público y privado, por habitante por año varía
sensiblemente entre las jurisdicciones (Cuadro Nº 2.5).
Cuadro Nº 2.5
Gasto en salud por habitante año. Argentina. 1997.
Jurisdicción Gasto Público Gasto Privado Gasto Total
en $ por habitante en $ por habitante en $ por habitante
Buenos Aires 290,7 312,80
Capital Federal 914,8 776,01
Catamarca 430,1 194,66
Chaco 299,9 103,14
Chubut 402,7 161,19
Córdoba 318,9 237,01
Corrientes 236,8 153,25
Entre Rios 326,7 203,31
Formosa 284,8 129,31
Jujuy 299,2 129,65
La Pampa 474,9 216,92
La Rioja 501,7 159,67
Mendoza 305,2 260,69
Misiones 236,5 136,42
Neuquén 501,3 144,08
Rio Negro 338,5 206,38
Salta 327,0 159,87
San Juan 339,2 213,03
San Luis 361,0 192,38
Santa Fe 296,4 259,49
Sgo. del Estero 315,8 96,71
Sta. Cruz 780,4 184,71
Tierra del Fuego 833,0 312,20
Tucumán 292,3 275,14
Total 362,4 294,36
656,8
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del estudio ““El gasto en salud en la Argentina y su método de cálculo” ,
Coordinador Tobar F. y equipo de investigación: Ventura G, Montiel L, Falbo R, Programa de investigación aplicada,
Instituto Universitario ISALUD. Diciembre de 2000.
NOTA: El gasto público consolidado incluye los gastos de nación, provincia y municipio.
• gasto público nación incluye: obras sociales nacionales, INSSJyP, PROFE, PRESSAL, PROSS, hospitales
públicos, otros programas
• gasto público provincias y municipios incluye: obras sociales provinciales, hospitales públicos, otros programas
• gasto privado incluye: gasto de bolsillo para atención de la salud a través de empresas de medicina prepaga,
mutuales, u otros planes de salud y medicamentos
En esta distribución se observan diferencias en los tres niveles presentados.
603,5
1.690,8
624,8
403,1
563,9
555,9
390,1
530,0
414,1
428,8
691,9
661,3
565,9
372,9
645,3
544,8
486,9
552,2
553,4
555,9
412,5
965,1
1.145,2
567,5
El gasto de la Nación se distribuye en las provincias en base a los programas que se ejecutan
desde los organismos e institutos públicos y obras sociales.
El monto de gasto de Nación, dada la incidencia de algunos programas (por ejemplo Estado Mayor
General del Ejército, o financiamiento de acciones de salud en Universidades Nacionales) y la
ubicación geográfica de la administración, tienden a sobredimensionar la jurisdicción Capital
Federal.
28

El gasto nacional en salud es relativamente rígido, sin embargo podría mejorar su capacidad de
asignación en algunos programas, mediante criterios que tiendan a reflejar las diferencias en
materia de cobertura, equidad en el acceso de la población de las diferentes provincias argentinas.
En cuanto al Programa de Atención Médica Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados la asignación de recursos depende de la cantidad de personas con
beneficios previsionales que tenga cada una de las provincias. El precio de la cápita varía de una
provincia a la otra y existe todo un proceso de negociación provincia por provincia, que tiene
diferentes costos según el sector a cubrir y la configuración de la oferta correspondiente.
La distribución de los recursos de las Obras Sociales Nacionales depende de los afiliados que
tenga la obra social en cada provincia. Las provincias más beneficiadas han sido aquellas con
sectores económicos más dinámicos y más formalizados. Se observa aquí una fuerte
concentración en aquellas jurisdicciones con mayor producto bruto interno (Buenos Aires y Capital
Federal).
Respecto del gasto por provincia, esta información surge de los presupuestos provinciales y de las
obras sociales provinciales. Depende en gran medida de la actividad económica y del peso del
Estado en materia de salud y como empleador.
El promedio de gasto en salud en las provincias respecto del gasto público total (1997) alcanzaba
el 10,71% en tanto que respecto al gasto social de la provincia era de 16,34%. 8 . Este gasto esta
destinado en un 85% a financiar la red de hospitales públicos provinciales, y en mucho menor
escala los centros de salud 9
Las obras sociales provinciales son actores muy relevantes del gasto en salud en las provincias.
Dependen en gran medida de la cantidad de empleados que tenga el Estado, dado que esto
repercute de manera directa en el financiamiento estatal y los aportes de los empleados.
El financiamiento total de las obras sociales provinciales es muy variado según la provincia,
considerando en primer lugar que existen leyes provinciales que establecen el valor de las
alícuotas obligatorias de aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores sobre la
nómina salarial y de la situación económica y financiero del Estado provincial, que es el principal
aportante de la misma. Esta presencia relevante como financiador genera una situación de
dependencia, donde resulta difícil distinguir la obra social provincial de otro organismo público
provincial. Las restricciones financieras afectan claramente la autonomía y las decisiones de la
obra social en materia de cobertura.
Existe una gran dispersión en el financiamiento y las cápitas de los beneficiarios de las obras
sociales provinciales y esto se debe a las diferencias económicas estructurales que existen pero
también es destacable algunas provincias que han logrado evitar seguir incrementando los
empleados públicos y por el otro han mejorado la capacidad de gestión de las obras sociales.
El gasto de los municipios es muy variable también según el Municipio del cual se trate. En este
sentido los municipios de la provincia de Buenos Aires, tienen un desarrollo relevante de la
cobertura de salud. En la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario constituye también un
enclave en materia de salud.
8
Cuadro 4.7 Gasto Público Consolidado en Atención de Salud de los Gobiernos Provinciales y GCBA. 1993-
1997. Caracterización y evolución del gasto público social. Periodo 1980-1997 Secretaria de Programación
Económica y Regional. Ministerio de Economía. 1999
9
pag. 41. El sistema de salud en la Argentina. Cuaderno de Economía Nro 18. Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires. 1996
29

Conclusión
Las provincias presentan una gran diferencia en la capacidad de gestión, calidad de prestaciones y
presupuestos per cápita en sus sistemas de salud pública provincial e institutos provinciales de
salud.
La reorganización de los sistemas sociales cuya mayor parte hoy depende de las provincias tiene
problemas de coordinación con otras jurisdicciones, pero también es necesario decir que implica
afectar intereses y replantear cambios en las prácticas laborales y organizativas en concordancia
con los avances de la tecnología informática y de gestión.
Los gobiernos provinciales, aparecen superados por los problemas financieros inmediatos,
administrando la crisis dificultados para planificar para el mediano plazo y condicionados
políticamente por el costo de la reforma en situaciones de coyuntura.
Comienza a surgir cada vez con mayor peso un costo de la no reforma, que tiene dos caminos
posibles para tomar, el primero pasa por liderar los cambios manteniendo la responsabilidad
pública de los servicios sociales. El otro, que puede tener una serie de variantes, puede resultar
más fácil pero no menos riesgoso e implica privatizar la gestión de los sistemas sociales, mediante
la transferencia del financiamiento a entidades privadas con o sin fines de lucro.
30

BIBLIOGRAFIA
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Cuadernos Médicos Sociales Nro. 44 Rosario. Argentina.
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de Economía de la Salud” Iguazú Argentina
(1998) “Encuentro sobre Seguro Provincial de Salud.” Bariloche, Ediciones
Fundación Isalud
(1998) “El sistema sanitario en Cataluña.” Cuadernos Isalud. Buenos Aires 1998
31

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32/Ì7,&$6 6$1,7$5,$6 6,78$&,Ð1 '( 6$/8' < 68 5(/$&,Ð1 &21 /$
(48,'$' (1 /$6 3529,1&,$6 '( 6$17$ )( < 6$/7$
Provincia de Salta.
Situación sanitaria 10 y relación con la equidad.
La provincia se encuentra ubicada en el noroeste de la Argentina con una superficie de 155.000
km2 y con 1.000.983 de habitantes en 1997.
La provincia pertenece al Grupo IV (ver capítulo I), caracterizado por su baja expectativa de vida.
Salta presenta baja expectativa de vida, alto porcentaje de población de diez años y más en
condición de analfabetismo y alto porcentaje con población con necesidades básicas insatisfechas
(Cuadro 3.1).
Cuadro Nº 3.1
Indicadores socioeconómicos seleccionados.
E(V) Analfabetismo
Grupo
Población sin agua
potable
%
Población sin desagües
cloacales
%
Población
NBI
%
1991
(en años)
%
1995 - 2000 1991
1991
1991
Grupo I 72,32 2,55 32,0 61,3 15,31
Grupo IV 69,17 8,40 35,7 66,8 36,21
Salta 68,92 6,72 15,5 54,1 36,8
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación.
Tiene alto porcentaje de población rural, disponibilidad de médicos algo superior que la del grupo
IV, alto porcentaje de partos no institucionales y una elevado porcentaje de población no cubierta
por plan médico, obra social o mutual (Cuadro 3.2).
Cuadro Nº 3.2
Indicadores de recursos seleccionados.
Grupo Población rural Médicos Partos no atendidos por Población no cubierta por
(por diez mil personal adiestrado OS, plan médico o mutual
% habitantes)
%
%
1997
1997
1997
1997
Grupo I 9,56 28,64 2,0 33,65
Grupo IV 20,17 13,70 7,9 50,03
Salta 20,3 15,08 9,3 47,83
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación.
Si se observan los indicadores sanitarios seleccionados se encuentra que la TMI es elevada
aunque levemente inferior a la del Grupo IV, la TMM también es elevada y la cantidad de años de
10 Agustín Martinez , Ministro de Salud de la Pcia de Salta en 1997, disertación realizada en el
"Primer Seminario de Financiamiento del Sector Salud" organizado por el PRESSAL y llevado a
cabo en Bariloche en el año 1997.
32

vida potencialmente perdidos supera la del Grupo IV, mientras que el porcentaje de causas mal
definidas es menor que el del Grupo mencionado (Cuadro Nº 3.3).
Cuadro Nº 3.3
Indicadores sanitarios seleccionados.
Grupo TMI
TMM
AVPP total
Causas mal definidas
(por mil n.v) (por diez mil n.v) (por cien mil habitantes)
%
1997
1997.
1997
1997
Grupo I 17,22 2,74 7.918,92 4,60
Grupo IV 22,98 6,45 8.625,20 11,94
Salta 20,5 7,3 9.278,30 6,08
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación.
El gasto total por habitante año supera al valor del Grupo IV con una mayor participación del gasto
público. Dentro de ese gasto público se consideran las transferencia realizadas, que para el caso
del Programa Federal de Salud (PROFE) y del de Reforma del Sector Salud se encontraron en los
valores del Grupo IV (Cuadro Nº 3.4).
Cuadro Nº 3.4
Indicadores de gasto en salud y transferencia seleccionados (en $ por habitante año)
Grupo Gasto público Gasto privado Gasto total Gasto total / PBG Transferencia
%
PROFE y PRESSAL
1997 1997 1997
1997
1997
Grupo I 373,80 351,40 725,2 8,45 7,82
Grupo IV 293,80 127,20 421,0 11,15 11,32
Salta 327,00 159,87 486,9 11,80 10,24
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación y datos del estudio ““El gasto en salud en la Argentina y su método de cálculo” ,
Coordinador Tobar F. y equipo de investigación: Ventura G, Montiel L, Falbo R, Programa de investigación aplicada,
Instituto Universitario ISALUD. Diciembre de 2000..
Este panorama de desigualdades, en el año estudiado, permite pensar en inequidades en los
aspectos analizados, dada la existencia de conocimientos, tecnología y recursos disponibles,
considerando además, que se trata de indicadores promedio para la provincia.
Contexto político sanitario y de reformas
Desde el punto de vista de las políticas y de la equidad la información recolectada para este
estudio permite enmarcar los indicadores analizados anteriormente en el contexto socioeconómico
tratado en el capítulo dos y en particular, para la provincia de Salta, en el contexto político sanitario
y de reformas que se desarrolla a continuación.
Hacia 1995 el sector público de salud presentaba las siguientes características 11 :
1. El presupuesto del área salud presentaba una distorsión en la composición del gasto ya
que más del 95 % del mismo se destinaba a personal.
11 Vicente Paqueo, Donald Winkler, William Experton y otros "Mejora del financiamiento y del usos
de los recursos de la salud y la educación en Salta" septiembre de 1997, RA y “Condicionalidades
del Contrato firmado por la Provincia de Salta con el BIRF para la obtención del Préstamo de
Reforma Provincial “, PRL II de 1997
33

2. El nivel central se encontraba sobredimensionado. Existían más de 700 agentes que
prestaban servicios administrativos y prestacionales.
3. La ley de los trabajadores de salud remuneraba licencias y reemplazos produciendo un
doble gasto.
4. El presupuesto de los hospitales se elaboraba en base a valores históricos y se asignaba
sin algún criterio. No existían las licitaciones ni concursos de precio. Con esta mecánica la
asignación era semanal.
5. Producto del punto anterior y por la crisis fiscal, existía desabastecimiento por falta de pago
a los proveedores que llevaban acumulado una deuda promedio de doce semanas.
6. Existía un atraso en el pago de los sueldos de hasta sesenta días, con lo cual a partir del
día diez de cada mes se cortaban las actividades hasta la efectivización del pago y sólo
funcionaba la guardia médica. Esto incluía al primer nivel de atención.
7. La OS provincial estaba desfinanciada. No se le transferían los aportes y retenciones de
Ley. Por lo tanto, existía una demora en el pago a los prestadores de seis meses lo que
provocaba el corte de prestaciones y una sobrecarga a los hospitales, los cuales a su vez
no atendían regularmente la demanda programada y se derivaba a la guardia.
En ese contexto se instaló como principal fuente de financiación el plus médico, los copagos en
todos los niveles y los sistemas de reintegro, en perjuicio de los usuarios.
El gobierno provincial que asume a finales de 1995 decide encarar una profunda reforma que
afecta todas las áreas de gobierno. 12
Entre otras medidas el gobierno acordó con el Banco Mundial un préstamo que incluía un
programa de ajuste fiscal para los años 98 – 99 y políticas de reformas para las áreas de salud y
educación .
Específicamente en el área salud se acordó un programa cuyo objetivo era aumentar la eficiencia y
la eficacia del sistema provincial de salud, contribuir a los objetivos de ajuste fiscal y mejorar el
acceso de los pobres a servicios de calidad .
Se plantea una primera etapa de reordenamiento administrativo y paralelamente se van asentando
las bases para una reforma a mediano y largo plazo considerando dos aspectos principales:
(i) desde la financiación tratar de generar una caja única administrada desde el gobierno
provincial que pudiera fijar precios y establecer las condiciones de contratación y,
(ii) modificar el modelo prestador otorgando autonomía a los hospitales para que pudieran
participar en un esquema de competencia gerenciada junto al subsector privado.
Las principales reformas tuvieron eje en la:
a) reestructuración del subsector público a través de :
(i) la transformación de hospitales en Hospitales Públicos de Autogestión (HPA)
(ii) la reorganización del Ministerio de Salud
(iii) la tercerización de servicios en el nivel central y en los hospitales (por ejemplo:
limpieza, seguridad, alimentación, etc.). También se terciarizaron servicios de
diagnóstico introduciéndose nuevas modalidades de pago.
b) ampliación de la cobertura
c) redefinición de sistemas de incentivos para mejorar la eficiencia y transparencia del sector
Estos cambios debían realizarse bajo la consideración que el presupuesto del sector no debía
disminuir, a fin de garantizar que los ahorros generados se reinvirtieran en el sector . 13
12 Vicente Paqueo, Donald Winkler, William Experton y otros "Mejora del financiamiento y del usos
de los recursos de la salud y la educación en Salta", op.cit.
13 Ibidem.
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El ordenamiento administrativo
Una serie de medidas fueron tomadas a fin de encauzar y transparentar la administración del
sector:
(a) Se establece una metodología para la formulación del presupuesto de los
hospitales que considera la producción y rendimiento de cada establecimiento y las
características de la población. Se establecen créditos presupuestarios y
mecanismos de concursos de precios y licitación para la adquisición de bienes y
servicios.
(b) Se reestablece la cadena de pago tanto a proveedores como a los empleados del
sector reordenando el sistema de atención.
(c) Se sanciona una nueva ley de los trabajadores del sector eliminando las graves
distorsiones anteriores. Se redistribuyen los recursos humanos hacia el primer
nivel y desde la capital hacia las zonas alejadas del interior.
(d) Se redimensiona el nivel central, reduciendo la planta de personal y redefiniendo
el rol del Ministerio, constituyéndolo en el principal asegurador y financiador de la
provincia y recuperando además su papel fiscalizador. Se establece una política de
habilitación y acreditación de establecimientos siguiendo la línea trazada por la
Nación.
(e) Se sanea la Obra Social Provincial reestableciéndose la cadena de pago a los
proveedores y evitando nuevos cortes de servicios. Esto contribuyó fuertemente al
reordenamiento del subsector público.
(f) Se firma un convenio con la ANSES para la elaboración de un padrón que
incluyera a los beneficiarios de las Obras Sociales Nacionales y a los de la Obra
Social Provincial. Se comienza a elaborar una estrategia para empadronar a la
población sin cobertura.
(g) Se diseñan modelos de contratos de gestión como una nueva modalidad relacional
entre el hospital y el nivel central fijándose explícitamente incentivos por
producción.
El ordenamiento normativo
El ordenamiento administrativo, se sustentó en una serie de normativas orientadas a cambios en el
mediano y largo plazo. Se señalan como principales:
(1) La nueva ley de Ministerios de fines de diciembre de 1995, que determina que el Instituto
Provincial de Seguros pase a depender del Ministerio de Salud Provincial. De esta manera
se concentra toda la función financiadora pública en el ámbito del Ministerio de Salud.
(2) Ley 6.841, fue un decreto de necesidad y urgencia del 12/12/95 posteriormente
transformada en ley en 1996, que entiende en la reestructuración de la OSP y en la
reforma del hospital público. Establece que la OSP es el pilar para la conformación de un
seguro público, asignándole funciones de financiación y administración de los contratos de
servicios y de las prestaciones brindadas por la red pública (HPA) y privada. El HPA, con
personería jurídica, es el eje de la red prestadora. El personal de los hospitales que se
declaren como HPA quedan sujetos al ámbito del derecho privado.
A modo de conclusión
El ordenamiento administrativo permitió establecer metas asistenciales e introducir aspectos de
calidad a los servicios, entre otros aspectos.
Por otra parte, hacia el 2000, no se completó el desarrollo del seguro público ni el cambio de los
hospitales en hospitales públicos de autogestión (bajo la modalidad establecida en la ley provincial
6.841) observándose sólo algunos avances aislados en estas áreas.
35

Estos temas siguen incorporados a la agenda de reformas como los ejes centrales del cambio.
Retomando el análisis realizado en el Capítulo I, debe señalarse que estas medidas estuvieron
orientadas fundamentalmente al ordenamiento del gasto provincial, del cuál el sector salud es una
parte.
En el caso de las reformas en salud mencionadas resulta difícil analizar, dada la dificultad de
acceder a evaluaciones sistematizadas:
a) el grado en que las políticas explicitadas alcanzaron resultados en función de los objetivos
planteados:
• aumentar la eficiencia y eficacia del sistema provincial de salud
• contribuir al ajuste fiscal
• mejorar la calidad de los servicios públicos
• ampliar el acceso de la población de menores recursos a la atención de la salud.
b) y, si el ordenamiento administrativo y normativo realizado tuvo efectos e impactos en la
reducción de las inequidades estudiadas.
Provincia de Santa Fe
Situación sanitaria y relación con la equidad.
La Provincia de Santa Fe se encuentra ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, en el
litoral argentino .Su territorio es una llanura de 133.007 km2 y ocupa el 3,5% de la superficie
Argentina. Santa Fe, como sus vecinas Córdoba y Buenos Aires, tiene un importante desarrollo
económico y aporta una importante fracción del producto Bruto Interno nacional.
La población estimada para 1997 era de 3.008.956 habitantes, distribuidos en 19 departamentos.
La ciudad de Santa Fe es la capital de la provincia y tiene una población cercana a los 370.000
habitantes, pero la ciudad de Rosario es el centro industrial y económico y casi triplica la población
de la capital.
Como las otras provincias del centro, la pirámide poblacional de la provincia tiene una base
relativamente estrecha, con 27% de menores de 15 años, y un 11% de personas con 65 o mas
años. También los índices demográficos son similares a los de la región, presentando una baja
tasa de crecimiento anual de población, baja tasa de natalidad, y tasas de mortalidad general
ajustadas p0r edad, al igual que las tasas de mortalidad infantil, por debajo de las nacionales.
La provincia pertenece al Grupo I (ver capitulo I), caracterizado por su alta expectativa de vida.
Santa Fe presenta alta expectativa de vida, bajo porcentaje de población de diez años y mas en
condición de analfabetismo y alto porcentaje con población con necesidades básicas insatisfechas
(Cuadro 3.5).
Cuadro 3.5
Indicadores socioeconómicos seleccionados.
E(V) Analfabetismo Población sin Población sin Población
Grupo
(en años) %
agua potable
%
desagües cloacales
%
NBI
%
1995 - 2000 1991
1991
1991
1991
Grupo I 72,32 2,55 32,0 61,3 15,31
Grupo
IV
69,17 8,40 35,7 66,8 36,21
Santa
Fe
72.29 4.56 28.7 55.43 16.3
36

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación.
Tiene bajo porcentaje de población rural, pero cuenta con una disponibilidad de médicos semejante
a la arrojada por el grupo IV, bajo porcentaje de partos no institucionales y un bajo porcentaje de
población no cubierta por plan médico, obra social o mutual (Cuadro 3.6).
Cuadro 3.6 Indicadores de recursos seleccionados.
Grupo Población
rural
Médicos
(por diez mil
habitantes)
1997
Partos no atendidos
por personal adiestrado
%
1997
Grupo I
%
1997
9,56 28,64 2,0 33,65
Grupo IV 20,17 13,70 7,9 50,03
Población no cubierta por
OS, plan médico o mutual
%
1997
Santa Fe 7.0 28.02 2.9 28.66
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación.
Observando indicadores sanitarios clásicos, se encuentra que la TMI es inferior a la del Grupo I, la
TMM también es elevada es elevada y cercana a la del grupo IV. (Cuadro 3.7).
Cuadro 3.7 Indicadores sanitarios seleccionados.
Grupo TMI
(por mil n.v)
1997
Grupo I 17,22 2,74
Grupo IV 22,98 6,45
TMM
(por diez mil n.v)
1997.
Santa Fe 16.3 4.9
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación y del estudio de Bortman y cols. (1999) “Situación de la equidad en salud.” OPS/OMS
El gasto total por habitante año esta en un nivel medio entre el gasto evidenciado por las provincias
del Grupo I y las provincias del Grupo IV, y cuenta con una participación del gasto público
levemente mayor al 50% del gasto total realizado en la provincia. (Cuadro 3.8)
Cuadro 3.8 Indicadores de gasto en salud y transferencia seleccionados (en $ por habitante año)
Grupo Gasto
público
1997
Gasto
privado
1997
Gasto
total
1997
Grupo I 373,80 351,40 725,2 8,45
Grupo IV 293,80 127,20 421,0 11,15
Gasto total / PBG
%
1997
Santa Fe 296.4 259.49 555.9 8.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de “Argentina 1998, indicadores básicos. “ OPS / OMS – Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación y del estudio de TOBAR F. y col. (2000) “El gasto en salud en la Argentina y su método
de cálculo” Programa de investigación aplicada, Instituto Universitario ISALUD.
De la misma forma que en el caso de Salta este panorama de desigualdades, en el año estudiado,
permite pensar en inequidades en los aspectos analizados, dada la existencia de conocimientos,
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tecnología y recursos disponibles, considerando además, que se trata de indicadores promedio
para la provincia.
Contexto político, sanitario y de reformas
Como en el caso de Salta los indicadores analizados anteriormente se pueden enmarcar en el
contexto socioeconómico tratado en el capítulo II y en particular, para la provincia de Santa Fe, en
el contexto político sanitario y de reformas que se desarrolla a continuación.
Durante la década del ’90 se han generado una serie de transformaciones en el sector Salud de la
provincia de Santa FE, por lo cual es de vital importancia analizar las mismas ya que brindaran un
encuadre a la realidad por la cual pasa la provincia y que fuera analizada en los anteriores
párrafos. Estas transformaciones se producen a partir de las políticas implementadas por el
Ministerio de Salud de la mencionada provincia, y las mismas se dividirán a los fines expositivos en
:
• Transformaciones en la organización de los servicios de salud
• Transformaciones en el rol asumido por la Administración Central
Pero debe destacarse desde el principio que las transformaciones de las que daremos cuenta no
se producen en forma autónoma sino que se inscriben en los mismos aspectos generales
presentes en las reformas del sector salud en otras experiencias internacionales, las cuales
promueven como directrices generales:
• La descentralización de los servicios de salud
• La focalización del rol del Ministerio de Salud en funciones de normatización, planificación y
control de gestión.
Antes de que se de cuenta de las transformaciones es oportuno señalar, a grandes rasgos, los
antecedentes del sector salud de la provincia estudiada y algunas de las características especificas
que presenta el mismo.
• A los efectores de baja complejidad en el interior de la provincia le está permitida una gestión
descentralizada, esto a partir de la sanción de la ley de SAMCO (Servicios de Atención Medica
de la Comunidad), durante la década de 1970. Los SAMCOs tienen la capacidad para comprar
servicios, insumos y recursos humanos.
• La Municipalidad de Rosario tiene un sistema propio de servicios públicos de salud, con
autonomía y gestión independiente de la estructura provincial. Pero estos efectores no están
descentralizados, ya que los mismos se encuentran totalmente centralizados e integrados
verticalmente con la estructura de la Municipalidad de Rosario.
• Se puede advertir una débil capacidad de gestión del Ministerio de Salud y su relativa escasa
participación en el financiamiento de los servicios públicos.
• Existe una fragmentación de los servicios de salud en los distintos niveles de atención y en las
diferentes regiones de la provincia.
• Hay una ausencia de criterios explícitos que justifiquen los recursos transferidos por la
Administración Central del gobierno provincial.
• Diversidad y heterogeneidad de normas técnicas a ser implementadas en los servicios
• Débil capacidad del estado en la implementación y desarrollo de normas o criterios técnicos
asistenciales en la gestión de los servicios.
A partir de lo antes mencionado es factible realizar un diagnostico mas económico de la situación
del sector salud de la provincia de Santa Fe.
38

• Baja utilización de las camas disponibles
• Presupuestos limitados en el sector público
• Demanda de servicios públicos creciente, ante el crecimiento de la desocupación y la mayor
presión sobre el sistema público que esta población realiza
• Burocracia ineficiente. Sistemas de gestión de personal y de toma de decisiones muy lento e
ineficaz.
• Financiamiento de la Oferta. La oferta prestadora tiende a legitimarse por si mismas, sin
evaluar los resultados y los niveles de satisfacción ante el servicio de los pacientes.
• Cobertura de la enfermedad con moderada atención de la prevención. Se tiende a prestar
servicios mas que a tender la salud, en consecuencia el modelo tiende a distorsionar el circuito
de los pacientes para legitimarse.
• Inadecuada coordinación entre el sector.
Aspectos relevantes de las políticas introducidas en la Provincia
Durante la década del ’90, las innovaciones en materia de política introducidas en el Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe si bien están contenidas en los grandes lineamientos propuestos
por las reformas del sector público de los sistemas de salud, en este caso es posible identificar
algunas claras vinculaciones con los problemas y características propias de la provincia bajo
análisis.
Con el propósito de caracterizar las estrategias sustantivas introducidas por el Ministerio d salud se
han clasificado las innovaciones introducidas, en función del ámbito u objeto de las mismas. En
ese sentido, en primer lugar se señalaran los cambios introducidos en la organización de los
servicios provinciales de salud, y posteriormente los generados en la gestión central del Ministerio
de Salud.
Innovaciones en la organización de los servicios provinciales de Salud
A continuación se señalan los cambios introducidos en los servicios de salud, como guía general
debe tenerse en cuenta que dichos cambios se enmarcan en una política general de
descentralización y fortalecimiento de la gestión de los servicios de salud.
• Se sancionó la ley de descentralización (o ley Pascuto como se la denomina generalmente).
Esta ley permitió descentralizar los hospitales de mayor nivel de complejidad.
• Se delegó, a partir de dicha ley, la capacidad de gestión de servicios e insumos hospitalarios
desde la administración central hacia los efectores provinciales, aunque debe advertirse que la
gestión de los recursos humanos quedó en manos de la Administración Central.
• Se adopto la figura del Hospital de Autogestión en los efectores públicos provinciales. Esta
iniciativa tuvo las siguientes consecuencias
- Mejoramiento en la capacidad de los hospitales par identificar los pacientes con
aseguramiento por parte de terceros pagadores
- Mayor monto de facturación y cobranza de los servicios prestados
- Mayor capacidad de gestión de los recursos financieros
• Implementación de costos hospitalarios, con lo cual se logró obtener los primeros productos en
materia de descripción y análisis de la estructura de costos de la producción de los servicios
públicos provinciales, y por otro lado desarrollar un proceso de organización de grupos
técnicos de trabajo en los efectores que implementaron lar herramientas de costos
hospitalarios.
• Transformación del sistemas de financiamiento entre los efectores y la Administración Central
39

• Proyecto de introducción de la metodología del presupuesto por programa. La iniciativa ha
permitido definir tanto los montos presupuestados por hospital como las primeras
identificaciones de los productos de sus procesos productivos.
• Transferencia desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe, de la administración y prestaciones de los servicios de salud de la
población beneficiaria de pensiones no contributivas nacionales (PROFE). El modelo que es
utilizado para calcular el monto de las transferencias es un modelo explícito de transferencia de
recursos en función de la población cubierta y la capacidad de resolución de los efectores a
cargo de la prestación de los servicios.
Cambios introducidos en la gestión central del Ministerio de Salud
Los cambios introducidos en la gestión central del Ministerio de Salud pueden ser considerados
como de menor impacto en comparación con los enumerados anteriormente.
En términos generales las iniciativas mas importantes pueden clasificarse en dos ejes de trabajo.
• Desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud. Esta línea ha tenido un
desarrollo muy importante en aquellos problemas vinculados con el primer nivel de atención
asociados a los programas materno infantil, tal como IRA (Infección respiratoria aguda), EDA
(Enfermedades de diarrea aguda). Además en la provincia se ha extendido el modelo de estos
programas a un conjunto de problemas de salud, constituyéndose en un abordaje de trabajo
que abarco los lineamientos estratégicos de la atención primaria de la salud de la provincia. Se
debe reconocer como limitaciones de esta política:
- La metodología excesivamente vertical (formulación y implementación)
- Incapacidad para modificar la gestión clínica de los principales efectores
• Fortalecimiento de los sistemas de información utilizados por la Administración Central. Dentro
de esta política se destaca la informatización de la gestión del recurso humano, y la
sistematización de los sistemas de información que describen la estructura de los recursos
propios del sectores publico provincial, con algunos indicadores de eficiencia y productividad
del gasto.
CONCLUSIONES
En resumen, Santa Fe es una de las provincias de la República Argentina que presenta mayor
desarrollo económico. Cuenta con indicadores socio-sanitarios ubicados dentro del rango de los
mejores que se pueden hallar en el país. A su vez esto lo logra con un gasto en salud que se
establece en un nivel medio, si se considera el mismo en relación a las restantes provincias
Argentinas.
Durante la década del ’90 Santa Fe ha producido una serie de transformaciones dentro de su
sector salud que acompañan a las que se dan en el concierto internacional, las mismas tienen
como objetivo sanear ineficiencias e inequidades y obtener un mejor aprovechamiento de los
recursos con los que se cuenta. Como ya se ha mencionado los puntos sobre los cuales avanzan
las reformas son: La descentralización de los servicios de salud y la construcción de un rol para el
Ministerio de Salud de la Provincia.
En líneas generales, puede decirse que las innovaciones lograron la descentralización necesaria
para un funcionamiento de los servicios de salud más acorde a los recursos utilizados en el sector.
A este objetivo de eficiencia, la nueva organización de los servicios provinciales de salud tiende a
40

sumar un objetivo de equidad en lo referente a accesibilidad y distribución de los mismos, cuya
consecución es obviamente más gradual y requiere de un mayor plazo para poder evaluar
plenamente los resultados que se van obteniendo.
Por otro lado se está logrando, aunque lentamente, redireccionar la gestión del Ministerio de Salud
Provincial hacia una gestión más en línea con asuntos relacionados con políticas generales de
salud (rol de director).
Dentro de este planteo general, el mismo Ministerio está tomando en cuenta la importancia de
contar con sistemas de información útiles y actualizados, entendiendo los mismos como la base
fundamental para el emprendimiento de cualquier política futura.
41

Bibliografía
IAPOS. Instituto Autárquico Provincial de Obra Social. Santa Fe. “Atención de la Salud en
Argentina. Alternativas de financiamiento”. Agosto 1999
MARTINEZ AGUSTIN , Ministro de Salud de la Pcia de Salta en 1997, disertación realizada en el
"Primer Seminario de Financiamiento del Sector Salud" organizado por el PRESSAL y llevado a
cabo en Bariloche en el año 1997.
OPS (1998) “Argentina 1998. Indicadores Básicos.” OPS/OMS y Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación
PAQUEO V, WINKLER D, EXPERTON W y otros , "Mejora del financiamiento y del usos de los
recursos de la salud y la educación en Salta", septiembre de 1997. RA.
PRESSAL Ministerio de Salud y Acción Social. “Contrato de gestión. Su implementación en las
provincias.” Seminario Regional Santa Rosa. La Pampa. Abril 1998.
TOBAR F. y equipo de investigación: Ventura G, Montiel L, Falbo R, Programa de investigación
aplicada, Instituto Universitario ISALUD. Diciembre de 2000.
Entrevista Lic. Ernesto Báscolo (Ex director de Planificación del Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe)
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