Versión Pdf - Prensa Libre

Punto
final
Espionaje
telefónico
POR RICARDO TROTTI
Varios casos de espionaje
telefónico contra jueces,
políticos yperiodistas alcanzaron
el nivel de escándalo
recientemente en
América Latina, y su publicación en la
Prensa hizo que los gobiernos tomaran
medidas correctivas contra sus
servicios de inteligencia.
En Colombia fue despedido el jefe
de inteligencia junto con sus subalternos;
en México, el ministro de
Comunicaciones debió renunciar; en
Argentina, la justicia trató de cortar el
abuso del Estado al declarar inconstitucional
una ley que permitía espiar;
y en Perú, un atentado contra la fiscal
nacional recordó que el año pasado el
gobierno reemplazó avarios ministros
en medio de una extensa investigación
por sobornos por parte de
una petrolera extranjera.
Como suele suceder, el que lleva
los casos de corrupción a la atención
pública termina acusado yen
el centro de la polémica. Varios
funcionarios afectados reclamaron
que los medios de comunicación no
deberían divulgar el contenido de
las escuchas telefónicas ilícitas, ya
que si bien espiar quebranta la ley,
su reproducción aumenta y propaga
el delito. De acusaciones similares
tuvo que defenderse la revista Semana,
de Colombia, que denunció
al Departamento Administrativo de
Seguridad de espionaje telefónico
selectivo ysistemático contra magistrados,
políticos ydirectores de
medios.
Existen grandes
diferencias entre
espionaje e
interferencia
telefónica.
En estas controversias, es necesario
comprender la diferencia entre
espionaje e interferencia telefónica.
Mientras en la primera práctica el
Estado abusa al violar los derechos de
privacidad, libre asociación y expresión,
que debe proteger; en la segunda
suele estar amparado por leyes que le
permiten, bajo orden judicial, interferir
llamadas entre personas que estarían
en evidencia de cometer delitos,
como en casos de narcotráfico o
terrorismo.
En México, la reproducción en el
programa de Carmen Arizmendi, de
un mensaje dejado en un celular donde
se señala como ladrón a un ex
mandatario, precipitó la salida del
ministro de Comunicaciones del gobierno
del presidente Felipe Calderón.
Sucedió algo parecido en Perú. No
fueron las grabaciones clandestinas,
conocidas como el caso de los petrocasetes,
por las que Alan García
tuvo que purgar su Gabinete, sino el
hecho de que fueran divulgadas por el
programa televisivo Cuarto Poder,
después de que llegaran en forma
anónima alos medios. Este caso recordó
aquellos infames videos de
Montesinos, que precipitaron la caída
de un régimen, gracias a que también
fueron divulgados por los medios,
comprendiéndose así el alcance del
abuso gubernamental para extorsionar
y corromper.
En Brasil, la revista Veja publicó el
año pasado grabaciones ilícitas entre
políticos y miembros del Supremo
Tribunal Federal, que le habría proporcionado
la Agencia Brasileña de
Inteligencia, y hace unos años, la Red
Globo, tras reproducir escuchas clandestinas,
logró que se desbarate el
espionaje estatal contra asociaciones
del Movimiento de los Sin Tierra.
El ajuste de cuentas no se hizo
esperar. En castigo, los políticos brasileños,
al no saber cómo manejar el
escándalo, prefirieron atacar a los
mensajeros, por lo que promovieron
en el 2008 promovieron una ley que
castiga con cárcel alos responsables
de medios y periodistas por divulgar
información obtenida en forma ilícita
sin la autorización de un juez.
Leyes así desnaturalizan el derecho
asaber y la misión de la Prensa,
cuyo principio básico es difundir
asuntos —aun si provienen de fuentes
no identificadas— que estén justificados
por el interés público, el bien
común y la máxima rigurosidad por la
verdad. Distinto sería si fueran los
medios los que utilizaran métodos
ilegales o en disputa con su ética,
como el uso de cámaras ocultas o
pagar para obtener información. Pero
divulgar hechos corruptos es la savia
y la obligación del periodismo, por lo
que a veces hasta se deben desafiar las
leyes para cumplir con lamisión. El
New York Times, en la década de 1970,
divulgó los documentos secretos del
Pentágono, para argumentar su obligación
y derecho a publicar, a pesar de
que estaba prohibido por ley.
La libertad de divulgar hechos corruptos
acarrea por lo general el pataleo
inicial de los afectados y la
desconfianza sobre los medios y periodistas.
Sin embargo, cuando las
aguas se calman, esa libertad origina
la posibilidad de que se corrijan conductas
corruptas, por lo que preservarla
es esencial al derecho a saber de
la sociedad y saludable para la democracia.
Info@ricardotrotti.com
D-34 :15de marzo del 2009