3 - ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN COLOMBIA

ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN COLOMBIA
Igualmente, es necesario transformar cuanto se relaciona
con el trabajo y el mercado laboral, buscando, en la
práctica, superar la informalidad, el desempleo, sobre todo
juvenil, y estableciendo políticas vinculantes y coherentes
con trabajo decente que reconozcan y respeten los
derechos humanos, entre ellos, el derecho a la seguridad
económica.
Además, transformar el sistema de salud, que hoy está en
crisis, revisando su estructuración y dejando atrás su
carácter mercantil, para dar paso a un sistema de salud
basado en el reconocimiento del derecho irrenunciable a
la salud, con énfasis en la promoción, la prevención, la
atención oportuna y el cuidado. Esto último, teniendo en
cuenta la urgente necesidad de superar las inequidades
de género y las políticas familiaristas que atribuyen
obligaciones a la familia y, particularmente, a las mujeres
como proveedoras tantas veces únicas de cuidado,
protección y seguridad, sin recibir reconocimiento
económico alguno por ello.
Se requiere superar, además, el énfasis asistencialista que
ha llevado a que hoy la mayor parte de las personas se
vinculen al régimen subsidiado de salud y no al
contributivo, lo cual, además, está muy relacionado con la
precariedad laboral. Dejar de estimular tal tendencia,
fomentando, como se ha señalado, la formalización del
trabajo y el trabajo decente, es un imperativo, teniendo en
cuenta que, a la larga, tal situación se tornará insostenible,
estimulando aún más la dependencia y la discriminación.
• ¿Qué relaciones mutuas existen entre el
envejecimiento de la población colombiana y los
sistemas actuales de seguridad social?
Respuesta: Diversas y de distinta índole. Ante todo se
destaca el desequilibrio entre el envejecimiento
demográfico, cuyo ritmo es cada vez más rápido, y la
precariedad de los sistemas de seguridad social en
pensiones, los cuales no alcanzan a cubrir ni siquiera a un
30 % de la población. Asimismo, la deficiente calidad de los
servicios de salud, pese a que su cubrimiento alcance a un
alto porcentaje de la población. A tales situaciones de
incoherencia contribuyen, además de deficiencias en la
planeación, la corrupción, la inequidad y la intermediación.
Implican una pérdida económica cuyos altos costos
disminuyen las posibilidades de máxima cobertura y mejor
calidad de los sistemas de seguridad social en pensiones y
salud para todos los habitantes del país.
Interesa tener en cuenta, además, planteamientos que
sobre el particular hace Sandino (2009):
En estos momentos, hay en nuestro país cerca de
diez personas en edad de participar plenamente en
el mercado laboral y de aportar al sistema pensional
(entre los 20 y los 64 años) por cada persona en
edad de retiro (mujeres mayores de 62 años y
hombres mayores de 65). Esto implica una tasa baja
de dependencia demográfica. Sin embargo, el
pasivo pensional ha motivado sucesivos intentos
de reforma en los últimos años. En veinte años, esta
proporción de aportantes se habrá reducido a la
mitad.
• Adicionalmente nos preguntamos: ¿las condiciones
actuales de Colombia serían facilitadoras de la
creación de una sociedad para todos y para todas las
edades? (Naciones Unidas, 1995, 1999).
Respuesta: las condiciones actuales, quizá no, porque
están marcadas por desconfianza e insolidaridad. Sin
embargo, al menos a mediano plazo, sería posible al abrir
caminos como los implicados en las transformaciones
necesarias ya citadas; ante todo, y en primer lugar, en el
campo de la educación, que debería ser motor
fundamental del desarrollo. Igualmente, en las
indispensables transformaciones del campo laboral y del
sistema de salud. En todos los casos un imperativo político
y ético debe ser la superación de las grandes inequidades
que nos invaden.
Por último, pero no menos importante, es insistir en la
importancia de investigaciones que busquen aportar
información lo más comprehensiva posible como base
para tomar decisiones políticas suficientemente ilustradas,
vinculantes y eficaces.
Al respecto, algunos caminos se han empezado a andar. A
manera de ejemplo, se mencionan dos, uno gubernamental
y otro no gubernamental. El primero, iniciado por el
DANE a mediados del año 2006 con la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH) cuyo objetivo era:
68