Medios a la Vista 2 - Observatório da Imprensa

fueron cuestionadas y rechazadas por los representantes
de las potencias industrializadas 13 .
“El derecho a la comunicación —señalaba ese documento—
constituye una prolongación lógica del progreso
constante hacia la libertad y la democracia” 14 , y más
adelante sostenía que “Los elementos que integran ese
derecho fundamental del hombre son los siguientes, sin
que sean en modo alguno limitativos: a) el derecho de reunión,
de discusión, de participación y otros derechos de
asociación; b) el derecho de hacer preguntas, a ser informado,
a informar y a otros derechos de información; y c)
el derecho a la cultura, el derecho a escoger, el derecho a
la protección de la vida privada y otros derechos relativos
al desarrollo del individuo” 15 .
El informe intitulado Un solo mundo, voces múltiples
fue aprobado por la mayoría de los conferencistas pero
provocó la salida de la UNESCO de Estados Unidos de
Norteamérica, Gran Bretaña, Israel y otros países aliados
cuyas delegaciones se retiraron llevándose más del 30%
del presupuesto de aquella organización multilateral que
ingresó en una aguda crisis. Las acusaciones eran que el
NOMIC representaba un “proyecto comunista” destinado
a restringir la libertad de prensa en el mundo y que
la UNESCO había sido instrumentalizada; parte de estas
afirmaciones han vuelto a ser esgrimidas en los últimos
años para descalificar el Derecho a la Información y la
Comunicación 16 .
Desde 1985 la UNESCO dejó de hablar del NOMIC
y del “libre y equilibrado flujo de la información” para
retornar al clásico “libre flujo de la información” que
sustenta su carta constitutiva desde 1946 y que eventual-
13 El “Informe MacBride”, como también se lo conoce, “…reconoció
oficialmente la existencia de desigualdades internacionales
en cuanto a infraestructuras, recursos, flujos y volúmenes de
información y comunicaciones; se pronunció en favor de la
democratización informativa, el fortalecimiento de la independencia
y el autodesarrollo y el fomento de la cooperación internacional.
De otro lado, recomendó un estudio más detenido
para temas conflictivos como la protección a los periodistas, el
establecimiento de normas internacionales de ética, la mayor
atención a las zonas más descuidadas del planeta y la ampliación
de los recursos financieros para equipamiento y capacitación”
(Torrico, 1987:42-43).
14 Cfr. UNESCO (1981:300).
15 Ibídem: 301-302.
16 Véase por ejemplo el artículo de Dana Bullen (“Defensa del
‘derecho de comunicar’”) en Comisión Mundial para la Libertad
de Prensa (2000:91-95).
mente aparece remozado como la “libre comunicación” 17 .
Posteriormente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) —creada en 1867 como organismo
regulador de los aspectos técnicos— tomó buena parte
de las competencias que tenía la UNESCO en materia de
información y comunicación.
El tema del Derecho a la Información y la Comunicación
sólo reapareció en el plano internacional el año 2003
en ocasión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información que tuvo lugar en dos fases: Ginebra, en
diciembre de ese mismo año, y Túnez, en noviembre de
2005. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil
que llevaron el planteamiento a ese encuentro que trató
el gobierno de la Internet y se pronunció por un amplio
acceso a las infraestructuras y tecnologías informativocomunicacionales
y a la información y el conocimiento
no merecieron mayor consideración. La Cumbre, organizada
por la UIT, aunque admitió en su “Declaración de
Principios” que “La comunicación es un proceso social
fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento
de toda organización social” 18 , finalizó confirmando
los principios tradicionales de libertad de expresión,
opinión, prensa e información 19 . La esperada ratificación
del Derecho a la Información y la Comunicación no
ocurrió.
Es notorio, pues, que este derecho genera fuertes resistencias
en grupos de interés dentro de los organismos
multilaterales y de los países. Lo novedoso del último
tiempo, empero, es que a diferencia de lo que aconteció
en las décadas de 1960 a 1980, cuando era ante todo una
propuesta de grupos de especialistas e intelectuales, ahora
nace como demanda de sectores sociales y políticos,
hecho que ya ha posibilitado su constitucionalización en
Ecuador (2008) y en Bolivia (2009) al igual que su incorporación
en la agenda pública actual de Argentina, Brasil,
Chile, México, Nicaragua y Uruguay.
Es, entonces, un derecho que está pasando de la etapa
de emergencia a la de proclamación y establecimiento.
Pero es justamente esa su condición la que requiere de espacios
de análisis, discusión y construcción de consensos,
así como de los insumos correspondientes.
El establecimiento de un derecho plantea inevitablemente
una tensión entre el individuo y la sociedad, entre
lo personal y lo colectivo, pues lo que busca es definir
un ámbito de regulación de las conductas, intento que
17 Cfr. UNESCO (1995).
18 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003:2).
19 Ibídem: 2 y 9.
El Derecho a la información y la comunicación 31