Medios a la Vista 2 - Observatório da Imprensa

equilibrio a la tensión libertad-igualdad; pero además en
razón de que esta designación no entra en contradicción
con la inscrita en la Constitución Política del Estado (Cap.
VII, Art. 106, parágrafo III), aunque allí figure primero la
Comunicación y después la Información.
Entonces, lo que interesa recuperar es la potencialidad
del concepto para dar cuenta de la naturaleza integral
de lo informativo-comunicacional y para acoger en su
interior, con un sentido holístico, las dimensiones personal,
ciudadana y mediático-tecnológica de los procesos
a que hace referencia así como a sus correspondientes
normativas.
Este nuevo derecho ya constitucionalizado, por tanto,
requiere convertirse en el articulador de las libertades
y responsabilidades establecidas al mismo tiempo
que está desafiado a responder innovadoramente a la
situación de centralidad que han adquirido la Información
y la Comunicación en el presente pero por sobre
todo al desarrollo de una ciudadanía intercultural bien
informada, crítica, demandante y proactiva. En este escenario,
el campo mediático-periodístico —sin duda de
gran relevancia— es una más de las áreas de aplicación
de este derecho.
En la lógica de lo planteado, el Derecho a la Información
y la Comunicación comprende estas libertades
individuales y colectivas:
−− de conciencia/pensamiento,
−− de creencia,
−− de expresión,
−− de opinión,
−− de información,
−− de publicación/prensa,
−− de documentación,
−− de acceso a medios,
−− de asociación,
−− de reunión,
−− de participación,
−− de discusión,
−− de disidencia,
−− de identidad,
−− de imagen propia,
−− de privacidad,
−− de producción artística y científica,
−− de acceso al conocimiento, al arte y a la herencia
cultural.
Como se podrá entender, la formalización y posterior
aplicación de este derecho tienen como antecedente
irremplazable una amplia base principista democrática
reconocida por la normativa nacional y los instrumentos
pertinentes del Derecho Internacional Público 26 .
Los principios irrenunciables que guían el Derecho a
la Información y la Comunicación son básicamente los
siguientes: la libertad, la no discriminación, el pluralismo,
la inexistencia de censura previa, el respeto de la intimidad,
el acceso, la participación, la transparencia, el
interés público y la protección de derechos. Todos ellos
deben estar presentes de modo inexcusable en cualquier
deliberación y propuesta sobre el particular.
Ejes para un programa de reflexión
Tomando en cuenta las implicaciones y el significado
de los procesos informativo-comunicacionales para el
desarrollo democrático y, a la inversa, los que la democracia
tiene en aquéllos, la Fundación UNIR Bolivia considera
que es determinante que la sociedad y el Estado
asuman el análisis pluralista y responsable del Derecho a
la Información y la Comunicación a fin de que alcance a
todas las personas y no resulte confundido o constreñido
en los límites de las libertades afines al trabajo mediáticoperiodístico.
En tal dirección, propone la necesidad de que sea formulado
y ejecutado un programa de reflexión que podría
tomar como referencia los siguientes ejes temáticos:
1) El lugar y el papel de la Información y la Comunicación
en el desarrollo de la ciudadanía integral e
intercultural.
2) La configuración de un nuevo derecho, el Derecho a la
Información y la Comunicación, en consonancia con
lo establecido por la Constitución Política del Estado.
3) La definición de la naturaleza, las características y los
alcances de ese nuevo derecho.
4) La integración de los principios, los derechos y las libertades
ya establecidos junto al desarrollo de otros
26 Véase la Nota 4 respecto de la primera; en cuanto a los
segundos, incluyen prioritariamente la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948), la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración
de las Naciones Unidas sobre Medios de Comunicación
de Masas (1978) y la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión (2000).
El Derecho a la información y la comunicación 33