Informe Save the Children

SAVE THE CHILDREN /Informe Euskadi
RESPECTO A LOS NIÑOS Y NIÑAS ANTE EL PROCESO JUDICIAL
Se entiende que la realidad detectada no será exclusiva del País Vasco, pero merece la
pena resaltar algunos aspectos para la reflexión.
En primer lugar, desde el ámbito judicial se destaca la dificultad de identificar a
los niños y niñas como víctimas cuando no existe una lesión física visible. Para su
visibilización como víctimas, es necesaria la sensibilización respecto a todas las formas
de violencia de las que los niños y niñas puede ser víctimas.
No existe un tratamiento jurídico específico de los y las niñas víctimas de la violencia
de género. En el proceso judicial establecido en la Ley Integral las mujeres víctimas
tienen un tratamiento jurídico y los niños y niñas son derivados a los recursos sociales
que, aún reconociendo su gran valor, cuentan con limitaciones. Como se ha visto, la
atención social no está unificada, y depende en gran medida de la voluntad política de
las autoridades forales y municipales.
Los diagnósticos de los niños y niñas víctimas de este tipo de violencia son
tremendamente variados. Sus destinos van unidos al destino de la madre y a las
decisiones judiciales que se adopten tras el proceso seguido ante los tribunales por
la perpetración de la violencia de género. El sistema judicial tiene que ser sensible a la
situación que vive un niño o niña que después de comparecer ante un tribunal como
víctima o testigo de la violencia de género, tenga que volver a vivir con el agresor, por
una decisión de la madre o porque el tribunal haya decidido el mantenimiento de un
régimen de visitas. En estos casos no se hace un seguimiento a no ser que las UVFI,
el SAV o los EPSJ estimen que existe un riesgo y comuniquen al juez o jueza o al
Ministerio Fiscal, la necesidad de que los Servicios Sociales u otros recursos lo realicen.
Que esto se comunique a otros recursos ajenos al juzgado y que estos a su vez
se pongan en contacto con la familia no se encuentra acordado ni protocolizado y
depende de la voluntad de los y las profesionales.
Por otro lado, es necesario recordar que, dentro del ámbito judicial, los órganos
encargados de las valoraciones periciales realizan únicamente las que son reclamadas y,
por tanto, reconocidas por los juzgados. Estas valoraciones nunca se producen cuando
el proceso se sustancia como juicio rápido. Lo que significa que estos órganos valoran
a un número limitado de niñas y niños.
Estos recursos podrían actuar como detectores de necesidades y de situaciones
de riesgo. Por otro lado, se puede dar la situación de que el único recurso que
tiene conocimiento de la existencia de estos hijos e hijas sea el judicial. De ahí la
importancia de sensibilizar y formar a las y los jueces y dotar de recursos suficientes a
los operadores jurídicos, en previsión del posible aumento de valoraciones a menores
a realizar como consecuencia de esta mayor concienciación.
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