Poder y Cambio en las Regiones

simultáneamente a la realización de las elecciones municipales de noviembre
del mismo año.
Estas decisiones contaron con el decidido apoyo de organismos multilaterales,
porque este tipo de reforma de «segunda generación» debería servir de
puente de encuentro institucional entre los organismos públicos y la
ciudadanía, contribuyendo a que esta pueda fiscalizar la actuación de los
primeros, así como a mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas
y con ello comenzar a poner remedio a la conflictiva relación entre el Estado
y la sociedad 6 .
Sin embargo, esos rápidos y sorprendentes desenlaces fueron recibidos con
escepticismo por la población que no participó ni acompañó la gestión de
esta reforma. A pesar del reconocimiento relativo de que la descentralización
contribuiría a acortar las distancias entre gobernantes y gobernados, la
mayoría de la población reparó en los peligros que podía generar en términos
de eficiencia administrativa, al tiempo que constataba la presencia de
liderazgos regionales de discutible representatividad y cuyas carencias técnicas
y ambigüedades políticas eran manifiestas 7 . En efecto, al poco tiempo de
instalarse los gobiernos regionales se sucedieron denuncias por corrupción
e incompetencia administrativa y técnica de algunos de ellos.
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Por otro lado, esa decisión motivó la censura de varios observadores que, a
la luz de las anteriores experiencias, estimaban que los riesgos de la
descentralización agudizarían los problemas del país tornándolos mayores
que las oportunidades para remediarlos, porque promovería crecientes
tensiones entre el centro y la periferia, y fomentaría conflictos entre los
enfrentados intereses regionales.
Las improvisaciones legislativas para llevar a cabo la descentralización también
alimentaron estas preocupaciones. Con el fin de salvar las múltiples dificultades
que se presentaron para definir las fronteras de las regiones, los congresistas
no encontraron mejor solución que la de adoptar las circunscripciones
departamentales como el ámbito de los gobiernos subnacionales; además,
la convocatoria electoral se realizó, insólitamente, sin que se contara con el
marco legal que estipulara las condiciones de la elección de las autoridades,
la organización que debían adoptar los gobiernos regionales, el ámbito de
sus competencias, así como el origen y el destino de los recursos con que
debían contar.
Además, en circunstancias que el Congreso encaraba una compleja agenda
de trabajo debido al pesado legado de la dictadura, la fragmentación
parlamentaria contribuyó a dilatar el debate de la ley que debía regir la
formación y el desempeño de los futuros gobiernos regionales y que aquélla
sólo fuera discutida y aprobada entre gallos y medianoche, en la víspera de
los comicios, dejando sin resolver cuestiones básicas relativas a la composición,
las funciones y los recursos de dichas administraciones subnacionales. Solo
6
Ver Burki, Perry y Dilinger (1999) y Burki, y Perry (2000)
7
Ver Trivelli (2002) Tanaka (2002) y Grompone (2002)
Julio Cotler, Rodrigo Barrenechea, Marisa Glave, Romeo Grompone, Maria Isabel Remy.