Nueva programación de HBO para 2010

_Columna
gustaría resumir de la manera siguiente:
1.- Creemos necesario hacer a la brevedad los ajustes necesarios
para que cierta normativa penalizadora de la actividad
de los medios sea reemplazada por una regulación moderna
y eficiente, compatible con el periodismo investigativo y a la
vez respetuosa con los derechos de los particulares. En efecto,
normas como el artículo 161 A de nuestro Código Penal, que
han servido para imputar penalmente a periodistas y directores
de medios que han denunciado hechos delictivos o al menos
éticamente reprochables, sólo pesquisables por cámaras
ocultas, deben ser reemplazadas por leyes que sancionen la
intromisión ilegítima en la privacidad de las personas pero
que dejen indemnes los derechos de los medios de exponer
las situaciones de corrupción, delincuencia o las conductas
poco adecuadas de quienes ejercen cargos públicos, muchas
de las cuales no son conocidas de otra manera.
2.- En esa misma perspectiva, consideramos de especial importancia
un desarrollo cabal del concepto de interés público
asociado con la labor de los medios, el cual no es subsumible
tan sólo en el acceso a los documentos y fundamentos de las
decisiones de los órganos del Estado, sino que demanda el
conocimiento y escrutinio público acerca de las gestiones de
entes privados de relevancia pública y de situaciones que revisten
tal interés aunque sean desarrolladas por particulares.
3.- En la perspectiva técnica, consideramos que la implementación
pronta en el país de un modelo de convergencia digital
demanda no sólo decisiones técnicas-administrativas como la
determinación de la norma japonesa para la TVDT en Chile con
comprensión de Mpeg 4, sino la elaboración de una normativa
adecuada que reconozca el modelo que ha seguido la industria
de la TV en Chile, el enorme aporte de los canales de la
TV abierta y las necesidades y expectativas de un público que,
fundamentalmente, se abastece de este medio. Sin duda la penetración
y facilidades con que opera la TV de pago en Chile
bien justifica, para ser equitativos, procurar adelantar con una
normativa eficiente en los aspectos propiamente concesionales,
respetuosa tanto de los derechos adquiridos de los concesionarios
como de las legítimas pretensiones de participación
de nuevos actores y que establezca con claridad un marco legal
en el cual no sólo se definan las reglas de funcionamiento
de la actividad televisiva sino también aquéllas que permitirán
hacer posibles otras actividades asociadas con el espectro radioeléctrico
que la digitalización posibilita.
Afortunadamente gozamos de suficiente espacio, de medios
firmemente interesados y comprometidos con el avance y desarrollo
de las comunicaciones y una audiencia con aprecio de
las libertades públicas y con interés en el avance tecnológico
capaz de potenciarlas, todo lo cual importa un rico desafío
para el Bicentenario y una ruta sugerente para las nuevas autoridades
que asumen el gobierno de Chile el mes de marzo
de 2010._
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BROADCASTER