Hackstory - Merce Molist Ferrer

contraseñas de más de 2.000 alumnos, además de los códigos de usuario y
contraseñas de entre 100 y 200 profesores. Los jóvenes aprovecharon esta
información para chiquilladas como espiar el contenido de exámenes, pero
también para entrar en ordenadores de las universidades de Valencia, Málaga y
Córdoba, ya que muchos usaban la misma contraseña en diferentes cuentas. Desde
allí saltaron a sitios más “interesantes”, como el Centre de Supercomputació de
Catalunya o el Registro de la Propiedad de Tarragona, donde según el sumario
entraron en diversas ocasiones para coger informaciones sin pagar.
Fue especialmente sonada su visita física al congreso INETCAT’96, celebrado entre
el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 1996, que organizaba la Internet Society
catalana y de donde fueron expulsados[20]. Según el sumario, habrían atacado un
ordenador del congreso:
J.H.R. en compañía de otras personas se hallaba en el stand de la empresa I3D, (...) a través de
un ordenador de Pangea accedió a un ordenador de la Rovira i Virgili y desde allí lanzaron un
ataque al ordenador del congreso ROSETTA INETCAT PANGEA ORG. Introduciendo un elevado
número de conexiones para que el ordenador del Congreso se bloqueara.[21]
Pero en los registros que la Guardia Civil hizo a los domicilios de los jóvenes no
encontró ninguna prueba.
2.2. El juicio
El juicio contra J.H.R. y J.D.M. se celebró en mayo de 2005, en el Juzgado de lo Penal
número 4 de Tarragona, rodeado de gran cantidad de cámaras y periodistas.
Habían pasado nueve años desde las detenciones y el principal denunciante, la
Universitat Rovira i Virgili, se había echado atrás. Fuentes de la universidad
afirmaron a la prensa, en 1999, que no esperaban que el caso llegase a juicio
cuando pusieron la denuncia:
La primera intención de la universidad no iba más allá de que los jóvenes recibieran un
pequeño rapapolvo académico.[22]
La única parte acusadora en el juicio fue el ministerio fiscal. Un representante de la
universidad, Manuel Sanromà, que habló como parte afectada, criticó la actuación
de las fuerzas de la ley:
Aseguró ante la juez que los hechos habían sido sólo “una gamberrada”: presuntamente,
pintar cuernos a las fotografías de profesores, espiar exámenenes, copiar contraseñas o
buscar información sobre libros en la biblioteca de la Universidad de Valencia. Sanromá
calificó la actuación judicial de “desproporcionada”.[23]
Sanromà no fue el único que criticó al Grupo de Delitos Informáticos de la Guardia
Civil, que no asistió al juicio. Uno de los acusados, J.D.M., denunció que le habían
prometido trabajo a cambio de su colaboración:
J.D.M. aseguró haber hecho sus primeras declaraciones presionado por la Unidad de Delitos
Informáticos de la Guardia Civil: “Nos habían vigilado, pinchado el teléfono y venían
expresamente de Madrid. ¡Imagínese! Sugirieron que si colaboraba podría trabajar con ellos y
que ya me llamarían”. Jaime Duque, uno de los abogados defensores, se quejó asimismo de