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Las políticas de esta nueva dirigencia nacional se
basarán en el “Pacto Veracruz”, el cual comprende la
pertinencia del sindicalismo universitario y las relaciones
entre autoridades y asociaciones sindicales.
El compromiso de los integrantes del Comité
Ejecutivo de la ANASPAU se resume en los siguientes
puntos, mismos que serán propuestos a las autoridades
correspondientes con toda oportunidad:
1) Apoyar la propuesta de incremento presupuestal
para la Educación Superior del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2009, acordada en el
III Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios.
2) Eliminación de los topes salariales, porque
son un factor que causa la desigualdad salarial entre
los trabajadores de las Instituciones de Educación
Superior de todo el país e impide la homologación
de los trabajadores.
Se realizarán foros acerca de:
• Estrategias para las
negociaciones contractuales
• Defensa legal de los
derechos de los agremiados
• Seguridad social
• Pensiones y jubilaciones
• Homologación salarial
Así mismo, tendrán lugar acciones integrales
que redundarán en una mayor comunicación entre
los agremiados a la ANASPAU.
3) Un instrumento único para el Programa de
Estímulos al Desempeño Docente. Los indicadores
deberán unificarse a nivel nacional para avalar el espíritu
de estos incentivos, y al mismo tiempo concretar un
sentido de justicia en la igualdad de criterios.
4) Homologar los tabuladores de los trabajadores
académicos universitarios, fundamentados en el
principio de “a igual trabajo igual remuneración”. Lo
anterior es posible si se presenta una política progresiva
y, en especial, si se desechan por inoperantes las
zonas económicas.
5) Realizar un análisis profundo de las prestaciones
de las diferentes Instituciones de Educación Superior
y proponer a las autoridades educativas la homologación
de las más comunes, tales como: aguinaldo,
prima vacacional, prima de antigüedad, quinquenios,
etcétera.
Toma de protesta del Comité Ejecutivo Nacional
ANASPAU 2008-2011
6) Se luchará por el saneamiento de los programas
de pensiones y jubilaciones de las Instituciones
de Educación Superior Públicas, rechazando los
proyectos de cuentas individuales.