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¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009 41
La Constitución contempla un capítulo expreso sobre la estructura y funcionamiento
de la justicia. En ella se ubican tanto principios que orientan la
administración de justicia como principios para la Función Judicial. Se reconoce
expresamente a la justicia indígena, aunque inscrita en un proceso de unificación
jurisdiccional y se fijan sus relaciones con la justicia ordinaria. Y se contemplan
disposiciones para la organización de esta función, a partir de cuatro tipos de
órganos: jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos.
En este capítulo llama la atención la inclusión de la rehabilitación social,
pese a que es una institución que forma parte de la Función Ejecutiva; la única
mención que lo vincula con el sector justicia es la determinación de las funciones
de los jueces de garantías penitenciarias.
Reafirmando la concepción de la justicia como un servicio público, dentro
del régimen de desarrollo se ubica a la justicia como uno de los sectores prioritarios
para el egreso del presupuesto del Estado y un servicio estratégico que no
puede ser paralizado.
Junto a estas disposiciones que hacen relación directa a la administración
de justicia y Función Judicial, la Constitución contempla artículos que ubican a la
justicia como un valor que guía el ejercicio de otros derechos como el de educación,
de la ciudad y principio de orientación de las relaciones internacionales del
Estado.
Finalmente, en el capítulo sobre supremacía constitucional se determina la
existencia de la justicia constitucional y se reconoce la potestad de los jueces de
observar la inconstitucionalidad de las normas, estableciéndose un procedimiento
específico para su declaratoria.
Como se puede observar el nuevo marco constitucional tiene implicaciones
directas para el campo de los derechos humanos. La justicia es un principio,
derecho, garantía, función del Estado y servicio supeditado a la plena realización
y garantía de los derechos. Esta es su esencia y razón de ser. Todo ello unido a su
rol de fuente de limitación al poder permite ubicar el papel fundamental que ella
tiene para la vigencia de los derechos humanos.
Esto implica además un cambio en el rol de los jueces, los cuales asumen
un papel protagónico, pasando de meros intérpretes del texto legal, a aplicadores
del contenido material de la Constitución, interpretando la realidad social, cultural
y política en cada caso concreto, personas que utilizan el derecho como un instrumento
a favor de la justicia, y por tanto, garantes de los derechos humanos.