Documento de Registro de Unicaja Banco

o) acordar la disolución o liquidación de la Sociedad, así como las operaciones
cuyo efecto sea equivalente a la liquidación de la Sociedad; y
p) decidir sobre los asuntos que le sean sometidos por acuerdo del Consejo de
Administración.
Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta
General corresponden al Consejo de Administración.
El accionista único de Unicaja Banco es Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja).
9.1.2. Consejo de Administración
El Consejo de Administración dispone de las más amplias atribuciones para la
gestión, administración y representación de la Sociedad y, salvo en las materias reservadas
a la competencia de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en la legislación
aplicable y en los presentes estatutos sociales, es el máximo órgano de decisión de la
Sociedad.
El Consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades legalmente
reservadas a su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un
responsable ejercicio de la función general de supervisión. En concreto, el Consejo de
Administración reservará para su conocimiento y decisión exclusivos las siguientes
competencias:
a) Las políticas y estrategias generales de la Sociedad, y en particular:
i. el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y
presupuesto anuales;
ii. la política de inversiones y financiación;
iii. la definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv. la política de gobierno corporativo;
v. la política de responsabilidad social corporativa;
vi. la política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos
directivos;
vii. la política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial,
sus límites; y
viii. la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento
periódico de los sistemas internos de información y control.
b) Las siguientes decisiones:
i. la información financiera que la Sociedad deba en su caso hacer
pública periódicamente
ii. las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada
cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico,
salvo que su aprobación corresponda a la Junta General; y
iii. la creación o adquisición de participaciones en entidades de
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan
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