“EFEMERIDES” - H. Congreso del Estado de Sonora

Febrero 27 2011 Año 4, No 371
Desarrollo Integral de la Familia facultad para elaborar los estudios que acrediten que los
adoptantes sean personas de buenas costumbres y que gozan de buena salud física y mental,
situación modificada en la iniciativa a efecto de regresar dicha facultad de vital importancia
al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y, en su caso, posibilitar
acreditar dichas circunstancias también con los medios de pruebas que se ofrezcan ante el
juez. Lo anterior, derivado de la importancia de los estudios referidos en la determinación
de la idoneidad de los adoptantes, para los cuales se considera que es el Sistema Estatal
quien cuenta con el personal capacitado y especializado para hacerlos de manera adecuada
y, asimismo, buscando la protección del menor, ante el riesgo que podría representar el
manejo de dicha facultad por personal no capacitado para el efecto; por otro lado, se
fortalece la participación del DIF Estatal en la materia, al otorgarle derecho a ser
escuchado, por el juez, en los casos de oposición a la adopción por parte del tutor,
Ministerio Público o Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; En relación con la
adopción internacional, se especifica con mayor claridad el procedimiento a seguir para
llevarla a cabo, basado en tratados internacionales, y se contempla la intervención del DIF
Estatal en todo procedimiento, con facultad para emitir opinión antes de que el Juez declare
la adopción. Lo anterior, con el objeto de buscar preservar el mejor interés del menor y
considerando positivo siempre se escuche a la autoridad estatal competente en la materia
familiar, tanto en los procedimientos locales como internacionales, respetando, por
supuesto, la normatividad correspondiente; vale la pena resaltar la modificación propuesta
en relación con la adopción plena, en la cual se elimina la posibilidad otorgada por el
Código de Familia a los miembros de la familia del adoptante, potencialmente obligados en
materia de alimentos y sucesiones, para oponerse dentro del primer año de la adopción, y
de la mayoría de edad o de que recuperen la sanidad mental, en el caso de menores e
incapaces, respectivamente, a que dicho vínculo les obligue. Lo anterior, por considerar los
suscritos que dicha normatividad atenta contra el principio que establece el mismo código
en el sentido de que la adopción plena crea entre los adoptantes y el adoptado, los mismos
vínculos jurídicos que ligan a los padres con sus hijos biológicos, entrando los menores o
incapaces a formar parte de la familia consanguínea del adoptante, para todos los efectos
34