Gaceta N° 259 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendaciones
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GACETA
FEB/2012
cumplimiento del primer punto de la recomendación relativa al pago de la indemnización se
sostendrían acuerdos con el titular de la Tesorería, para establecer los mecanismos para dar
cumplimiento a la recomendación de mérito, sin que se hayan enviado pruebas con que se
acredite tal circunstancia.
45. Al respecto, cabe destacar que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, párrafo cuarto
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Nayarit, cuando se
haya aceptado una recomendación de la institución a la que legalmente le compete la vigilancia
y defensa de los derechos humanos, en la que se proponga la reparación de daños o
perjuicios, la dependencia o entidad se limitará a su determinación en cantidad líquida y a
emitir la orden de pago respectiva.
46. Por lo que hace al cumplimiento de los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto, la autoridad
destinataria precisó que el 24 de febrero de 2011, se instruyó al encargado de la Contraloría
Municipal para que se iniciaran los procedimientos administrativos correspondientes, y en
cuanto al punto sexto, se solicitó al director de Seguridad Pública Municipal se implementara
la medida precautoria respectiva, a efecto de separar temporalmente a los elementos de esa
corporación que intervinieron en los hechos.
47. En ese sentido, se advierte que si bien es cierto la autoridad destinataria de la recomendación
15/2009, remitió copia de diversos oficios enviados a las instancias municipales referidas, no
consta en el expediente de impugnación que se resuelve evidencia con que se acredite que
se hayan iniciado los procedimientos respectivos, a efecto de dar cumplimiento a los puntos
de la recomendación de mérito.
48. Lo anterior denota un claro menosprecio a la labor de la Comisión Nacional, así como del
organismo local protector de derechos humanos; con lo cual la autoridad omitió observar las
funciones que les fueron asignadas según el cargo que aceptaron desempeñar, de manera
que, con su proceder, conculcó las obligaciones establecidas en el artículo 54, fracción XX,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Nayarit, que impone
el deber de proporcionar, en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados
por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit y por este
organismo nacional, a los que constitucionalmente compete la vigilancia y defensa de los
derechos humanos.
49. Al respecto, en el artículo 53, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
estado de Nayarit, se prevé que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones, deben ajustarse a las obligaciones previstas en la ley, a fin de salvaguardar
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, y
en el artículo 54, fracciones I y XXXIII, del mismo ordenamiento legal, se establece que todo
servidor público, tiene, entre otras, la obligación de cumplir el servicio que le sea encomendado
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de ese
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión, o que genere
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.
50. En este contexto, cabe señalar que en la sentencia de 29 de julio de 1988, sobre el caso del
señor Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, se precisa que los Estados tienen la obligación de investigar los hechos que atenten
contra los derechos de una persona y, que tal investigación se debe asumir como un deber
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,
sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad; apreciación que resulta
válida aun tratándose de particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad,
resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; pronunciamiento que resulta de observan-