Sentencia T-098/02 Luz Mosquera Aluma y otros v. Red de ... - Acnur

trabajar”. Si el desplazado considera que corre peligro su vida al regresar, obviamente está
sacrificando la libre elección de su trabajo pero eso no significa que quede desprotegido. La
sentencia SU.360/99 enuncia los instrumentos jurídicos expedidos por la OIT sobre una
correcta política de empleo y dice que “El Convenio 111 también se refiere al empleo y es
interesante en cuanto señala que los términos empleo y ocupación incluye tanto el acceso a los
medios de formación profesional como la orientación y admisión en el empleo y las diversas
ocupaciones”. Es decir que, obligados los desplazados a buscar otra ocupación para sobrevivir,
hay que darles elementos que les ayuden a ingresar al mercado laboral, uno de los cuales es
precisamente la enseñanza que se da en el SENA y otro el de fomentar proyectos específicos.
5.5. Educación. La educación es un derecho fundamental, protegida constitucionalmente hasta
los quince años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de
educación básica.
El decreto 2231 de 1989 favoreció con prioridad en los cupos educativos a las familias de las
víctimas de la violencia, lo cual armoniza con uno de los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno (Principio 23). El citado decreto también dice que habrá exoneración
total del pago de matrícula y pensión para los desplazados.
Por consiguiente, debe darse orden de protección en este aspecto.
5.6. Una entidad que viabiliza y coordina las anteriores medidas de protección: La Red
de solidaridad social
Otro de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, es el 26, que dice claramente que
la obligación frente a la solución de los problemas del desplazamiento interno forzado,
corresponde a las autoridades nacionales. De ahí la importancia de la Red de Solidaridad
Social. La sentencia T- 327/01 18 , expresó al respecto:
“Precisamente para hacer frente a esta nueva categoría de colombianos, el ordenamiento
jurídico ha confiado a la Red de Solidaridad Social -que es un establecimiento público del
orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- la tarea de
promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable
del país, de la que indudablemente hace parte la franja de los desplazados. Ellos, por las
terribles circunstancias a que los ha conducido la confrontación armada, tienen derecho
constitucional a que el Estado despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente,
con miras a su amparo y al disfrute de garantías básicas de las que han sido violentamente
despojados.”
Si bién es cierto la Red de Solidaridad Social es una entidad coordinadora, las medidas que
proponga, diseñe, promueva, propicie, concerte o coordine deben cristalizarse en primer lugar
en la atención humanitaria de emergencia durante los tres primeros meses de la contingencia
prorrogables por tres meses mas y, además, en todos los componentes de los programas de
estabilización económica (artículos 25 y ss. Del decreto 2569 de 2000) y por supuesto en la
efectividad de la protección a los derechos fundamentales.
18 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
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