observatorio ciudadano de la justicia - Consejo de la Judicatura ...

En medios de comunicación, particulares no
censuran a particulares
Genaro González Licea
Álvaro D´Ors, en su texto
Una introducción al estudio
del derecho, señala que
un régimen político que impida la
existencia de una opinión pública
responsable, difícilmente puede
funcionar rectamente. La riqueza
de esta sentencia radica en la reflexión
a la que induce cuando, en la
práctica, se pretenden salvaguardar
las garantías de las personas que
ejercen su libertad de expresión y
derecho de información en un determinado
contexto social, estando
en juego más que actos de autoridad
sobre gobernados, actos entre
particulares, cuestión esta última a
la que aquí nos referiremos.
La idea es que los medios de
comunicación, al ejercer la actividad
propia de su materia, respondan al
deber que les compete, en relación
con lo que publican proveniente
de terceros particulares; ello con el
objeto de respetar los derechos de
quien le contrata y, al mismo tiempo,
desterrar la posibilidad de perjudicar
a terceros.
Como sabemos, la información
es un derecho de interés público
que se sustenta en hechos. Como
derecho no impone restricciones
a la libertad de las personas, sino
media posibles afectaciones a su libertad
en relación con los demás.
Por su parte, la libertad de expresión
se refiere a juicios y opiniones
que emiten las personas ya sea directamente
o a través de un medio
de comunicación.
A los conceptos anteriores les
acompaña el actuar del Estado, el
cual, en un contexto democrático,
tiene la prohibición de ejercer censura
previa, así como todo tipo de
intervención que pretenda coartar,
diría Gregorio Baldani en su Tratado
de derecho constitucional, la
libre emisión de conceptos, juicios
e ideas, salvo casos excepcionales,
por ejemplo, el de espectáculos
públicos por lo que se refiere únicamente
al acceso de los menores
de edad, ideas que, a su vez, están
contenidas en la tesis de rubro: Libertades
de expresión e imprenta
y prohibición de la censura previa,
emitida por la Sala Civil y Penal de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Sin embargo, dicha prohibición
impera tanto para el Estado como
para los particulares, mismos que,
en consecuencia, tampoco pueden
censurar a los particulares. ¿Qué
hacer para proteger los derechos
de terceros?
Fomentar medidas de autorregulación
y vigilancia que salvaguarden
sus derechos fundamentales.
Instancias vigilantes que, de alguna
manera, se conviertan en juzgadores.
Todos somos juzgadores en
ámbitos concretos de nuestra actividad.
La competencia del juzgador,
por lo mismo, no debe circunscribirse
a instancias jurisdiccionales,
sino llevarse a cualquier autoridad
pública, sea administrativa, legislativa
o judicial, así como a cualquier
instancia de la esfera privada, ya
que en ésta el juez competente es
la persona o instancia responsable
de cumplir las disposiciones internas
y externas de la actividad de
una empresa, asociación privada o,
como en el caso, de un medio de
comunicación. Es un vigilante que
defiende, sugiere, recomienda pero,
de ninguna manera, censura. Es un
ombudsman defensor o guardián
privado que salvaguarda derechos
fundamentales mediante normas
de autorregulación.
Por supuesto, en todo momento,
la posible víctima de lesión de
un derecho fundamental conserva
su derecho de acudir a dirimir lo
que considera su ofensa en la instancia
legal correspondiente.
Concluyo así que si bien es
cierto que es constitucional que los
medios de comunicación ejerzan
el quehacer propio de su materia,
también lo es que adopten las medidas
preventivas necesarias para
armonizar su libertad de publicar y
expresarse, con la libertad de quién
les contrató para así hacerlo y con
los derechos de terceros, a fin de
que éstos, dado el caso, hagan valer
la defensa de otros derechos.
Las reflexiones anteriores son
producto, con acierto o no, del
sentido de la sentencia emita por la
Sala Civil y Penal al resolver el amparo
1302/2009. En él, un medio de
comunicación periodística dio voz a
un particular para que se expresara
a través de la inserción pagada de
dos esquelas. Un tercero consideró
que dicha información vulneró su
derecho fundamental al honor e intimidad
y, por lo mismo, promovió
la demanda correspondiente.
a g o s t o 2010 62