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Consejo de la Judicatura Federal
El CJF y su compromiso
con la ética judicial
Javier Saldaña Serrano
El desarrollo de la ética judicial
en México ha tenido un avance
especialmente significativo
en los últimos años, lo mismo en la
organización de actividades de orden
académico con las que se pretende
generar una nueva cultura
de ética judicial, que en el impulso
nacional para crear códigos de ética
en los estados del país (hasta ahora
suman ya más de 17); igual en
la institucionalización de la Comisión
Nacional de Ética Judicial, que
en la serie de trabajos convocados
por la Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial, etcétera. Sin embargo,
podríamos decir que son tres las
fechas claves para entender el fructífero
desarrollo de esta materia en
nuestro país. La primera de ellas fue
agosto de 2004, con la aparición del
Código de Ética del Poder Judicial
de la Federación; la segunda es el
29 de agosto de 2006, con la creación
del Instituto de Investigaciones
Jurisprudenciales y de Promoción y
Difusión de la Ética Judicial por parte
del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, y la tercera,
(con antecedente el 20 de abril)
fue el 26 de octubre de 2007, con
la creación también de la Comisión
Nacional de Ética Judicial.
Son los trabajos de la Comisión
Nacional de Ética Judicial en los
que nos detendremos, pues todos
ellos representan un paso significativo
en el desarrollo y compromiso
con la ética judicial. Hasta ahora la
referida comisión ha emitido tres
recomendaciones y una asesoría.
La primera de éstas fue la 01/2008,
relativa a la grabación de sesiones
de los Tribunales Colegiados de
Circuito; la segunda, 02/2008, tuvo
como centro de análisis la solicitud
de un Magistrado a la Circular
23/2008 del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF); la asesoría fue la
que se brindó al Tribunal Superior
de Justicia Tabasco para actualizar
su Código de Ética; y, finalmente,
la Recomendación 01/2009 cuyo
centro de debate fue el análisis de
los nombramientos de subordinados
jerárquicos de Magistrados y
Jueces del Poder Judicial de la Federación.
Esta última tuvo como origen la
denuncia de diversas irregularidades
atribuidas a diferentes titulares
de órganos judiciales que, al parecer,
habían otorgado nombramientos
como subordinados jerárquicos
en su respectivo juzgado o tribunal,
a familiares o amistades de otros
titulares de órganos, estableciendo
así un pacto entre los titulares respectivos.
La comisión hizo varias
recomendaciones al CJF, y dentro
de las muchas que hizo destaca, en
sustancia, la Primera: “Que el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal,
en el Acuerdo Administrativo
que reglamenta la carrera judicial y
las condiciones de los funcionarios
judiciales, establezca una norma
en donde prohíba expresamente
a Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito el nombramiento
como subordinados en los órganos
judiciales donde son titulares,
de personas con las cuales tenga
interés personal, familiar o de negocios,
o pueda derivar alguna ventaja
o beneficio para él o para su
cónyuge, parientes consanguíneos
o por afinidad hasta el cuarto grado
y parientes civiles, verificando
si la interpretación jurídica de la
disposiciones legales relativas permiten
incluir dentro del círculo de
personas respecto de las cuales no
deben otorgar nombramientos, a
los compadres de los titulares o
a otras que les merezcan interés
personal”.
A nivel general, podríamos decir
que en aquellos poderes judiciales
donde existen comisiones,
comités o tribunales de ética, las
recomendaciones de éstos dependen
del libre reconocimiento que
de los mismos hagan los respectivos
poderes. En el caso mexicano
¿qué papel debería asumir una
autoridad judicial ante esta recomendación?
Habría que tomar en
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