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Parte II: Plan Integral de Seguridad Laboral
Conforme al Capítulo II, del Real Decreto 39/1997, y más en particular a su artículo 3, la evaluación
de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
Así mismo en su artículo 4, se indica que la evaluación inicial de los riesgos deberá extenderse a
cada uno de los puestos de trabajo de la empresa teniendo en cuenta:
• Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el apartado
7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (se entenderá como
“condición de trabajo” cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador).
• La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible,
por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.
Dicha evaluación de riesgos se realizará mediante la intervención de personal competente, de
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de este Reglamento.
Por otra parte, en el artículo 5 del mismo, se menciona que el procedimiento de evaluación utilizado
deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas
preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención.
Según lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario
deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes,
acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.
Además, el empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación, en el
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo V de dicha Ley. En particular, en su artículo 36 se indica que los Delegados de
Prevención (si es que existen en la empresa en función de las características de la misma) estarán facultados
para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario así como a los órganos de
participación y representación previstos en dicho capítulo, dirigidas a la mejora de los niveles de protección
de la seguridad y la salud en la empresa.
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Plan Integral de Seguridad Laboral: Arte de Cerco de Jareta. Flotas de Litoral y Bajura