Descargar informe y anexo - Defensoría del Pueblo

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que en un plazo no mayor a
dieciocho meses (18) meses, consolide el Inventario Nacional de Asentamientos
en Riesgo de Desastre, para lo cual, los municipios del país, atendiendo las
obligaciones establecidas en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 5 de
la Ley 2 de 1991, deben suministrar la información y contribuir a su actualización
permanente, de acuerdo con la metodología que defina dicho ministerio.
Por otra parte, según el artículo 12 de la Ley 388 de 1997 82 , el componente
general del plan de ordenamiento deberá contener la determinación y ubicación
en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos. Así mismo, el plan de ordenamiento deberá contener la
delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, tanto en la
parte urbana 83 , como en la parte rural 84 . En el mismo sentido, desde 1989, el
Decreto 919 85 establece que todas las entidades territoriales deberán tener en
cuenta en sus planes de desarrollo, el componente de prevención de desastres y,
especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas
de riesgo y los asentamientos humanos, así como las apropiaciones que sean
indispensables para el efecto en los presupuestos anuales. Además adiciona que
con el fin de asegurar el cumplimiento de lo anterior, las entidades territoriales
crearán en las oficinas de planeación, o, en las que hagan sus veces,
dependencias o cargos técnicos encargados de preparar el componente de
prevención de los planes de desarrollo.
La citada Ley 388 determina entre los motivos de utilidad pública e interés social
para adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial,
la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo 86 .
En el mismo sentido, el artículo 37 del Decreto 919 de 1987 señala que una vez
declarada una situación de desastre, la Nación a través de cualquiera de sus
ministerios o departamentos administrativos, las entidades territoriales y las
entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo, previamente
autorizadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o por el
Presidente del Comité Regional o Local, según se trate de un desastre calificado
como nacional, regional o local, respectivamente, podrán adquirir total o
parcialmente los inmuebles que sean indispensables para adelantar el plan de
acción específico para la atención del desastres por negociación directa con los
propietarios o mediante el procedimiento de expropiación.
En caso de que se parcele, urbanice o construya en terrenos de protección
ambiental, o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales como
humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico, las
administraciones municipales y distritales podrán imponer multas sucesivas que
oscilarán entre cien (100) y quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
incrementadas hasta en un cien por ciento (100%), sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones legales a que haya lugar 87 .
Las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable, que hayan sido
desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos
humanos, serán entregadas a las corporaciones autónomas regionales o a la
autoridad ambiental para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una
82
Congreso de la República, Colombia. Ley 388 del 18 julio de 1997 o Ley de ordenamiento territorial, por la
cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
83 Ibid. Artículo 13.
84 Ibid. Artículo 14.
85
Presidencia de la República de Colombia, Decreto Nº 919 del 1 de mayo de 1989, por el cual se organiza el
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. Art. 6.
86 Congreso de la República, Colombia. Ley 388 del 18 julio de 1997. Artículo 58, literal b).
87 Ibid. Artículo 104, numeral 1.