Manual-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica-para-Ciudadanos

Herramientas para el acceso a la información pública. Dirigido a los ciudadanos
El gobierno de una sociedad fundada en principios democráticos tiene la obligación de
garantizar el acceso a toda la información pública que no es considerada confidencial por la
constitución o las leyes. La relación de los organismos y empleados públicos con los ciudadanos
suele darse mediante un enfoque que carece de coherencia y de procedimientos establecidos
en lo que respecta al acceso a la información pública. Existen prácticas caracterizadas por
la inercia, es decir, procedimientos que se definen por el hábito y la costumbre más que por el
respeto a las disposiciones constitucionales y legales. Por otra parte, dichas prácticas suelen
fomentar cierto grado de voluntarismo por parte de los funcionarios públicos. No obstante,
la buena voluntad de un funcionario público no es la base para el correcto funcionamiento
del Estado y sus organismos y no puede considerarse una garantía de los derechos de los
ciudadanos. Por lo tanto hay posibilidades de mejorar las contradicciones y negligencias de
las disposiciones constitucionales vigentes.
El pedido de información hay que diseñarlo de tal modo que se reduzcan al máximo
posible las oportunidades de recibir un rechazo justificado por parte del funcionario público a
quien se le dirige por lo que es necesario tener en cuenta todas las hipótesis de excusas que
el organismo pueda alegar, como una simple deficiencia o error administrativo en la solicitud
de información. Pero también es necesario considerar que la forma en que se aborde la solicitud
de información –tanto las razones que motivan la búsqueda como el procedimiento que
se siga para ello– será un factor decisivo para el éxito de la gestión: la claridad que se tenga
acerca de los usos que se le dará a la información solicitada es una especie de brújula
para orientar el tipo de información a buscar y el lugar dónde solicitarla.
El derecho de Acceso a la Información Pública es una herramienta para:
1. La orientación al ciudadano y a la sociedad.
2. La rendición de cuentas.
3. Combatir los riesgos de corrupción.
4. Para facilitar de manera sistemática la comunicación entre el ente público y la sociedad.
5. Para armonizar la orientación de las estrategias de la administración pública con el interés general
de la ciudadanía.
6. Para organizar la participación ciudadana.
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