Ley de Muerte Digna - Asociación Derecho a Morir Dignamente

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César Caballero
Andalucía aprueba
la ley de
muerte digna
La norma pionera en España regula los
derechos de pacientes y deberes de los
profesionales sanitarios de los centros
públicos y privados.
El Parlamento de Andalucía aprobó por
unanimidad en el pleno del 17 de marzo
pasado la Ley de derechos y garantías de
la dignidad de la persona en el proceso
de la muerte, el texto legal conocido
como ley de muerte digna. A grandes
líneas se puede decir que la norma
aprobada en Andalucía declara que “el
derecho a decidir del paciente” está por
encima de cualquier otra consideración.
La ley de la muerte digna establece
los derechos que tienen los enfermos
terminales y en agonía durante la fase
final de su vida, reconociendo el derecho
de todas las personas a la plena dignidad
en el proceso de la muerte.
Estos derechos generan obligaciones
de cumplimiento para los profesionales
sanitarios y cualquier institución
sanitaria, pública o privada, incluyendo
también las del ideario religioso.
Se deberán respetar las decisiones
del paciente, sin que nadie –persona
o institución- le pueda imponer sus
opiniones o criterios religiosos,
personales o morales. Muchos han
reflexionado que no se repetirán
situaciones como la vivida por
Inmaculada Echevarría en 2007 cuando
la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios exigió su traslado a un hospital
público para que le pudieran retirar la
ventilación mecánica que la mantenía
con vida.
Derechos y Garantías para una muerte digna.
La Ley de derechos y garantías de la
dignidad de las personas en el proceso
de la muerte regula la limitación del
esfuerzo terapéutico (la retirada o el no
iniciar un tratamiento de un paciente que
no tiene posibilidad de recuperación),
prohíbe el ensañamiento terapéutico
(prolongar de manera “inútil” la vida)
y permite a los pacientes rechazar un
tratamiento que prolongue su vida de
manera artificial. Además, da cobertura
a la sedación paliativa para aliviar el
sufrimiento de los enfermos, aunque
ello pueda “acortar su vida”.
La norma obtuvo el sí de los tres
grupos parlamentarios de la Cámara
autonómica -PSOE, PP e IU-, pero
es preciso hacer notar que el grupo
popular obligó a votar tres artículos por
separado. Se referían a la composición
de los comités de ética y al supuesto
derecho de objeción de médicos y
enfermeras. A estas exigencias del PP,
tanto los parlamentarios de PSOE y de
IU se opusieron.
Respecto al derecho a la objeción de
conciencia propuesta y reclamada por
los populares la respuesta socialista, en
palabras de la parlamentaria socialista
Rosa Ríos, fue que, como se sabe,
la regulación de conciencia es una
competencia propia del Gobierno central
como afirman los juristas del Consejo
Consultivo de Andalucía Y, además,
añadía que en opinión del Grupo
socialista la ley de la muerte digna es un
texto y una norma de buenas prácticas
médicas en la que “no cabe la objeción”
Los aspectos más significativos de la Ley
de derechos y garantías de la dignidad
de la persona en el proceso de la muerte
de la Comunidad de Andalucía son:
• Derecho a una información asistencial,
matizando el derecho a rechazar
dicha información, haciendo ver al enfermo
la trascendencia de su decisión y
solicitando un interlocutor familiar.
• Derecho a tomar decisiones respecto
a las intervenciones sanitarias que
les afecten, sean o no indicadas para
la enfermedad. Toda intervención
requiere el consentimiento del paciente
y cualquier intervención puede ser
rechazada por el enfermo, incluyendo
la alimentación-hidratación artificial o
cualquier otra medida de soporte vital.
El médico tiene obligación de respetar
la voluntad del enfermo. Además tiene
la obligación de limitar el esfuerzo
terapéutico cuando se considere fútil
o innecesaria la intervención y sólo
prolongue la vida biológica.
• Derecho a anticipar las decisiones
para el caso de perder irreversiblemente
la conciencia, por medio del documento
de testamento vital. El médico tiene la
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