Ley de Muerte Digna - Asociación Derecho a Morir Dignamente

están todavía penados en España por
el artículo 143 del Código Penal. Su
modificación compete exclusivamente
al Congreso de los Diputados.
El Parlamento andaluz ha trabajado
sobre la autonomía del enfermo en
el proceso de la muerte. Esta es su
competencia autonómica y estos
sus límites. Pero siempre queda la
pregunta si la vida es un derecho
o una obligación y, puesto que hay
muchos ciudadanos que piensan que
su autonomía en casos de enfermedad
terminal llega a poder decidir el cómo
y el cuándo, la eutanasia y el suicidio
asistido quedan como asignaturas
pendientes. Así la Asociación Federal
Derecho a Morir Dignamente, tras
felicitarse por la aprobación de la
norma, ha pedido al Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero “que legisle y
sea valiente en materia de eutanasia y
suicidio asistido”.
Aun con una norma estatal de iguales
características entre el 1% y el 2%
(3500-7000) de las personas que
mueren en España al año quedarán
abandonadas. Son los que solicitarían
la eutanasia de poder cumplir su
voluntad. De éstos el 20% tendrán suerte
y su voluntad será respetada a través
de la eutanasia clandestina (700-1400)
pero un 10% ( 350-700) se suicidarán
de forma violenta, por ahorcamiento,
precipitación o arma de fuego.
Hitos de la autonomía del enfermo
La Ley de la muerte digna, como se le
conoce a nivel popular, responde a un
mandato expreso del nuevo Estatuto de
Autonomía. La Junta de Andalucía quiso
recoger en una ley todos los derechos
y garantías que podían estar dispersos
o implícitos en diversas normas de la
legislación estatal para así favorecer el
ejercicio de los derechos del enfermo y
a su vez el ejercicio de los profesionales
e instituciones sanitarias.
Para poder entender el proceso de
trabajo de la ley andaluza valga recordar
algunos de los pasos dados en España a
favor de la autonomía del enfermo.
• En 1986 la Ley General de Sanidad
recoge, por primera vez, los derechos
del paciente (art.10): a la información,
al consentimiento de toda intervención
(acto médico) y al rechazo de
tratamiento.
• En 1995 el Código Penal despenaliza la
eutanasia pasiva (limitación del esfuerzo
terapéutico y rechazo de tratamientos),
la eutanasia activa indirecta (sedación
paliativa) y la cooperación no necesaria
en el suicidio asistido; reduciendo las
penas para la eutanasia y la cooperación
necesaria en el suicidio asistido.
• En 1997 el Convenio Europeo sobre
Derechos Humanos y Biomedicina
(Convenio de Oviedo) establece el
derecho a la información clínica, al
consentimiento y al testamento vital.
• En 2002 la Ley de Autonomía del
Paciente, de acuerdo con el Convenio
de Oviedo, primera norma jurídica
vinculante en vigor en 2000, desarrolla
los derechos del paciente (derogando los
art. 10.5, 6, 8, 9 y 11 de la Ley general
de Sanidad): información, elección
entre opciones de tratamiento, rechazo
de tratamiento y testamento vital, sin
especificar nada sobre el proceso de
morir.
En Andalucía la opinión pública estaba
a favor de una ley de muerte digna. El
No al
encarnizamiento
terapéutico,
y sedación
terminal para el
enfermo que lo
pida
Con la nueva ley andaluza es de esperar
que no haya casos parecidos al ocurrido
en el Hospital Severo Ochoa de Leganés
que ha estado en todo momento presente
en la mente de los parlamentarios de
la Comisión de Salud del Parlamento de
Andalucía que deliberó y debatió la ley.
barómetro sanitario de 2007 daba un
dato significativo y alentador: el 93 por
ciento de los andaluces está de acuerdo
en que “todo el mundo tiene derecho
a morir dignamente”, lo que era un
respaldo a la voluntad y decisión de
la Junta de redactar un proyecto de ley
que defendiera este derecho y diese
garantías de que se cumpliría para
remitirla a debate del Parlamento.
El 9 de septiembre de 2008 el
Parlamento de Andalucía invitó a la
Asociación Federal Derecho a Morir
A principios de 2005 una denuncia anónima
acusaba a los médicos de urgencias del
Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid)
de practicar sedaciones a los enfermos
terminales de forma irregular, y realizar ‘eutanasias’.
La denuncia anónima y la manipulación
política del entonces consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid le costó
la jefatura de servicio al Dr. Luis Montes
y sus puestos a otros médicos de su equipo
de Urgencias. En junio de 2007 todos los
acusados fueron absueltos por los tribunales.
El nuevo texto legal ha de ayudar a evitar
y olvidar situaciones como el linchamiento
del equipo de Luis Montes y, a su vez, para
aclarar actuaciones de manera que tanto los
profesionales sanitarios, las administraciones
autonómicas y también los ciudadanos
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